Las medidas anunciadas por el Gobierno Central para hacer frente a la debacle económica que amenaza con provocar la crisis sanitaria del coronavirus dejan un total 20.635 trabajadores incluidos en los 3.587expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados por las empresas en Alicante desde el pasado 12 de marzo, tal y como certifica la Conselleria de Economía Sostenible.
Hasta el día 21, se han presentado en la Comunidad 9.965 ajustes temporales de plantilla que afectan a 73.961 trabajadores. De ellos, un 51% de los ERTE y un 40% de asalariados son de la provincia de Valencia; el 34% de expedientes y el 26% de trabajadores son de Alicante; y el 14% y el 10%, respectivamente, de Castellón. Las empresas con centros de trabajo en más de una provincia representan el 1% del total, pero suponen un 24% del total de trabajadores afectados.
Por sectores, el de servicios supone un 93,6% del total de expedientes, siendo de la hostelería y del comercio los más numerosos en este grupo; la industria supone un 4% del total, la construcción un 2,2% y, por último, la agricultura representa un 0,2% del total de los expedientes presentados.
Atendiendo a la causa que justifica estas peticiones de regulación laboral, salta a la vista que el volumen más importante son los justificados por fuerza mayor, vinculadas principalmente al cese de actividad derivada de la declaración del estado de alarma nacional, que suponen un 98% del total, pero también se han presentado un 2% por causas organizativas o por necesidades de la producción.
En relación a la medida que proponen las empresas, la Conselleria destaca «la responsabilidad que se está demostrando hasta el momento, pues solo un 0,5% plantean extinción de contratos, es decir, despidos colectivos, siendo la suspensión de contratos la medida más propuesta con un 95% del total». Según los datos del Consell, la reducción de jornada representa un 1% y la combinación de suspensiones de contratos y reducciones de jornada como formula para adaptarse a la coyuntura actual representa un 3,5%.
La duración media solicitada en estas suspensiones de contratos es de 90 días, aunque mayoritariamente van asociadas a la duración del estado de alarma decretado por el Gobierno.
La Conselleria de Economía Sostenible asume que estos datos de destrucción de empleo «van a aumentar considerablemente en los próximos días» y los Servicios de Regulación de Empleo, tanto en las direcciones territoriales como en la Dirección General de Trabajo, se están reforzando para poder atender este incremento extraordinario de expedientes de reajuste temporal de plantilla, de extinción o de despido.
