Sucede con más frecuencia de lo que parece. Una empresa acumula deudas con el fisco -y, normalmente, también con sus proveedores- y, al cabo de un tiempo, acaba cerrando sin que nadie vea un duro. Más tarde el mismo empresario o alguien vinculado a él pone en marcha otra sociedad y empieza de nuevo, como si nada hubiera ocurrido, sumando nuevas deudas. Los hay que son auténticos profesionales, pero sus días podrían estar contados. La Agencia Tributaria ha decidido incluir este año en su plan del control del fraude un apartado específico para vigilar desde su creación a las nuevas empresas con el fin de detectar si detrás de ellas se esconde uno de estos morosos en serie, ya sea directamente o a través de un testaferro, con el fin de atajar el problema desde el inicio, para evitar que se repita.

Es lo que el organismo ha denominado estrategia «Right from the start» y que incluye una doble vertiente. Por un lado, una serie de medidas para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de aquellos contribuyentes que ponen en marcha nuevos negocios. Y, por el otro, una vigilancia más férrea para impedir que la creación sucesiva de sociedades se convierta en una instrumento más de defraudación.

La tarea no es sencilla si se tiene en cuenta el enorme volumen de nuevas compañías que se constituyen cada año. Por ejemplo, durante 2019 se registraron en Alicante casi 4.700 sociedades y eso que no fue un ejercicio especialmente fructífero: antes de la crisis se superaban fácilmente las 6.000 anuales, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Eso sí, en cualquier caso, son muchas más de las que le corresponderían a la provincia por volumen de población o por su peso en el PIB nacional, lo que no deja de llamar la atención.

Las nuevas tecnologías permiten cruzar esta ingente cantidad de datos de los Registros con la información propia de la Agencia Tributaria para detectar a «sospechosos habituales», es decir, a contribuyentes «con conductas reprochables en el pasado», que podrían repetirlas de nuevo en el futuro, según apuntan desde este organismo. También ayudará el convenio que Hacienda acaba de firmar con los notarios y que facilitará el acceso de los empleados de la Agencia Tributaria a la base de datos sobre la titularidad real de las sociedades. Para el presidente de la comisión de fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez, se trata de una buena noticia, ya que permitirá poner coto a empresas que «distorsionan el mercado y realizan una competencia desleal a quienes sí pagan sus impuestos», y recordó que incluso existen «tramas organizadas» que utilizan está táctica para rebajar sus costes.

Pérdidas empresariales

Por otra parte, otra de las novedades del Plan de Control Tributario de este año es una campaña especial para vigilar la aplicación de lo que se conoce como bases imponibles negativas pendientes de compensar en el Impuesto de Sociedades. Es decir, la posibilidad que tienen las empresas de utilizar las pérdidas de años anteriores para rebajar su factura fiscal. Una práctica completamente legal, pero que ha provocado que el Impuesto de Sociedades sea el que menos haya recuperado su recaudación con la mejora de la economía. Así, mientras el IVA y el IRPF ya superan las cifras precrisis, los ingresos por este tributo en Alicante apenas sumaron 511 millones hasta noviembre de 2019, menos de la mitad que en 2007. La causa es que mientras las personas físicas solo tienen cuatro años para desgravarse las pérdidas, las sociedades no tienen límite y, además, pasados diez años, Hacienda ya no puede revisar si el cálculo de esas pérdidas fue correcto. Por eso, Hacienda quiere ahora revisar las pérdidas declaradas durante la crisis por muchas firmas antes de que expire el plazo.

El presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, respaldó ayer estas medidas para atajar el fraude, pero también reclamó una «simplificación y una clarificación» de la normativa fiscal que facilite el cumplimiento, ya que, según apunta, en un porcentaje elevado lo que se contabiliza como fraude son diferencias de interpretación de la legislación.