La aplicación del registro de jornada laboral en las empresas, de obligado cumplimiento desde el pasado 12 mayo, sigue suscitando muchas dudas y consultas entre los empresarios sobre las fórmulas de aplicación. Pero estas dudas no les exime de la implantación de la medida. De hecho, en el primer mes desde la entrada en vigor del real decreto, la Inspección de Trabajo ha realizado su actividad de vigilancia, en muchos casos por la presentación de denuncias. Y en la provincia ha abierto los primeros siete expedientes a empresas que no tenían operativo el control de jornada laboral. En esta primera fase, la actividad inspectora está orientada, fundamentalmente, «a constatar que se registra» el inicio y el final de la jornada, según confirmaba el director territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad, Francisco Rogero, quien no concretó a qué sectores pertenecían las empresas a las que se les ha abierto expediente. El responsable del organismo también advertía de que los procedimientos están aún sin cerrar, ya que falta que se emitan los informes y atender el periodo de alegaciones, si las hubiere, entre otras cuestiones. Un proceso que supone tiempo y que, al final, puede tener un resultado sancionatorio o no, incidía.
La medida fue aprobada en marzo por el Gobierno para luchar contra el fraude laboral y controlar posibles excesos en las horas extraordinarias. Y en caso de incumplimiento puede acarrear multas que irían desde los 600 euros hasta los más de 6.000 euros. Si, ahora, la Inspección ha centrado su actuación en comprobar la implantación del control horario, en una segunda fase y, tras las pertinentes comprobaciones, se determinará si el registro de la jornada se está llevando correctamente y si han existido horas extraordinarias.
Una fase de «recomendaciones»
Fuentes de asesorías y empresarios conocedores de que «la Inspección ya ha empezado a actuar en Alicante sobre esta medida», según reconocían, entienden que en esta primera fase Trabajo está actuando más a «modo de recomendación». Para Concepción Martínez, responsable del departamento de Recursos Humanos de la consultora ilicitana Gesem, el criterio interno publicado esta semana por la propia Inspección ha arrojado un poco de luz. Entre otras cosas, «deja claro que el registro no solo es una obligación, sino que debe ser objetivo y fiable». Además, diferencia entre el propio mecanismo de control, «donde se refleja el inicio y final del horario» y las consideraciones sobre el tiempo efectivo de jornada o las pausas durante la misma. Unos aspectos aparte, pero que «deben estar argumentados y bien documentados» y que se establecen, bien en la negociación del convenio, en un acuerdo entre la empresa y los trabajadores o implementado por la compañía, pero previa consulta con los empleados, incidía Concepción Martínez.
Por su parte, el colectivo empresarial sigue insistiendo en que aún existen muchas dudas y en que «el reglamento que debe desarrollar el decreto aún no se ha publicado», incidía Perfecto Palacio, presidente de CEV Alicante. No obstante, resaltaba que «aunque sea de manera arcaica, en hojas de papel, el control se está haciendo». Palacio también reiteraba que los empresarios siempre han considerado «que existen otros sistemas diferentes para que se paguen y controlen las horas extraordinarias». Además, cree que esta medida «es del siglo pasado».
Por su parte, los sindicatos entienden que «estamos en un periodo de adaptación», explicaba Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina. La representante sindical señalaba que los problemas de interpretación se dan más en las pymes que en las grandes empresas, que ya tenían implantadas fórmulas para que sus trabajadores ficharan al inicio y final de la jornada. No obstante, insistía en que este sistema «es necesaria para controlar esas horas extraordinarias que se hacen, no se pagan al trabajador y no se cotizan. Y que si se regularan podrían generar puestos de trabajo».
Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO-PV, aseguró que su sindicato ha presentado denuncias por la falta del registro en algunas empresas. Si bien, se mostró cauto a la hora de evaluar el grado de cumplimiento de la norma «hasta que no se sepa el resultado de la actuación de la Inspección». No obstante, sí valoró como positivo «que en muchas empresas se han abierto mesas de negociación con los comités sobre la aplicación de esta herramienta», aunque lamentó que «había pocos convenios donde se ha incorporado».
