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La juez cita al asesor fiscal de Zaplana entre los investigados por los pelotazos de la CAM

Lamela fija declaraciones con exdirectivos y miembros de la comisión de control para determinar si exaltos ejecutivos y empresarios «se apoderaron de beneficios rápidos» y provocaron pérdidas de más de 460 millones

Franciso Grau.

Franciso Grau. efe/ eduardo candel

El economista de Alicante Francisco Grau Jornet, asesor fiscal de Eduardo Zaplana, y el expresidente de la comisión de control de la CAM Juan Ramón Avilés se encuentran entre las 17 personas citadas a declarar como investigadas por unas operaciones de compra de terrenos financiadas por la caja para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles, entre las que se encuentran Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar, y que le habrían provocado a la entidad unas pérdidas de 460 millones.

Un proceso, denominado TIP-suelo, que se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la caja con el objeto de analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».

El procedimiento fue inicialmente archivado por la magistrada Carmen Lamela quien, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, consideraba los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que ya habría prescrito, en vez de uno de apropiación indebida, aún perseguible al tener una caducidad de diez años frente a los cinco del primero.

No obstante, tras el recurso presentado por el Fondo de Garantía de Depósitos, al que se adhirió la Fundación CAM, la Audiencia Nacional obligó a la magistrada a reabrir la investigación al entender que «caben calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.

«Continuidad delictiva»

En un auto duro, el magistrado Eloy Velasco rebatió la interpretación de la juez y la fiscal, quienes hablaban de operaciones aisladas, y mantuvo que no puede descartarse una «continuidad delictiva» por lo que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Para apoyar esta idea el magistrado agregaba que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

Entre los investigados en este procedimiento están el exdirector general de la caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, quienes en su momento ya prestaron declaración por estos hechos, según precisaron fuentes judiciales.

Por este motivo no se encuentran entre los 17 citados para los próximos 11 y 14 de junio, donde si aparecen varios miembros de la comisión de control de TIP (Tenedora de Inversiones y Participaciones, la sociedad con la que la caja se embarcaba en sus proyectos inmobiliarios) así como otros exdirectivos de la entidad y representantes de las empreas a las que la que se les financió la compra de suelo.

Entre los miembros del órgano de control de la caja han sido citados su expresidente Juan Ramón Avilés y Francisco Grau Jornet, también exsecretario del consejo de administración de la caja y asesor fiscal de exministro Eduardo Zaplana, con quien permanece desde la semana pasada en la prisión de Picassent. Desde allí tendrá que ser trasladado hasta la Audiencia Nacional para prestar declaración por estos hechos.

Junto a ellos ha sido llamados varios integrantes más de la comisión de presidía Avilés, los mismos, además de éste último y de Grau, que ya están procesados en la causa por los negocios que la CAM montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó.

«Distracción de réditos»

Velasco consideraba «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones,o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».

Para ello, el socio de la caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que pidió el archivo por prescripción.

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

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