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Los negocios de la CAM en el Caribe van a juicio al no alcanzarse un acuerdo

Ni el Fondo de Garantía de Depósitos ni Caser han respondido a la propuesta planteada por los dos exdirectivos de la caja acusados para evitar la vista

Ferri y Baldó (el segundo y el cuarto por la izda, respectivamente) junto a sus abogados en julio.

Ferri y Baldó (el segundo y el cuarto por la izda, respectivamente) junto a sus abogados en julio. EDU CANDEL/ LOF

Después de meses de conversaciones y de dos aplazamientos en busca de un acuerdo que evitara la vista oral, todo apunta a que los negocios de la CAM en el Caribe acabarán finalmente en el banquillo en un juicio cuyo inicio está señalado para el próximo martes.

Una causa de las siete que se abrieron en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM y que pretende aclarar si la aventura empresarial de la entidad al otro lado del Atlántico de la mano de los hoteleros Juan Ferri y José Baldó provocó a la caja un agujero de 28 millones que después tuvo que tapar el Fondo de Garantía de Depósitos. Hechos de los que los empresarios ya se han declarado culpables al admitir que recibieron créditos irregulares de su socia y que defraudaron a Hacienda, además de pagar casi 27 millones al Fondo y a la Agencia Tributaria a cambio de garantizarse que no ingresarán en prisión. La Fiscalía rebajó la petición de pena de 22 a dos años.

Tras las conformidades alcanzadas con los empresarios, que fueron formalizadas el pasado 1 de julio ante el tribunal encargado de juzgar este proceso, el juicio se pospuso hasta el 17 de septiembre con la idea de que los dos exdirectivos de la CAM acusados, Roberto López Abad y Daniel Gil, hicieran lo propio. Para ello se planteó un acuerdo a tres bandas por el que el Fondo se avendría a rebajar (de algo más de 12 a unos 7 millones) la indemnización que solicita a cambio de que Caser (la aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza de reponsabilidad civil para sus altos cargos por importe de 15 millones) abonara esa cantidad y se comprometiera a no reclamársela a sus asegurados.

Con ello el Fondo no se jugaba su indemnización al arbitrio de lo que decida el tribunal, Caser rebajaba a la mitad la cantidad que tendría que abonar en caso de condena y los acusados, para los que se piden cuatro años de prisión por un delito de administración ilegal, se aseguraban no entrar en la cárcel (la petición se rebajaría a un año) y aportarían lo que ya ingresaron como fianza precisamente para burlar la prisión preventiva por estos hechos: un millón y medio en el caso de López Abad y 400.000 en el de Gil.

Un planteamiento que quedó sobre la mesa y al que la única respuesta ha sido el silencio. Convencido de que, una vez asumida la culpa por parte de Ferri y Baldó, tiene muchas posibilidades de que los magistrados le den la razón en sus pretensiones indemnizatorias, el Fondo ha decido jugársela a la carta del juicio, con lo que el resto poco o nada pueden decir al respecto.

De no producirse ningún cambio en los próximos días, los dos exdirectivos y los dos empresarios se sentarán en banquillo de los acusados el próximo martes para enfrentarse a un proceso en el que se da la paradoja que quienes concedieron los créditos para las inversiones hosteleras en el Caribe sostienen que obedecían a criterios de racionalidad económica mientras que los que los recibieron los califican de irregulares.

Para López Abad será su tercer juicio (sin contar el archivo de la vista de las preferentes) de los que ha salido absuelto en dos ocasiones mientras tiene una condena (la de las dietas de Modesto Crespo) recurrida en el Supremo. Para Gil se trata del primero.

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