La pandemia está poniendo a prueba las costuras del sistema de cobertura social, que ve cómo crece el número de personas que reciben prestaciones, y, por tanto, la factura, y que se suman a los perceptores tradicionales de rentas del Estado, funcionarios y pensionistas.
Tras la sacudida del Covid-19, se ha disparado la cifra de personas que reciben dinero público. En la Comunidad Valenciana son 1,95 millones si se tiene en cuenta a pensionistas, parados, afectados por ERTE por «fuerza mayor» y funcionarios. Su «nómina» mensual asciende a 2.300 millones de euros.
El colectivo que recibe mayores rentas son las clases pasivas, que agrupa a los pensionistas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad o en favor de familiares) y que en la Comunidad son 999.641 personas. Cobran una pensión media de 929,80 euros mensuales, según la última actualización del Ministerio de Seguridad Social.
Además, existen otras 96.526 pensiones de incapacidad permanente (que incluyen gran invalidez, absoluta y parcial, entre otras), quienes perciben entre 418,95 y 1.945,62 euros mensuales, lo que supone un pago medio de 936,48 euros al mes. De este modo, la nómina en pago de pensiones contributivas en la Comunidad Valenciana se eleva a 1.018 millones de euros mensuales. A esa cantidad habría que sumar otros 60.000 pensionistas de clases pasivas.
Desempleados
El otro colectivo que recibe rentas del Estado es el de los parados y personas en riesgo de exclusión social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que no recoge todo el desastre laboral provocado el coronavirus, la autonomía contaba con 2,04 millones de ocupados (sobre una población en edad de trabajar de 2,42 millones) y 348.700 parados.
Ahora bien, no todos los parados valencianos registrados en la oficinas de Empleo (Labora) de la Comunidad reciben prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe). Así, la tasa de cobertura se sitúa en un 62,4% del total (uno de cada diez son extranjeros). Según datos del Ministerio de Trabajo (correspondientes al mes marzo), un total de 221.601 valencianos se beneficiaron de prestaciones contributivas (105.750), subsidios (99.285) y renta activa de inserción (16.504), con una cuantía media de 826,6 euros mensuales. Eso supone un gasto total de prestaciones por desempleo de 185,1 millones de euros mensuales.
A esta población activa hay que sumar la avalancha de trabajadores afectados por los 64.000 ERTE por «fuerza mayor» y que hasta esta semana incluyen a casi 396.000 personas. Esa otra nómina mensual supone el desembolso de otros 499 millones para los afectados por ERTE en la Comunidad.
Y, aunque no es una prestación, al coste de las prestaciones por ERTE habría que añadir lo que la caja única va a dejar de recibir en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. Entre las medidas puestas en marcha para dotar de liquidez a las empresas, se exime a las compañías de la cotización a la Seguridad Social por los trabajadores en ERTE por fuerza mayor.
Si se cuentan los 296.846 trabajadores valenciano cuyo ERTE ya ha sido tramitado, y con una cotización media de 577,1 euros, según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el impacto por el dinero no recaudado por el Estado podría ascender a un máximo de otros 171,2 millones al mes en territorio valenciano.
Ingreso mínimo vital
Para combatir la ola de pobreza el Gobierno también ha dispuesto el llamado ingreso mínimo vital (para acceder a la ayuda sería necesario tener ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar esté por debajo de los 450 euros de media por miembro). La Comunidad cuenta con 83.766 valencianos que tienen cero ingresos y otros 179.325, entre cero y 1.500 euros anuales, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes al IRPF. Por tanto, podrían ser beneficiarios de esas ayudas, que tendrán coste de 3.000 millones de euros para todo el Estado.
En la lista de perceptores de renta del Estado, obviamente, hay que incluir a los empleados públicos. La Comunidad Valenciana cuenta oficialmente con 236.316 funcionarios, según la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al verano de 2019. El grueso pertenece a la Generalitat, casi 145.000. Le siguen las administraciones locales (57.731) y los funcionarios de la Administración General del Estado, con 34.155 empleados. Teniendo en cuenta que el salario medio bruto en el sector público es de 2.654,4 euros mensuales, según la EPA, la factura ascendería a 627, 27 millones al mes.
Por otro lado, la Generalitat también ha consignado un partida de 30 millones que se traducirá en una ayuda directa de 150 euros para unos 200.000 trabajadores que se han visto afectados por ERTE.
