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Cuando el progreso llama a la puerta, que no te pille jugando al mus

El año que acabamos de estrenar es un ejercicio que se presenta con bastantes incertidumbres. Estrenamos año y estrenamos un gobierno con una nueva composición inédita hasta ahora. Las líneas básicas de gobierno que conocemos plantean muchos interrogantes que deberán ser despejados en los próximos meses. La posibilidad de un retroceso económico y social debe combatirse, entre otras cosas, con la diligencia pública.

El nuevo gobierno se enfrentará a un problema que no es nuevo. Desde hace ya varios años la burocracia administrativa se ha convertido en el nuevo agujero negro de la actualidad económica y empresarial española. Siempre hay excusas que la intentan justificar, pero cuando los retrasos superan lo máximo razonable no hay excusas que valgan. Son los palos en la rueda de la inversión que provoca frustración e indefensión de la iniciativa privada.

Si yo les cuento que Benidorm, con diecisiete millones de pernoctaciones turísticas al año, jugándose el pódium turístico con titanes como Madrid y Barcelona, lleva seis años esperando licencia para poder construir su primer centro comercial, con una inversión de 250 millones de euros, seguro que muchos de ustedes no se lo creen. Pero es así de fácil y así de cierto.

Un centro comercial que servirá para modernizar este sector de actividad, para completar una rama que cada día requiere más especialización y que dote de servicios no sólo a su población residente sino a los millones de turistas que nos visitan cada año. La verdad es que estos argumentos que justificarían un procedimiento administrativo rápido y eficaz no han tenido el más mínimo calado en quien tramita las licencias correspondientes. Después de más de seis años de espera, no sería descabellado pensar que la empresa que está detrás de este proyecto decida desviar su inversión hacia otros lugares más «receptivos». Eso sí, en Benidorm nos quedará un precioso solar, inservible para nada más, pero con su arena y su penosa imagen en la entrada de este destino turístico. Y nosotros como residentes seguiremos comprando en internet mientras que el comercio languidece en una muerte casi anunciada por falta de reconversión y de modernidad.

Esto no es más que un ejemplo para ilustrar lo que está pasando en diferentes infraestructuras turísticas a lo largo y ancho de toda la Comunitat Valenciana: licencias de obras que se demoran más de dos años para reformar establecimientos hoteleros o para construir nuevos proyectos que siempre aportan valor y calidad al producto turístico valenciano. Están entrando proyectos muy interesantes tanto en valía como en imagen, arquitectura o competencia que hay que aprovechar por si la situación actual cambiara.

En estos años, la gestión pública ha tenido un ritmo de evolución diferente a la gestión privada. Las diferencias en agilidad y modernidad cada vez se hacen más graves y evidentes entre ambas facetas y creemos que es necesario hacer una reflexión para revertir esta situación.

Las administraciones públicas no deben tener miedo al apoyo extraordinario de profesionales cuando sea necesario. Algo que la iniciativa privada en todas sus áreas de actividad hace de forma habitual parece que se resiste en esa urna de cristal en la que se ha convertido la burocracia administrativa.

Es como si a los hoteles que están acostumbrados a servir un menú para sus doscientos clientes habituales les surgiera la oportunidad de organizar un banquete o un evento extraordinario para dos mil personas. Es obvio que no pueden seguir con sus procedimientos habituales porque colapsarían el resultado y no darían un buen servicio. Por ello, no se tiene ningún miedo a contratar apoyos externos y especializados para que el resultado sea impecable.

Si la estructura de la función pública en materia de licencias y permisos está condicionada por las limitaciones de la racionalidad en el gasto, debe ser complementada en periodos de alta producción, como han sido los años pasados y previsiblemente 2020, por profesionales que den salida a los proyectos presentados. Deben ser tramitados con la agilidad necesaria, pero sin escatimar en controles, cumplimientos escrupulosos de legalidad vigente y con ese valor de mejorar lo que ya existe y de hacer sostenible nuestro tejido socioeconómico.

Hace unos días leíamos con interés la noticia de la multa de 1,5 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha impuesto al Consistorio madrileño por demoras injustificadas al otorgar licencias. No sabemos si el resto de los y las responsables municipales, autonómicos o estatales están poniendo sus barbas a remojar, pero creemos que se puede abrir una puerta a un aluvión de demandas por retrasos que no estén justificados ni en la ley ni en el Derecho.

Por ello, lo deseable sería no que se ganaran más demandas, sino que todo funcionara a la perfección. Que lo que es bueno, positivo, aporta valor, aporta riqueza, aporta empleo y encaja con planteamientos de sostenibilidad se tramite en los plazos razonables para seguir siendo atractivo como proyecto para sus promotores y para el conjunto de la sociedad.

El dinero y la inversión no conocen de nacionalidades ni de territorios ni de patrias ni de políticas. Y sin inversión no hay futuro posible. Y la realidad económica cambia con una rapidez tan vertiginosa que si no reaccionamos rápido nos quedaremos obsoletos y absorbidos por ese agujero negro. Amordazar la iniciativa privada compromete el presente y el futuro de la sociedad. Sin una administración ágil, eficaz y diligente no hay ciudad inteligente.

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