El empresario y uno de los máximos accionistas del Hércules junto a Enrique Ortiz, Juan Carlos Ramírez, se muda. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba ayer el cambio de domicilio social de Kuntajara, el holding que Ramírez emplea para administrar sus distintas sociedades y que hasta ahora tenía su sede en el concesionario Toyota de la carretera de Ocaña, en la ciudad de Alicante. Un negocio que el empresario vendió a un grupo riojano a principios de este año, junto a los concesionarios de la misma marca y de Lexus que poseía en el resto de la provincia.
El destino no podía ser otro que el centro comercial y de ocio Panoramis, en el Puerto de Alicante, cuya gestión se adjudicó el empresario el año pasado por 1,6 millones de euros, tras la quiebra de la anterior concesionaria, la sociedad Marina de Poniente, cuyo accionista de referencia era su socio Ortiz. Según informó a este diario el propio Ramírez, el cambio de domicilio de Kuntajara ha supuesto el traslado de una docena de trabajadores.
Al respecto, el empresario señaló que sigue ultimando el proyecto que quiere desarrollar en el complejo y que combinará ocio, junto a un espacio para oficinas y una parte de eventos. De momento, lo que ya ha completado es la compra de los cines del recinto, que hasta ahora gestionaba la firma Kinal 56. Para ello, Digital Corner, la sociedad participada por Kuntajara que ahora administra el complejo, ha adquirido esta mercantil, en una operación que se firmó en la notaría la semana pasada. En cualquier caso, este cambio no afectará al funcionamiento de las salas, que seguirán operativas al 100%.
Junto a los cines, en el Panoramis únicamente sobreviven el Foster's Hollywood, que ocupa la esquina del recinto que da al Puerto; el gimnasio Holiday Gym; y la cafetería situada frente al edificio de la Autoridad Portuaria.
Veinte años de concesión
Juan Carlos Ramírez firmó el pasado mes de septiembre el contrato por el que se hizo con la gestión durante los próximos 20 años del complejo de ocio Panoramis, tras la subasta organizada por el juzgado que tramita la liquidación de la anterior concesionaria, Marina de Poniente. Esta compañía llevaba en concurso desde el año 2012 tras acumular una deuda cercana a los seis millones de euros con el propio Puerto y varias entidades.
