«Las cuentas de Bancaja de 2010 son falsas»

La clave del caso Bankia está en confirmar o no si sus responsables ocultaron que la entidad estaba en pérdidas -y no en beneficios, como declararon- y tenía un agujero contable enmascarado que obligó a su intervención con más de 22.000 millones por parte del Estado y que produjo enormes pérdidas a quienes invirtieron en ella cuando salió a Bolsa en julio de 2011. El juez Andreu considera verosímiles las conclusiones de algunos peritos judiciales procedentes del Banco de España que determinaron que hubo maquillaje y de ahí el auto en que procesa a toda la excúpula, a la que da un margen de un mes, al igual que a la Fiscalía, para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

A los números rojos no declarados y el agujero aflorado tras la nacionalización de mayo de 2012 contribuyeron principalmente las dos grandes entidades que fundaron BFA/Bankia: Caja Madrid y Bancaja. En la enumeración de responsabilidades, el auto del juez de la Audiencia Nacional se detiene en numerosas ocasiones en la caja valenciana y el daño que causaron algunas de sus filiales. El documento recoge un resumen del informe pericial de Antonio Busquets que concluye que también las cuentas de Bancaja -y las de Caja Madrid- de 2010 eran «falsas» y afea a la entidad que declarara ese año «un falso beneficio antes de impuestos de 75 millones» cuando su realidad contable era que había incurrido en pérdidas de 538 millones «cargadas indebidamente a reservas en vez de a resultados», además de realizar una «incorrecta valoración de sus participaciones en Bancaja Inversiones y en Bancaja Hábitat» y de ingresar «395 millones en el epígrafe «resultado de operaciones financieras» al cancelar la permuta financiera con Picton».

El auto asegura también que a 31 de marzo de 2011 las cuentas de Bankia no valoraron los activos adjudicados (leáse, inmuebles) procedentes de la caja valenciana, concretamente de sus filiales Bancaja Hábitat y Cisa. Seis meses más tarde, la inspección del Banco de España detectó «un quebranto bruto» en los activos de esas firmas de mil millones de euros.