Los sindicatos UGT y USO han firmado con Aumar, filial de Abertis, un preacuerdo para la salida de 136 trabajadores de las autopistas AP-7 y AP-4, a consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa con motivo de la finalización de la concesión, lo que permitirá que la vía sea gratuita a partir de enero.

Un preacuerdo que CC OO ha rechazado, por no incluir a los empleados ajenos al cobro de peajes, y que considera que no es válido. El motivo es que este último sindicato tiene la mitad del comité de empresa de la concesionaria, aunque en la comisión negociadora sólo ostentaba seis de los 13 asientos en representación de los trabajadores.

El ajuste de Aumar iba a afectar inicialmente a 140 trabajadores de la AP-7, entre L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) y Alicante, y de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, debido al fin de la concesión de estas dos vías de pago a la compañía el próximo 31 de diciembre.

Los afectados por los despidos son empleados que atienden los puestos de peaje y las oficinas, después de que el Gobierno haya garantizado los puestos de trabajo en las labores de mantenimiento.

Según han informado fuentes de UGT, el preacuerdo, que se someterá a votación entre los trabajadores los días 9 y 10 de diciembre, fija la indemnización máxima por despido improcedente contemplada por la legislación para todo el personal afectado por el ERE.

Aumar también deberá abonar el seguro médico de todos los despedidos durante los doce meses posteriores a la extinción del contrato, y adicionalmente deberá mantener las primas para el núcleo familiar del empleado que así lo desee.

El texto del preacuerdo contempla también un convenio especial de cotizaciones para los afectados de 55 años o más hasta que cumplan los 63 años, ampliable hasta los 64 años para los trabajadores mayores de 59 a fecha de finalización de la concesión.

Rechazo de CC OO

Desde CC OO, sin embargo, rechazan esta acuerdo ya que pretendían que en las negociaciones entrara la totalidad de la plantilla, al considerar que no hay garantías de que los trabajadores ajenos al cobro de peajes -administración y mantenimiento- vayan a mantener sus empleos cuando Fomento adjudique a una nueva empresa la conservación de la vía. Así, proponían que las bajas se cubrieran con voluntarios de toda la plantilla.

La negativa de la empresa ha hecho que este sindicato no haya querido firmas, según explican desde el mismo, para no impedir que los futuros despedidos puedan denunciar a la compañía.