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Cuatro de cada diez empresas de la provincia ya ha presentado un ERTE

El sector servicios es el más afectado, con cerca de la mitad de negocios que ha solicitado una regulación de empleo temporal. Casi uno de cada tres asalariados del sector privado alicantino está con reducción o suspensión de contrato en estos momentos

El polígono Campo Alto, en el municipio de Elda.

El polígono Campo Alto, en el municipio de Elda. Áxel Álvarez

Probablemente si hace sólo un mes alguien hubiera planteado que más del 40% de las empresas de la provincia se iban a ver obligadas a recurrir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para salvar los muebles, nadie hubiera dado crédito.

Pero, como tantas otras cosas durante esta crisis sanitaria, lo que parecía imposible se ha hecho realidad, desbordando cualquier previsión. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía, hasta la fecha ya son 24.105 las compañías alicantinas que se han acogido a esta figura para reducir o suspender los contratos de sus trabajadores, lo que supone exactamente el 43,4% de las 55.534 firmas que tenían cuenta de cotización en la Seguridad Social al cierre de marzo, lo que significa que cuentan al menos con un asalariado.

Una cifra que da una idea de la profundidad de la paralización económica derivada de las medidas adoptadas para frenar al Covid-19 y que se está cebando especialmente con el sector que más peso tiene en la economia alicantina: el de los servicios.

En este caso, en el número de empresas que se encuentra tramitando un ERTE roza ya el 50%, frente al 30% de la industria, el 22% de las firmas dedicadas a la construcción, o el 6,3%, en el caso de la agricultura. Algo lógico, si se tiene en cuenta que en este sector se incluyen el comercio, la hostelería, los hoteles y todos los establecimientos de ocio que están cerrados obligatoriamente por el decreto del estado de alarma.

Una situación que, si resulta preocupante desde el punto de vista del tejido productivo afectado, no lo es menos desde la óptica del empleo. El número trabajadores incluidos en esos expedientes roza ya los 120.000, y eso sin contar los que están incluidos en ERTE de carácter autonómico, los de aquellas empresas que tienen centros de trabajo en más de una provincia, que suman otros 54.378 en el conjunto de la Comunidad.

Esta cifra supone aproximadamente una cuarta parte de todos los asalariados de la provincia, según los datos de la Seguridad Social, aunque si se descuenta el sector público, cuyos empleados no sufren estos expedientes, la realidad es que los afectados por las suspensiones o reducciones temporales de empleo representan algo menos de un tercio de los asalariados del sector privado.

Como señala el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, este enorme volumen de ERTE «no hace más que reflejar la intensísima paralización de la actividad», que ha sido mayor en la provincia por el peso que tiene el sector turístico. Un sector que, como apunta, también será uno de los que más tardará en recuperar la normalidad, al depender de que se puedan realizar desplazamientos masivos y de que haya seguridad para que los establecimientos de atención al público puedan operar con garantías.

En este sentido, Raneda considera acertada la decisión del Gobierno de potenciar esta figura de las regulaciones temporales, ya que permite a las empresas ajustar sus costes pero «sin romper los vínculos laborales», con lo que también se protege a los trabajadores. No en vano, el catedrático apunta que cuanto más empleo sea posible conservar, más rápida será la salida.

Unos argumentos que también defienden los sindicatos. «Una parte muy significativa de la economía depende de la demanda interna, del consumo. Por eso es importante que se haga un esfuerzo por mantener el nivel de ingresos de la familias. Es una de las lecciones que debimos aprender de la crisis de 2008», señala la secretaria comarcal de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez.

Del mismo modo, para los representantes de los trabajadores «es el momento de hacer también una reflexión sobre el cambio de modelo productivo donde, por ejemplo, se pueda apostar por un modelo empresarial más local o nacional, que rebaje la dependencia de las importaciones en bienes y servicios imprescindibles en situaciones de emergencia», según apunta la máxima responsable de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Consuelo Navarro, que también defiende la importancia que, a su juicio, debería tener el sector público en la reactivación.

Temor a los concursos

Los empresarios, por su parte, no acaban de ver con tan buenos ojos la figura de los ERTE. O, mejor dicho, las condiciones que el Gobierno ha incluido a cambio de facilitar su tramitación, como la obligación de mantener durante seis meses el empleo, una vez superada la situación de crisis, para las empresas que se acojan a esta medida.

Aunque el Ejecutivo ha aceptado flexibilizar ese requisito, las patronales siguen considerando que puede acabar siendo una trampa, que lleve a muchas empresas al concurso de acreedores, como apunta el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio. «Pensamos que puede contribuir a que haya una letalidad elevada en los próximos meses», asegura Palacio, que también pide que se amplíe a un mayor número de negocios la moratoria fiscal.

Cerca de 108.000 autónomos reciben la paga por cese de actividad

La cuantía mínima es de 661 euros y pueden acceder los que haya cerrado o hayan perdido el 75% de sus ingresos

Cerca de 108.000 trabajadores autónomos de la Comunidad Valenciana recibieron ayer la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno para paliar las consecuencias económicas del Covid-19 en este colectivo, según informaron ayer desde la Delegación del Gobierno en la autonomía. Una ayuda que también implica la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Puede acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente, que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

Además, en el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar -con unas actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, con un mínimo de 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima, como hacen la mayoría de los autónomos.

A fecha 15 de abril, 1.016.670 trabajadores por cuenta propia han solicitado esta prestación extraordinaria a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en todo el país. Se han aprobado el 97,3% de las solicitudes tramitadas.

Para solicitarla no se exige periodo mínimo de cotización, sólo es necesario estar en alta y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante perciba.

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