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El juez imputa a los ocho exvocales de Bancaja que sacó de la causa de Grand Coral

El magistrado ordena también que se inicie el procedimiento de embargo para los exconsejeros

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas, en una comparecencia en las Cortes. europa press

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas, en una comparecencia en las Cortes. europa press

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora del proceso abierto por los negocios de Bancaja y Banco de Valencia con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó en México (la conocida como operación Grand Coral, que supuestamente generó a las entidades un agujero de 750 millones de euros), ha decidido finalmente imputar a los 22 exconsejeros, según el auto fechado el lunes y al que ha tenido acceso este diario.

De esta forma, la magistrada ha unificado criterio respecto a las divergencias que mostró la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia cuando a finales del año pasado dictó resoluciones contradictorias por las que desimputó a ocho exvocales y mantuvo los cargos para los 14 restantes, incluidos entre ellos el expresidente de la caja y el banco, José Luis Olivas.

El pasado julio, la jueza Carmen Lamela dictó el procedimiento abreviado, es decir, el procesamiento de Olivas y otros 47 acusados por este caso, incluidos los 22 exvocales de Bancaja. Todos ellos recurrieron dicha decisión. A mediados de noviembre, el sucesor de Lamela, Diego de Egea, decretó la apertura de juicio oral y abrió el plazo para que los acusados depositaran 1.437 millones de euros de fianza.

En días posteriores, el tribunal de la sala de lo Penal fue dando a conocer sus respuestas a los recursos de los exconsejeros y la gran sorpresa es que no hubo unidad de criterio.

En el caso de ocho exvocales aceptó sus alegaciones en el sentido de que ellos aprobaban las operaciones que venían avaladas por el comité de riesgos y la dirección ejecutiva de la caja y de que no tuvieron relación alguna con Juan Ferri y José Baldó, promotores de las operaciones en el Caribe que habrían causado el daño patrimonial a la caja y al banco que ésta controlaba.

Por contra, la misma sala, aunque con una relación de fuerzas diferente entre los distintos magistrados que la integraban en cada caso, consideró que los catorce exconsejeros restantes sí debían comparecer en el juicio oral y allí tratar de demostrar su inocencia en este caso.

La magistrada Tardón, en un auto que es ampliación del dictado en julio por su antecesora Lamela, considera que los exvocales Manuel Escámez, Vicente Montesinos Vernetta, María del Rocío Peramo, José María Catalunya, Eduardo Montesinos, Ángel Álvarez Martín, Remigio Pellicer y Francisco E. Villena deben responder durante el juicio de un delito societario de administración desleal del que están acusados todos ellos.

Asimismo, acuerda dar diez días de plazo a la Fiscalía y la acusación para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de diligencias. Contra el auto cabe recurso ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Fuentes próximas a los exconsejeros explicaron que esta decisión de la magistrada implica también que la Audiencia va a iniciar el embargo de bienes contra los acusados, como ya lo hizo (aunque solo pidió un listado) en el caso de la mayoría de los otros catorce. Y eso pese a que al menos uno de ellos no habría recibido ninguna comunicación al respecto. Los exconsejeros y otras 13 personas debían afrontar 392 de los citados 1.437 millones de fianza.

Este proceso trata de aclarar si los negocios que Bancaja y el Banco de Valencia montaron con Ferri y Baldó provocaron un quebranto millonario a las entidades, como también se quiere concretar en el caso de la CAM con estos mismos empresarios.

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