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El Consell sube hoy las tarifas de la ITV hasta diez euros tras una condena del TSJ

Economía publica la sentencia que anula la rebaja de precios establecida en 2014, lo que conlleva el regreso a los antiguos

Climent llevará al próximo pleno del Consell un nuevo cuadro de precios de las ITV para minimizar el impacto. miguel ángel montesinos

Los conductores que desde hoy acudan a cualquier estación de ITV a revisar su coche se van a encontrar con una desagradable sorpresa. La conselleria de Economía ha subido las tarifas hasta diez euros en algunos casos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anuló en 2017 la última rebaja de precios fijada por el Consell de Alberto Fabra en 2014. En concreto, el fallo del tribunal anuló la rebaja en dos de las pruebas. La sonometría, para todos los turismos, que pasaba de 9 euros a 2,4. Además, también se suspendió la prueba de contaminantes para los diesel, que pasaba de 17 a 15,15 euros. En total, casi diez euros.

Economía publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el fallo del TSJ, lo que implica que vuelven a estar en vigor los precios anteriores a aquella rebaja tarifaria, confirman desde la Conselleria. El motivo de la anulación del cuadro de precios aprobado en 2014 fue la falta de un informe económico financiero que lo justificara.

Negociaciones

Pese a que el fallo es de 2017, el Consell no lo ha aplicado hasta hoy. Obviamente, la Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo, aunque sin éxito. El Consell ha dilatado al máximo la aplicación de la sentencia, en medio de unas tensas negociaciones con la patronal que agrupa a las empresas concesionarias de este servicio publico, privatizado en tiempos de Eduardo Zaplana y que ha sido objeto de debate político por las sospechas en las adjudicaciones, investigadas en estos momentos.

Finalmente, el pasado mes de febrero, el TSJ notificó finalmente al Consell la firmeza de la sentencia, ordenando su publicación. La conselleria ha esperado a que pasaran las elecciones para publicar el fallo y aplicar sus efectos. Tanto se han retrasado que la patronal exigió al TSJ hace unas semanas el cumplimiento de la sentencia. De hecho, el pasado jueves, el tribunal ordenó al conseller de Economía, Rafael Climent, y a otros altos cargos del citado departamento que la ejecutara de inmediato, en un plazo de cinco días, bajo riesgo de incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad, tipificado en el código penal. Al día siguiente, se publicó en el DOGV.

Fuentes de la patronal de las empresas concesionarias Aecova lamentaron ayer la incertidumbre en el sector al no haber recibido ninguna instrucción desde la Generalitat sobre el momento en que entran en vigor las nuevas tarifas, si bien desde Economía confirmaron a este diario que será hoy, jornada en que las ITV están operativas.

Cabe destacar, en todo caso, que esta subida de precios puede ser momentánea, de apenas unos días. Según ha sabido este diario, la Conselleria tiene intención de llevar al pleno del Consell del próximo viernes un nuevo cuadro tarifario. Como adelantó Levante-EMV, se trata de unos nuevos precios que suponen, respecto a los precios vigentes hasta esta semana, una rebaja del 8 % para los diesel, que conforman la mayoría del parque automovilístico, y una subida del 8% para los de gasolina. La Conselleria ha trabajado durante los últimos meses para preparar este cuadro y contrarrestar el impacto de la sentencia.

Conselleria y la patronal Aecova llevan negociando toda la legislatura. Los planes de la Generalitat hace cuatro años eran rebajar los precios. Sin embargo, cuando ya estaba prácticamente lista la actualización de los mismos, apareció esta sentencia.

Las empresas, de hecho, han presentado también una reclamación patrimonial de unos 80 millones de euros, que se corresponden con el dinero no ingresado desde 2014 por esa rebaja que ha sido anulada. La administración autonómica, atendiendo a un informe de la abogacía, sostiene, sin embargo, que las concesionarias solo tienen derecho a indemnización a partir de la firmeza de las sentencias, es decir, desde febrero pasado.

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