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IFA: casi saneada y a expensas del modelo

El patronato da luz verde a la entrega de sus inmuebles al Consell para culminar con el proceso de rescate por el agujero de 76 millones

IFA: casi saneada y a expensas del modelo

IFA: casi saneada y a expensas del modelo

Saneada, sí, y, por tanto, ya liberada de la deuda de 76 millones. Así acabará a priori la Institución Ferial Alicantina (IFA) esta legislatura que está casi acabando, si no surgen imprevistos de última hora. Y todo después de que el patronato, como máximo órgano de gobierno de la entidad, diera ayer luz verde, por unanimidad, además, a la entrega al Consell de sus inmuebles a cambio de su rescate, por la deuda de 76 millones de euros que arrastraba. Para ello, se dio autorización tanto al presidente de IFA, José Luis Gisbert, como a la directora general, Esther Guilabert, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la entidad, puedan formalizar esa dación en pago con la que culminaría el proceso de subrogación. Un trámite a expensas en estos momentos de la Generalitat, y que se prevé que quede totalmente cerrado en este mandato. Otra cosa es la forma jurídica que adoptará IFA, el modelo de gestión por el que se opta e incluso qué ocurre a partir de ahora con la urbanización de los terrenos, que está bloqueada desde hace seis años. Unas cuestiones éstas no poco importantes, pero que, sea como sea, tendrá que resolver el Gobierno autonómico que salga de las urnas el próximo 28 de abril.

De entrada, los estatutos de la institución la definen como una asociación sin ánimo de lucro, aunque en la práctica IFA no tiene asociados. Por eso, esa modificación de la forma jurídica es uno de los aspectos a definir una vez asumida la deuda. Durante los últimos meses, de hecho, se ha especulado con un consorcio, una fundación o incluso una sociedad pública o mixta, aunque está por ver qué ocurre a partir de ahora. A eso se suma el modelo de gestión, un punto en el que ni los dos principales socios del Botànic han sido capaces de ponerse de acuerdo. Si desde Compromís siempre se han mostrado partidarios de un modelo totalmente público, desde cierto sector del PSPV -hay círculos que coinciden con Compromís- abogan por la colaboración público-privada. El resto de formaciones no se han pronunciado expresamente sobre este extremo.

La tercera interrogante que queda aplazada hasta después del 28-A es la de la urbanización de los terrenos sobre los que debía levantarse el macroproyecto de ampliación que casi acaba obligando a IFA a echar la persiana. Desde la Generalitat nunca han ocultado que la intención es poder rentabilizarlos, y más después de que se iniciara el proceso de rescate de la deuda. Por eso mismo inicialmente fue tan bien recibida la propuesta de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), dependiente de Fomento y que tenía hasta hace sólo unos días al exalcalde ilicitano Alejandro Soler como director general. La idea era que el Sepes pusiera el dinero para acabar la urbanización y para inscribir el proyecto de reparcelación o se convirtiera en el agente urbanizador, y, una vez finalizado ese paso, se buscara una fórmula de compensación. Una devolución de la cantidad inyectada que, a priori, podía pasar por la cesión de terrenos para que el Sepes los comercializara directamente, o por el pago de lo adeudado a medida que se fueran vendiendo los terrenos. Era septiembre, y el propio Soler incluso admitía que la idea era que el convenio pudiera estar delimitado a finales de año, con la vista puesta en que las obras arrancaran a principios de 2019. Al final, nada. Ni convenio, ni mucho menos comienzo de obras. A lo más que se llegó es a algún encuentro puntual y a la entrega de la documentación pertinente por parte de la cúpula de IFA Es más, la cancelación de alguna de las reuniones programadas el otoño pasado ya hizo encenderse las alarmas en el departamento de Rafa Climent, hasta el extremo de que, desde hace varias semanas, ya se había tirado la toalla en esta cuestión, al menos por ahora. Mientras, Alejandro Soler, en estos momentos número tres de las listas del PSOE al Congreso, se justificaba ayer diciendo que, por un lado, los estatutos del Sepes marcan que es necesario recuperar la inversión y que, hasta la fecha -aún no se ha formalizado la dación en pago-, los terrenos están vinculados a una deuda, lo que impide cualquier maniobra. No obstante, sí incidió en que, a su juicio, la solución para esos terrenos sigue siendo la misma: un acuerdo entre el Sepes y el Consell para reactivar la urbanización y poder rentabilizar esas parcelas. Qué ocurra, también estará a expensas de lo que dictaminen las urnas.

Sea como sea, el director general de Comercio, Natxo Costa, ponía el acento en que «el objetivo de esta legislatura era regularizar la situación de IFA, y se ha conseguido. Tenemos una imagen fiel de cómo está». Pendientes, pues, quedan los puntos en los que más diferencias ha habido en el seno del Consell en torno a IFA, en particular en lo que toca a la gestión.

Desembarco de la CEV en los órganos de gobierno de la institución ferial

Salvador Navarro se convierte en vocal nato del patronato, y la representación de la extinta Coepa pasa a la confederación

Nuevas caras en el patronato y en el comité ejecutivo de IFA, después de la reforma de los estatutos aprobada para aligerar los órganos de gobierno y, además, dar entrada a la CEV tras la desaparición de la extinta de Coepa. Desde el principio, no en vano, se descartó la posibilidad de dar entrada a Uepal. Como vocal nato, se incorpora el presidente de CEV Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, aunque en la reunión de ayer estuvo representado por el dirigente provincial de la confederación, Perfecto Palacio. Además, la CEV ha designado a Héctor Torrente, Nuria Montes, Victoria Puche y Javier Verdú como sus representantes en el patronato, por la cuota que se le ha asignado, y que antes tenía Coepa. En el comité de dirección, asimismo, entran Miguel Quintanilla, hombre de confianza de Palacio, y Marian Cano, mandataria de Avecal. Con ellos, la CEV refuerza su presencia en la directiva, donde ya estaban Carlos Baño y Guillermo Moreno, aunque en su caso por la Cámara de Alicante. Además, con un matiz: la incorporación de Marian Cano se ve con buenos ojos, sobre todo después de que en los últimos tiempos parte del empresariado y el Ayuntamiento ilicitano hayan reivindicado la puesta en marcha de una feria de calzado en IFA. No obstante, para mantener a María Salud Torelló, designada en su día por Coepa, lo que se ha hecho es que pase a estar por la cuota del presidente de IFA, y sustituya a Manuel Fernández, de Ferrotall. Finalmente, acceden por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana Jorge Vaquer, a propuesta de la de Alcoy, y José Antonio Barberá, por la Cámara de Orihuela.

En cuanto a las cuentas, IFA cierra con un resultado de negocio negativo, por los gastos financieros del macroproyecto de ampliación que aún quedaban pendientes, por un importe de 200.000 euros; las costas e intereses del juicio con el arquitecto José María Tomás Llavador, por 100.000 euros; o el plan de pagos acordado entre IFA y el Ayuntamiento de Elche en concepto de IBI e IAE, con unos intereses por recargos y demora que ascienden a 80.000 euros. En términos de explotación, el Ebitda de 2018 está cifrado en 587.000 euros, pese a los 395.000 euros presupuestados al principio.

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