El Ministerio de Movilidad y Vivienda (antes Fomento) ha aprobado una disposición incluida en el decreto de medidas para afrontar la alarma por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que establece que los alquileres que expiren hasta dos meses finalizada la emergencia se prorrogarán automáticamente durante seis meses. Además, los propietarios que tengan dificultades para pagar la renta podrán acogerse a una línea de créditos blandos del ICO avalados por el Gobierno. Las cuantías serán de entre doscientos y seiscientos euros al mes. En la provincia, según el INE, el 16% de las viviendas de la provincia son de alquiler (150.000). El precio medio ha subido un 30% desde 2014 y un 15% de la población de la provincia vive de forma permanente en pisos alquilados, unas 275.000 personas.
Entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministro de ayer, se contempla la paralización de los deshaucios de las personas o familias afectadas sin alternativa habitacional. También, que, cuando el arrendador sea un pequeño propietario, el periodo de esa suspensión la decidirá un juez previo informe de los Servicios Sociales.
En el caso de personas o familias con alquileres que venzan durante esta crisis, se prorrogan durante seis meses en las mismas condiciones, todos los contratos que vencen hasta dos meses después de finalizado el estado de alarma.
Las familias en situación de vulnerabilidad que sean arrendatarias de inmuebles propiedad de grandes tenedores de vivienda (más de 10 inmuebles) como los bancos y de administraciones públicas, deberán a una solución de mutuo acuerdo para una reducción de la mensualidad o aplazamiento del pago. El decreto articula un mecanismo de conciliación para gestionar una situación temporal de vulnerabilidad.
En cuanto a línea de avales, ésta contempla las tres variables más importantes a tener en cuenta: los inquilinos que queden en situación de vulnerabilidad y se vean en la tesitura de tener que cambiar de vivienda o verse en riesgo de desahucio; los pequeños propietarios cuyos inquilinos no puedan afrontar el pago y que, por tanto, se vean en el riesgo de dejar de percibir la renta acordada; y sobre la estructura de un mercado del alquiler en el que lo peor que puede pasar es que se produzca una contracción de la oferta.
Acuerdo con el ICO
En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) suscribirá un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las familias o personas en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de préstamos bancarios, avalados por el Estado, para pagar puntualmente el alquiler.
Estos préstamos cubrirán el pago total o parcial del alquiler durante un periodo de hasta seis meses, sin ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante, y pudiendo devolverlo en un plazo de hasta seis años, prorrogable por otros cuatro más. Los aspectos concretos de esta medida, se plasmarán en una Orden Ministerial y mediante el acuerdo entre Mitma y el ICO. Se trata pues de préstamos blandos para salvar una situación de crisis que, entre todos, conseguiremos que sea temporal.
