La aspense María Pilar Ibáñez nunca imaginó que se vería en una situación semejante. Tras más de una década pagando la hipoteca de su casa, en 2014 se vio obligada a realizar una dación en pago, cuando ella y su marido se quedaron en paro. Tuvieron suerte. El titular del crédito era el Banco Sabadell, uno de los pocos que apostó por ofrecer un alquiler social a los clientes a los que embargaba el piso y estaban en situación de vulnerabilidad. Empezó pagando 190 euros y luego, cuando sus ingresos cayeron aún más, se lo rebajaron a 150. El problema es que el contrato vence el 31 de enero y desde Sogeviso, la empresa que creó el Sabadell para gestionar estos casos, le han comunicado que no se renovará. «No sé qué haré cuando acabe el contrato, pero no me voy a ir de mi casa. No tengo otro lugar», aseguraba ayer, ante la puerta de la sede central del Sabadell en Alicante, donde participó en una concentración de protesta junto a medio centenar más de activistas y miembros de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de toda la provincia.
Una protesta que, precisamente, pretendía «dar un toque de atención» a la entidad por su «cambio de actitud», según afirmó una de las portavoces del movimiento, Ana Martínez, que denunció la proliferación de este tipo de casos en los últimos meses. Una situación que les «preocupa», porque «hasta ahora el Sabadell había sido un referente en esta materia», y, por ejemplo, siempre había aceptado negociar y «buscar una solución» cuando se producía un impago. Para Martínez, el problema es que el banco ha vendido muchos de estos pisos a «fondos buitre», que no quieren prolongar esta fórmula, por lo que teme una proliferación de nuevos desahucios en la provincia a medida que vayan venciendo los contratos firmados durante la crisis. En la propia concentración de ayer eran varios los casos de afectados de todo tipo que reclamaban poder seguir en sus casas, aunque muchos reconocían que ni siquiera podían abonar las cantidades que se estipularon en su día con la entidad. «Lo que quiero es renegociar una cantidad que sea asumible y que pueda pagar con el RAI (la Renta Activa de Inserción)», apuntaba Sergio Vila, de Elche. Del mismo modo, desde la PAH reconocían que el principal fallo en este problema se encuentra en la falta de capacidad de los servicios sociales para atender a estas familias, pero reclamaron también que el Sabadell mantega su compromiso.
El banco seguirá negociando
Por su parte, desde la entidad aseguraron ayer que «continuará negociando para encontrar la mejor solución para los clientes en situación de vulnerabilidad», que «el compromiso sigue siendo el mismo», y que se analiza «caso a caso». Además, apuntaron que siguen «luchando contra la ocupación ilegal cuando causa conflictos de convivencia». Al respecto, tras la protesta de ayer, el Sabadell y la PAH ya se han emplazado para una reunión a mediados del próximo mes para tratar esta problemática. Igualmente, desde la ONG aseguraron que la entidad se había comprometido a no seguir adelante con ningún procedimiento hasta esa cita.
