Golpe contundente de Hacienda contra el fraude fiscal en el calzado. La Agencia Tributaria lanzó ayer una operación a gran escala en todo el país para controlar la facturación irregular en el sector zapatero, en la que se investiga ya a 74 sociedades, de las que 36 están domiciliadas en la provincia, según informaron fuentes del ente gubernamental. Además, en el mismo dispositivo se ha incluido a 29 personas físicas vinculadas con estas empresas, ya sean socios, administradores o personas del entorno familiar.
La operación, bautizada como «Scarpe II», supuso el despliegue de 157 funcionarios del área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), así como el apoyo de agentes policiales y de 15 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que realizaron en total 41 registros en otros tantos locales de ocho comunidades autónomas. Diez de ellos en Alicante, según las mismas fuentes.
Desde el organismo fiscal, explicaron que las inspecciones iniciadas ayer -que continuarán en los próximos meses- tienen su origen a comienzos del año pasado, cuando una serie de investigaciones pusieron de manifiesto «que la mayor parte de las sociedades incluidas en la operación estaban realizando parte de sus ventas en 'B' a otras empresas del sector». Y, entre otras cosas, se comprobó mediante investigaciones previas que las facturaciones declaradas por estas firmas no se correspondían con el volumen de dinero que movían sus cuentas bancarias.
A diferencia de operaciones anteriores en el sector -como la «Scarpe I», realizada en 2014 y con la que no tiene conexión-, en la que se había investigado sobre todo a comercios y distribuidores, en esta ocasión gran parte de las empresas analizadas son fabricantes de calzado, según las fuentes consultadas.
Manuales sobre cómo defraudar
Con los registros realizados ayer en distintos locales, la Agencia Tributaria quería acceder directamente a la documentación con la contabilidad real de estas empresas, incluidos sus sistemas informáticos, con el objetivo de calcular el volumen de actividad que ocultan y detectar la posible existencia de programas de ocultación de ventas y esquemas de facturación irregular. En este sentido, en uno de los registros realizados fuera de la provincia, los inspectores llegaron a encontrar manuales escritos a mano sobre cómo realizar esta facturación en «B» para escapar de las redes del fisco, un documento que llamó la atención de los investigadores.
En total, las 74 sociedades analizadas -algunas de ellas forman parte de un mismo grupo- cuentas con una facturación declarada de 240 millones de euros y, aunque hay algunas firmas de pequeño tamaño, también hay otras con cifras de ventas ya considerables.
Según explicaron desde Hacienda, se trata de inspecciones administrativas, por lo que no ha habido detenciones, y lo previsible es que se salden con el cobro de la cuota defraudada y la imposición de una sanción.
