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Así es el emporio empresarial que heredan los hijos de Ortiz

El promotor ya ha formalizado el traspaso de poderes en las principales firmas del grupo aunque está por ver si su retirada será definitiva

El promotor Enrique Ortiz, padre de Enrique y Laura Ortiz Carratalá Jose Navarro

Cuando a finales del pasado mes de marzo el Boletín Oficial del Registro Mercantil oficializaba los primeros traspasos de poder entre Enrique Ortiz y sus dos hijos mayores, Laura y Enrique Ortiz Carratalá, pocos en los círculos empresariales alicantinos creyeron que el polémico constructor, otrora omnipresente, tuviera realmente intención de retirarse definitivamente. Con sólo 59 años y decenas de sociedades a su cargo, muchos pensaron que se trataba de una maniobra para apartarse de la primera línea para que los casos de corrupción a los que se asocia su nombre no siguieran lastrando la imagen de la compañía.

Sin embargo, poco más de un mes después, lo cierto es que Ortiz ha completado los trámites de traspaso de las principales compañías de su emporio, incluido el holding que ejerce de cabecera del mismo, Grupo Cívica Construcción y Servicios del Mediterráneo, aunque, eso sí, sigue de administrador único del principal accionista de este último, la sociedad Seel Mediterránea Group. Quienes le conocen aseguran que las intenciones del promotor son sinceras. «Es un hombre muy de familia y quiere que sus hijos asuman más responsabilidad y se queden el negocio», asegura un estrecho colaborador del empresario, que prefiere guardar el anonimato aunque, eso sí, tampoco se imagina al promotor completamente retirado. «Decir, siempre va a decir algo», reconoce.

«Ahora mismo no es un activo para la empresa. ¿Quién va a querer hacer negocios con él? Tiene un lastre demasiado grande», asegura otro buen conocedor del sector inmobiliario de la provincia, que no duda de que seguirá moviendo los hilos en la sombra, por mucho que sean otros quienes den la cara. De hecho, esta misma fuente señala que en los últimos años Ortiz ya ha reducido notablemente sus apariciones en reuniones empresariales y sectoriales, unas funciones que ha delegado en sus ejecutivos. Además, hay que señalar que a Ortiz no le han dolido prendas a la hora de usar personas interpuestas, cuando su presencia se ha vuelto incómoda en algún sitio. Tampoco en acompañar a esas mismas personas y llevar la voz cantante en reuniones de negocios en las que, en teoría, no aparece en ningún papel, como relatan otros consultados que han tenido tratos con él.

Nadie duda de que el desgaste de los múltiples casos de corrupción en que se ha visto implicado es uno de los factores que le ha llevado a esta retirada, táctica o real. Ya se ha sentado tres veces en el banquillo con el resultado de dos absoluciones y una condena, en el caso Gurtel, sobre la financiación ilegal del PP, por la que no deberá entrar en prisión al haber pactado con la Fiscalía y obtener una pena de sólo 15 meses. Pero Enrique Ortiz aún debe someterse a juicio por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y por el caso del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja. En el lado personal, no hay que desdeñar que el promotor lleva más de 40 años al frente de sus negocios y que, según afirman quienes le conocen, ahora quiere descansar y hacer otras cosas, como viajar con su esposa.

El lastre de la deuda

Sea como fuere, los dos hijos mayores de Ortiz están llamados a asumir, tarde o temprano, las riendas de un grupo con decenas de sociedades e intereses de lo más variados, en los que hay auténticos caramelos que cualquier empresario codiciaría, como su lucrativa participación en la contrata de la limpieza y recogida de basuras de Alicante, pero que también arrastra una enorme deuda que asustaría a los más valientes, fruto de las fuertes inversiones en suelo que realizó en los años de la burbuja, casi siempre financiadas por cajas de ahorros.

Basta recordar que en marzo de 2017 el empresario llegaba a un acuerdo con la Sareb -la sociedad que se quedó con los créditos y los activos vinculados al ladrillo de las entidades nacionalizadas- para reestructurar una deuda de un importe nominal de cerca de 800 millones de euros, de los que alrededor de 600 correspondían a Urbanika, el holding que creó junto a Bancaja y el Banco de Valencia para desarrollar diversos suelos por toda la provincia, entre ellos, el polémico Plan Rabasa de Alicante. Aunque no trascendieron los detalles -se desconoce, por ejemplo, la quita pactada, si es que la hubo-, sí se sabe que una de las condiciones fue la concesión de un plazo de carencia de dos años, que acaban de vencer y, de momento, el empresario está cumpliendo con los pagos acordados, según ha podido confirmar este diario. Por ejemplo, la sociedad pública acaba de ingresar el dinero íntegro de la venta de dos suelos en Benalúa que ha ejecutado el promotor.

