La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó ayer a los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, a quien fuera presidente de la Generalitat Valenciana, del Banco de Valencia y de Bancaja, José Luis Olivas; así como a otras 45 personas, entre ellas directivos de ambas entidades, por las inversiones inmobiliarias en México a través del grupo Grand Coral y que supusieron «una auténtica operativa de desfalco» de ambos bancos. El presunto desfalco se cifra en 750 millones de euros.
Esta causa es independiente de la otra que ha abierto a los hoteleros Ferri y Baldó por sus negocios con la CAM y por los que la Fiscalía les reclama penas que suman 22 años de cárcel. La defensa de los empresarios intentó sin éxito, de momento, negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para intentar rebajar las penas.
La juez Lamela dictó ayer el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, por el que se pone fin a la instrucción y se propone también llevar a juicio a los acusados por los negocios en el Caribe con Bancaja y el Banco de Valencia.
La juez Lamela ve indicios de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión del patrimonio social; de apropiación indebida; y de blanqueo de capitales. En esta sentido, da un plazo de diez días a las acusaciones para que pidan la apertura de juicio oral y concreten los cargos que les imputan. La magistrada ha acordado el sobreseimiento de la causa para otras nueve personas a instancias del fiscal.
El auto cifra en 750 millones de euros el quebranto económico por la inversión llevada a cabo por las dos entidades en el Grupo Grand Coral, un dinero que se ha perdido en su totalidad. Los peritos designados por el Banco de España constaron numerosas irregularidades, así como que parte de las inversiones fueron aprobadas sin ningún criterio de racionalidad económica.
Viajes a Cuba de Olivas
Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones que las entidades que presidía realizaron en el Grupo Grand Coral (GGC), a pesar de que lastraban a ambos bancos, pero que suponían «un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó». De tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato recibido, pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
Según la citada resolución, Bancaja y el Banco de Valencia entre los años 2005 y 2009 participaron en varias inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado GGC del que formaban parte también otros socios externos, inversiones que eran muy diversas y de «enorme magnitud económica». La magistrada se apoya en los informes de los peritos judiciales para aseverar que las dos entidades fueron los socios «financiadores», mientras que los socios externos eran accionistas denominados «promotores-gestores». De acuerdo con esa documentación, concluye que «los máximos responsables de Bancaja y del Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado» a Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch en detrimento de las entidades bancarias.
Blanqueo en Andorra
Entre las operaciones sospechosas, la juez cita el proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de euros, que financiaron Bancaja y el Banco de Valencia y que se transfirieron a sus cuentas de Andorra.
La juez señala que los máximos dirigentes de las entidades bancarias «permitieron en unos casos y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch».
La magistrada señala que durante la instrucción se ha detectado una presunta operativa de blanqueo a través de cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias, como la conocida como Summerville en la que se recibió la «injustificable plusvalía» de 138.8 millones de euros de la citada operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.
Entre los directivos procesados por la juez se encuentran, además de Olivas, los directores generales de Bancaja, Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa; así como el consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra. La magistrada añade que a los fines de la operativa de concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculadas a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja Hábitat y los gestores del Banco de Valencia y su participada Bavacu.
Según el auto judicial, los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad» en sesiones celebradas en las fechas 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el 17 de diciembre de 2009.
