En plena resaca por el sainete vivido en las últimas semanas en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y con el descrédito del Poder Judicial cotizando al alza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó ayer por un golpe de efecto, en la que era su primera rueda de prensa en España desde hacía un mes. El Alto Tribunal había decidido el martes por la noche, tras una ajustada votación, con 15 magistrados a favor y 13 en contra, y después de dos días de deliberaciones, que debía ser el cliente quien pagara el impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava la firma de hipotecas. Cambiaba así de criterio otra vez, anulando la jurisprudencia fijada hacía poco más de dos semanas en la que lo que se determinaba era que quien debía abonar el tributo era la banca. Pese a que el despropósito de todo lo vivido era total y absoluto, desde el Gobierno, nada más conocerse el fallo, se limitaron a decir que la posición se fijaría en el Consejo de Ministros de hoy.
En esas se estaba, y todo en medio de un ambiente en el que la perplejidad y la indignación se encontraban en plena pugna, cuando desde La Moncloa comunicaban por sorpresa a media mañana que el jefe del Ejecutivo no solo comparecería, sino que lo haría con medidas sobre la mesa. Y así fue. Al filo de la una del mediodía, Sánchez sacaba a su Gobierno de la atonía en la que había permanecido en este tema. Por un lado, anunciaba que el Consejo de Ministros aprobará hoy jueves un Real Decreto Ley para que, a partir de ahora, sean los bancos y no los hipotecados los que tengan que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Eso sí, dejó claro que de retroactividad, que, por otro lado, era lo que en teoría estaba en juego en el pleno del Supremo, ni hablar. Y mucho menos eliminar el tributo, por la importancia que tiene en la financiación de las comunidades. «Que le pregunten a los presidentes autonómicos», argumentó, cerrando así la puerta a propuestas como las formuladas por el PP poco antes. Su segundo compromiso fue el de llevar a las Cortes la propuesta de crear una autoridad independiente de protección de los derechos financieros.
Con esa maniobra, Sánchez le enmendaba la plana al Alto Tribunal, contra el que, por cierto, cargó y al que le pidió «autocrítica», tratando así de que el incendio no llegara a un Ejecutivo que ya de por sí tiene que hacer bastantes equilibrios. De paso, intentaba desmarcarse de ese mantra que ahora ha cobrado más fuerza si cabe, ese de que, al final, la banca siempre gana, ese de que son los bancos los que mandan. Incluso trataba de marcarse un tanto. Por si había algún género de dudas, ya lo dejó bien claro desde el principio: «Ayer -por el martes- habló el Poder Judicial, y hoy -por el miércoles- y mañana hablará el Ejecutivo», sentenció, avisando, como quien no quiere la cosa, que, al final, la última palabra la tiene quien la tiene. Por eso no fue extraño que, a lo largo de su intervención, que no llegó a los 40 minutos, pusiera tanto el acento en que su objetivo y el de su Gobierno es actuar por el interés de la ciudadanía. Así lo hizo en lo tocante al impuesto sobre las hipotecas, y ése es el argumento que utilizó posteriormente, en el turno de preguntas, cuando se le cuestionó por la aprobación de los presupuestos, y contestó que, de no salir las cuentas, se moverá vía modificaciones presupuestarias.
En el BOE, mañana viernes
Sánchez comenzó su intervención diciendo que «el Gobierno respeta, como ha respetado siempre, la labor y la independencia del Poder Judicial», para, en cualquier caso, apostillar que el Ejecutivo lamentaba todo lo que se había vivido desde el pasado 18 de octubre. Fue tras ese preámbulo cuando anunció su paquete de propuestas, para que «nunca más los españoles paguen este impuesto». De hecho, aseguró que la reforma legislativa se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy, y se publicará el viernes en el BOE, día en el que entrará en vigor, aunque tendrá que ser convalidado todo en el Congreso. A partir de ahí, y a medida que los periodistas desplazados a La Moncloa le iban planteando las cuestiones, el jefe del Ejecutivo fue entrando en harina.
De entrada, se mostró muy crítico con Podemos, sobre todo por su llamamiento a la movilización social. «Cada partido es libre de hacer la oposición como considere», aunque defendió que, en su opinión, es mejor hacer las propuestas donde toca, en este caso en el Parlamento. La segunda parada se produjo en la posible repercusión que puede tener esta decisión en los clientes, que podrían acabar pagando por otras vías. «Creo y espero que no. El mercado hipotecario es bastante competitivo y hay bastante oferta, no sólo en España, sino en la Unión Europea», alegó, para, a continuación, apelar a la responsabilidad del sector bancario.
Poco antes de que Pedro Sánchez compareciera, había hablado el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al que se le acusa de ser uno de los responsables del conflicto, y al que ya se le ha pedido desde no pocos foros su dimisión inmediata, pese a que su mandato cumple a principios de diciembre. El caso es que Lesmes defendió la libertad e independencia de los magistrados del Supremo, y, echando balones fuera, afirmó que «esta situación se ha producido sin duda, y a lo largo de todos estos años, como consecuencia de la falta de claridad de la ley». Por eso mismo, subrayó que «las Cortes tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria». Al respecto, el presidente no se cortó: «Lamento discrepar con él», puntualizó, para añadir que una cosa es la Ley Hipotecaria y otra el impuesto de actos jurídicos documentados. Además, pidió al Supremo que haga «autocrítica» sobre lo ocurrido en las últimas semanas, aunque después trató de rebajar la tensión, diciendo que no cree que esto vaya a minar su credibilidad. Finalmente, sobre la posibilidad de que los hipotecados puedan reclamar responsabilidad patrimonial al Estado al descartarse la retroactividad, afirmó que desconocía si eso era posible, y en cuanto a si cabe que acudan al Tribunal de Justicia de la UE, se limitó a señalar que están en su derecho.
Finalizada la comparecencia, las reacciones no se hicieron esperar. Podemos, en su intento de capitalizar la alarma social de las últimas semanas, no se dio por satisfecho. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, reclamó la retroactividad, mientras que el coordinador de IU, Alberto Garzón, alegó que el plan del PSOE no evitará que se repercutan los costes a las familias trabajadoras.
Mejor respuesta recibió Sánchez del parqué. El principal indicador de la Bolsa, el Ibex 35, avanzó un 1,99%, en la que es su mayor subida desde abril, y se acercó a los 9.200 puntos. Y es que los bancos españoles ya habían abierto la sesión con fuertes ganancias, celebrando así la decisión del Supremo de la tarde anterior. La tendencia alcista se mantuvo durante la sesión. Al fin y al cabo, el anuncio del presidente del Gobierno era el escenario menos malo, a juzgar por las expectativas que se habían abierto a mediados de octubre con ese cambio de doctrina que ha acabado durando tan poco.
