María, nombre ficticio para no ser identificada, tiene 58 años y lleva sin trabajar desde que se decretó el estado de alarma. Además, no va a ingresar su salario durante este tiempo y no tiene derecho a la prestación por desempleo. Esta es la situación de muchas empleadas de hogar de la provincia que de la noche a la mañana se han visto confinadas en sus casas «y muchas son el sustento económico de la familia porque viven solas o están separadas», subraya María, quien se queja de que «el Gobierno se ha olvidado de nosotras en esta crisis». Ante el descontento de este colectivo y las continuas demandas sindicales, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado ya ayudas que den cobertura a las empleadas de hogar y otros colectivos vulnerables, aunque no ha concretado las medidas hasta la fecha.
María habla en femenino sobre este colectivo porque de los 9.108 alicantinos que cotizan al Régimen Especial de Empleados de Hogar en la provincia, 8.626 son mujeres y 482, hombres, según los datos de la afiliación a la Seguridad Social. El grave problema con el que se encuentran estas trabajadoras es que, aunque estén aseguradas, no cotizan por contingencias para la prestación de desempleo, por lo que no tiene derecho a paro. Una circunstancia que recrudece ahora su situación. «Aunque coticemos poco, es algo que aportamos al sistema y deberíamos tener la prestación del paro o alguna ayuda, sobre todo, en estos momentos», insiste María. Ella tenía un negocio, pero en la reciente crisis económica tuvo que cerrarlo y desde hace seis años va a limpiar a un domicilio.
Un trabajo que no puede realizar porque en la casa viven una persona de riesgo y un médico, «por lo que la exposición al coronavirus sería máxima para todos», asegura. Ella completa sus ingresos con unas horas en una empresa de limpieza, pero ha coincidido que está enferma por una lesión en la muñeca, lo que, en su caso, le permite percibir «la parte proporcional por la baja que me da la mutua». No obstante, está temiendo tener el alta médica antes de que acabe el estado de alarma «porque, entonces, estaré sin trabajo y sin ingresos». Su marido tuvo un accidente laboral y cobra una pensión de 700 euros al mes. Y con eso viven. No obstante, María alerta de que «lo peor aún está por venir.
Cuando se acabe la crisis, muchas podemos quedarnos sin trabajo porque habrá mucho paro; y el de las empleadas del hogar es uno de los primeros gastos que se quitan las familias». Por su parte, Pilar tiene 54 años y lleva 17 trabajando como empleada del hogar, aunque no está asegurada. Antes de esta emergencia sanitaria, limpiaba en varias casas, lo que le suponía unos ingresos de unos 500 euros. Ahora está sin faena y su marido está en paro afectado por un despido temporal. «Si no es por la ayuda de mi suegra, no podríamos salir adelante», dice Pilar, que tiene dos hijas.
CC OO y UGT apoyan las demandas de este colectivo. «Pedimos al Gobierno que piense en colectivos como este que no tienen protección social», según Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina. Yaissel Sánchez también advierte de que en el sector «hay mucha economía sumergida, además de que hay interinas que se han tenido que quedar en las casas cuidando de mayores o dependientes, y puede haber personas con riesgo de contraer la enfermedad», por lo que exige que se les facilite material de protección. Mientras, desde CC OO demandan al Gobierno «medidas para este colectivo, como una compensación equivalente a la prestación del paro para las que se hayan quedado sin ingresos por esta crisis o ayudas similares», plantea Consuelo Navarro, secretaria general de CC OO en l'Alacantí- Les Marines.
