«Una jornada demencial». Así calificó un empresario alicantino el día de ayer, cuando entraba en vigor el nuevo decreto del Gobierno sobre la paralización de las actividades productivas no esenciales. Incluso la moratoria del lunes no evitó que las principales organizaciones empresariales de la provincia y las propias compañías acusaran al Ejecutivo de «improvisación», dado que la medida se anunció el sábado por la tarde, se publicó el domingo bien entrada la noche y el lunes todos querían saber el contenido del decreto. La primera pregunta de los empresarios a sus asesores era ayer: «¿Me afecta?». Y la de los trabajadores a sus empleadores: «¿Tengo que ir a trabajar?».

Y, conforme pasaba la mañana, el grado de enfado aumentaba por las «formas» en las que el Ejecutivo viene anunciando las nuevas medidas en la actual crisis sanitaria. «Parece que vayan a salto de mata», aseguró el alcoyano León Grau, directivo de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), y «sin dar tiempo a planificar», apostilló Antonio Fernández, presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de Alicante, (Provia).

Lenta y difícil recuperación

Precisamente, la construcción y la industria son dos de los sectores claves de la economía alicantina y de los más afectados por la paralización de las actividades no esenciales, vigente desde ayer hasta el 9 de abril. Ambos suman más de 12.500 empresas provinciales inscritas en la Seguridad Social. Ahora, tienen que cerrar una semana y temen una lenta y difícil recuperación cuando se combata la pandemia. Además, la cifra de negocios afectados puede ser superior, si se tienen en cuenta los más 10.600 autónomos industriales que en noviembre pasado cotizaban en el régimen especial del RETA en la provincia y los 17.770 que operaban en la construcción, según datos de la asociación ATA. No obstante, en el decreto del domingo no se aclara suficientemente si se incluye a los autónomos, pese a ser un colectivo muy afectado, criticaban también fuentes empresariales. Y, en lo que se refiere a la mano de obra, la industria emplea a 79.524 personas en Alicante, de las cuales 20.000 trabajan en el calzado; más de 1.500 en el juguete y 4.792, en el textil. Por su parte, la construcción se acerca ahora a la cifra de los 40.000 empleados.

Diferente situación se plantea para las empresas que intervengan en la cadena de suministro o aprovisionamiento a sectores esenciales o que estos días hayan reconvertido su producción en la fabricación de material sanitario. Estas sí podrán trabajar.

Por otra parte, los empleados afectados por el decreto percibirán un permiso retribuido obligatorio y recuperable en el periodo que acuerden con su empresa. Ayer, por la moratoria, sí acudieron los que tenían que preparar todo para el cierre de las fábricas o de las obras. «El domingo por la noche estábamos ya comunicando a los trabajadores el parón de la actividad», explicó Antonio Fernández, que incidía en los problemas y el caos derivado de la «improvisación del decreto, que, además, ha generado mucha inseguridad e incertidumbre», añadió.

Incluso hay industriales que aludieron a que los continuos cambios del Ejecutivo con nuevas medidas «generan desconfianza en el empresariado. A las compañías hay que avisarlas con tiempo. El Gobierno tenía que haber consensuado el decreto con los agentes sociales, porque son medidas con un gran impacto para las industrias y para el empleo», advirtió Luis Rodríguez, secretario general de la patronal provincial del metal Fempa.

Además, ayer era fin de mes y había que gestionar el adelanto de las nóminas para que cobraran los trabajadores y comprobar facturas que liquidar antes del cierre, advertían Manuel Román, de la empresa ilicitana de componentes de calzado Comerplast, y el empresario de la construcción Armando Sala, quienes consideraron que la moratoria de un día ha sido insuficiente.

Enfado

La mayoría de sectores, sin dejar de reconocer que «lo prioritario es la salud», cuestionan la sensación de inseguridad jurídica generada y el enfado empresarial con el Ejecutivo. «Un enfado que hace una semana no percibía entre mis clientes», aseguró Cayetano Sánchez Butrón, del despacho Sánchez Butrón Abogados. La previsión generalizada es que, si se prolonga la crisis sanitaria, «cuando venga la recuperación, va a suponer un efecto devastador para las pymes. Muchas se verán abocadas al concurso de acreedores y habrá más paro», advirtió Luis Rodríguez. Porque las más afectadas en esta situación son las pequeñas compañías, «que van a estar cerradas y no van a tener ingresos», subrayó Juan Riera, mandatario de la Cámara de Comercio. También el presidente de la Asociación Española de Fabricantes, de Juguetes, José Antonio Pastor, incidió en que «el parón de la actividad va a comprometer la supervivencia de numerosas firmas».

Por eso, desde la patronal autonómica CEV, que lidera Salvador Navarro, y asociaciones como la del calzado reclamaron una inyección de liquidez para que las empresas puedan «retomar la actividad y poder mantener empleo», señaló Marián Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado (Avecal). Igualmente, plantearon que hace falta «una "hibernación" de los procedimientos recaudatorios», dijo Rodríguez.

¿Servicios mínimos permitidos?

Este apartado sobre los servicios mínimos permitidos para el mantenimiento necesario de las factorías fue ayer uno de los más consultados en las asesorías. Cayetano Sánchez Butrón, de Sánchez Butrón Abogados, considera que no está suficientemente definido en el decreto, pero entiende que son los necesarios que realizaría toda empresa a lo largo del año, por ejemplo, los equivalentes al fin de semana. No obstante, esto supone revisar e interpretar cada caso, empresa por empresa. Sánchez Butrón cree que este punto «puede ser una posible concesión al lehendakari vasco y al sector empresarial». Piensa que, si se interpreta como el mantenimiento mínimo que tiene que hacer toda compañía a lo largo del año, supondría «una válvula de escape para que la empresa pudiera mantener la actividad, aunque a ralentí», entiende el abogado.

¿El permiso retribuido excluye el ERTE?

Algunos empresarios consultaron a sus asesores sobre la compatibilidad del permiso retribuido con un ERTE. Para Sánchez Butrón, el decreto no cita que se deja sin efecto una normativa anterior, «por lo que no derogaría la presentación de un expediente. Así, el permiso retribuido no excluye el ERTE, en pura técnica legislativa, pero la Administración debe aclararlo», añade.

¿Afecta el decreto a los autónomos?

El decreto habla de trabajadores por cuenta ajena, pero no dice si afecta a los autónomos. Sánchez Butrón cree que este es otro aspecto ambiguo y que se debe especificar con una circular aclaratoria. «En técnica legislativa, sí lo podría hacer en base a normativas anteriores. Pero, por ejemplo, los que trabajan para la construcción, por lógica, no podrían trabajar, dado que esta actividad debe cerrar ahora».