En más de veinte millones calcula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) los beneficios que obtuvieron los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó de su alianza con la CAM a través de la mercantil Valfensal para los negocios que montaron en el Caribe. Una aventura empresarial de la que la caja no vio un euro mientras Ferri y Baldó desviaban esas ganancias millonarias a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales.

Así lo relata el Fondo en el escrito que ha presentado ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien hace un mes abrió juicio oral por unos hechos que esta acusación considera constitutivos de un cargo de administración desleal continuada y que atribuye también a los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil, cuyo «conocimiento y consentimiento» considera clave para que se perpetrara el delito.Para cada uno de ellos reclama cuatro años de prisión y una multa de más de 64 millones de euros.

En el proceso figuran también acusados como cooperadores necesarios el director financiero de del grupo empresarial de Ferri y Baldó y exempleado de Valfensal, Francisco Climent, y los exdirectivos de TIP (la participada con la que la CAM se alío con los hoteleros) César Véliz y Vicente Sánchez, para quienes solicita la misma pena.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo el expresidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, y los exmiembros de este órgano Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana encarcelado junto a él en Picassent desde mayo. A todos les pide idéntica condena que a los anteriores aunque por una administración desleal omisiva al «infringir sus deberes de control» en estas operaciones.

Opacidad

El Fondo reclama los 28 millones en que el Banco de España calcula el perjuicio que por los negocios transatlánticos sufrió la CAM, entidad a la que tuvo que sanear inyectándole más de 5.000 millones, y sostiene que las ganancias fueron desviadas «en beneficio» de Ferri y de Baldó «gracias a una política de opacidad y de falta de transparencia».

Esta acusación cifra las plusvalías en más de 20 millones que, según afirma, «se transferían a cuentas bancarias sitas en Andorra a favor de entidades que, de nuevo, estaban constituidas en paraísos fiscales, manteniendo la opacidad del destino de los fondos. Finalmente se producían numerosos ingresos y retiradas en efectivo de cantidades millonarias que aseguraban, una vez más, la opacidad de la transacción».

El escrito recoge cómo «desde la entrada en vigor de la CAM en Valfensal en el año 2004 se produjeron millonarios ingresos y retiradas en efectivo en las cuentas abiertas a nombre de Ferri y Baldó y sus empresas».

Todo esto sucedía cuando la caja ya se encontraba atravesando «una situación crítica», que «se obvió». Así, «por instrucción expresa» de López Abad y de Daniel Gil, se autorizó «la refinanciación de operaciones de Valfensal con un periodo de cadencia de cinco años», así como «la suscripción de contratos a favor de la empresas Summerville (propiedad de Ferri y Baldó y domiciliada en un paraíso fiscal) y Seabreeze Internacional (propiedad también de los empresarios y domiciliada en los Países Bajos) que supuso el abono de millones de euros a favor de los mismos», recoge el escrito.

Para el Fondo «resulta representativo del proceder de los acusados el hecho de que la CAM no recibiera ni un solo euro del beneficio procedente de Valfensal durante toda su inversión desde 2004 hasta su intervención en julio de 2011». De hecho, continúa, «fue una política expresamente establecida que la CAM no recibiera beneficios mientras sí lo hacían Ferri y Baldó y los remansaban en una sociedad sita formalmente en las Antillas Holandesas y dirigida desde España que no pagaba impuestos».

Por este hecho la Fiscalía reclama para los hoteleros 18 años de prisión por seis delitos fiscales además de otros cuatro por la administración desleal que Anticorrupción también atribuye a los exdirectivos de la CAM.