Sin duda, la recuperación del sector de la construcción le está favoreciendo, al elevar la demanda de terrenos y poner en marcha la urbanización de varios sectores en los que Ortiz acumula bastantes activos, como los de la zona de Vistahermosa en Alicante o el Plan Parcial Armanello de Benidorm, ahora rebautizado como Ensanche Levante, donde el promotor ha perdido su condición de agente urbanizador pero conserva bastante terreno. Está por ver si la recuperación alcanza para pagar a todos, ya que el grupo también mantiene una deuda notable -aunque menor- con otras entidades, como el Sabadell.

En su conjunto, el propio Ortiz reconocía esta semana, en conversación con este diario, que en estos momentos es la rama de servicios y las contratas y concesiones públicas «lo que más tira» del negocio. Por el contrario, el grupo tiene casi abandonada la obra pública que fue el origen de la compañía -«no hay casi licitaciones», justifica el empresario- y también la promoción. Así, su principal actividad en el sector inmobiliario es la venta de terrenos, como ya se ha apuntado, que «ha mejorado considerablemente», según su propia valoración.

Conocer las verdaderas dimensiones del entramado que Ortiz ha creado a lo largo de estas décadas resulta casi imposible. Entre otras cosas, porque el grupo lleva sin presentar cuentas consolidadas desde 2014. Entonces sus activos estaban valorados en 398 millones de euros, aunque en pleno «boom» llegó a superar los 1.000 millones, sobre todo gracias a las tasaciones hinchadas que se daban en aquella época. Los últimos datos disponibles -los del año 2017- reflejan la distinta marcha que el promotor reconocía en cada una de las líneas de negocio del grupo.

Así, mientras la divisiones de servicios y la de contratas acumulan generosos beneficios -de 3,6 y 2,4 millones respectivamente-, la de obra pública que encabeza la primigenia Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras suma hasta 11,7 millones de pérdidas y eso a pesar de que incluye la participación del grupo en las concesiones de varios aparcamientos, como los de Catedrático Soler o la avenida de la Estación de Alicante. En el caso de Urbanika, los últimos datos son los de 2016, cuando perdió 15 millones.

Si se baja al detalle, entre las inversiones más rentables para Cívica en el citado año destaca la ya comentada participación del 33% en UTE Alicante, la concesionaria de la limpieza y recogida de basuras de la capital de la provincia. Una participación que recogen las cuentas de Cívica Construcciones y Contratas, que arrojan un resultado de explotación de casi 2,3 millones de euros gracias a esta actividad, que se elevan hasta los 3,6 millones en el resultado final, como ya se ha citado, si se tiene en cuenta la aportación, vía dividendos, de otras sociedades integradas en esta misma filial. Por ejemplo, la participación del 50% que Ortiz posee en Ibisan, la concesionaria de la autopista de Ibiza a San Antonio, que ganó en total 2,8 millones de euros en 2017. Dentro de esta misma sociedad también se incluye la sociedad conjunta que Ortiz tiene con el empresario hotelero Pere Joan Devesa para explotar el hotel de la estación de autobuses de Benidorm, Orde Hoteles, que ganó 255.894 euros, al contrario que la sociedad que explota las propias instalaciones de la estación, que arrojó unas pérdidas, según las mismas fuentes, de 651.146 euros.

Dentro de la rama de servicios, la que mayores réditos ofrece a Cívica es su inversión en la cadena de residencias para la tercera edad Gerocentros del Mediterráneo, que anotó unos beneficios el citado año de dos millones de euros. Más de 578.000 euros ganó la sociedad que gestiona el Párking de Alfonso el Sabio y otros 377.000 el de Los Jardines de Monforte. En este caso, la nota negativa la ponen los dos millones que perdió la sociedad Marina de Poniente, con la que Ortiz y otros empresarios explotaban el centro de ocio Panoramis en el Puerto de Alicante, hasta que quebró la compañía.

En el otro lado de la balanza, casi todas las participaciones en el negocio del ladrillo siguen en número rojos. La peor, Vista Hermosa Ciudad, con 45,6 millones de pérdidas.

Estos serán los mimbres con los que Laura y Enrique Ortiz Carratalá deberá construir a partir de ahora su propio camino en el negocio familiar. Claro está, siempre que su padre se lo permita.

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