El exvicepresidente ejecutivo de Bankia José Luis Olivas explicó ayer en la Audiencia Nacional, al inicio de su declaración como acusado por la salida a Bolsa del banco con sede en València, que accedió a que Bancaja se fusionara con Caja Madrid en 2010 por la insistencia del Banco de España, cuya propuesta inicial rechazó dada la «complejidad importante» de la operación. Tras la negativa, relató Olivas, el entonces gobernador del organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le «insistió» a los pocos días para que participara en el proyecto alegando «razones de tipo macroeconómico» sobre la conveniencia de integrarse para «tener mayores sinergias», argumentos que acabó por aceptar ya que procedían de «una autoridad».
«Le dije que si no había otro remedio, que sí», afirmó ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que aseguró que él personalmente «no lo veía», porque Bancaja «era solvente», y porque, además, «la integración de siete cajas distintas, con auditores distintos, con sistemas informáticos distintos» acarreaba una «complejidad importante».
Sin embargo, «no hay que perder de vista que las cajas son entidades supervisadas por el Banco de España», señaló a la hora de justificar su decisión final de embarcarse en la operación. El foco de la sesión se situó en la vuelta de la fiscal Carmen Launa después de más de un mes de baja médica, coincidiendo con el interrogatorio a Olivas, para el que solicita cuatro años de prisión por posible estafa a inversores en la salida a Bolsa.
Un delito al que no descarta añadir el de falsedad contable, como señaló la misma representante del Ministerio Público, por los deterioros en Banco de Valencia, participada por Bancaja y eje de algunas de las cuestiones formuladas al exvicepresidente. Al respecto, Olivas insistió en que la sociedad, cuyas cuentas «eran públicas» al ser un valor cotizado, no formaba parte del proceso de integración y que departía sobre su situación con el entonces presidente del grupo, Rodrigo Rato, «de cuando en cuando» pero sin entrar en detalles. El también expresidente de la Generalitat también se refirió a la puesta en marcha de BFA-Bankia y a su designación como vicepresidente con poderes ejecutivos, la cual estableció como exigencia por «cuestión de imagen».
Más saneamiento del exigido
Olivas defendió la gestión de los administradores, ya que, a pesar de que a comienzos de 2010 las perspectivas sobre la economía eran buenas y el Gobierno «hablaba incluso de brotes verdes», la entidad decidió realizar saneamientos por importe de 9.200 millones, por encima de lo requerido por el Banco de España. Del mismo modo, aseveró que BFA-Bankia cargó las pérdidas contra reservas y no contra resultados en 2010 por indicación «tácita y expresa» del Banco de España, que dictaminó que así lo hiciesen todos los sistemas institucionales de protección (SIP), por lo que considera que «lo anormal» sería haberlo hecho de otra forma.
