La situación de las residencias de mayores y centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana es cada vez más esperanzadora en este proceso de desescalada de la pandemia, aunque siguen siendo el colectivo más vulnerable y más castigado por el Covid-19, con cuatro de los seis últimos fallecidos contabilizados ayer en las tres provincias valencianas. Por ello, la Fiscalía de València no rebaja la guardia y ha ampliado a veinte el número de diligencias preprocesales civiles abiertas en aquellas residencias con más de una decena de muertes -dos de ellas se aproximan a la cifra y una tercera es por un caso aislado de falta de medidas de protección de dos trabajadores-. Doce de ellas son de la provincia de València, cuatro en Castelló y otras cuatro en Alicante.
La fiscal coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, reconoció ayer que la realización de test masivos a residentes y trabajadores en todos los centros ha sido «determinante» para bajar las cifras de fallecidos, que se han reducido en torno a la mitad, pasando de unos 40 casos semanales en la provincia de València a una veintena de muertes. Eso sí, se han detectado muchos casos positivos entre residentes que estaban asintomáticos y por lo tanto no aislados del resto, lo que suponía una «bomba de relojería» dentro de la propia residencia. Aunque admite que se tenían que haber hecho test masivos mucho antes, Lanuza prefirió no polemizar con este asunto ni buscar responsables.
De igual modo, desde la patronal de residencias Aerte consideran que de haber tenido un mes antes la información que han aportado ahora los test masivos se habría podido sectorizar los centros, trasladar a los contagiados a hospitales y que por lo tanto se habrían evitado muchas muertes. «Hemos estado trabajando durante mucho tiempo a ciegas pero no se puede cuantificar cuantas vidas se hubieran salvado con la realización de los test», advierte José María Toro, presidente de Aerte, «me imagino que era porque no había disponibilidad».
Esta falta de material y pruebas de detección del Covid-19 se ha corregido y en la última semana la Fiscalía solo ha recibido una queja aislada de una residencia que presenta falta de batas desechables. En el informe que semanalmente se remite a la Fiscalía General también se recoge que a un centro llegó una partida de 400 mascarillas defectuosas y otro estuvo utilizando mascarillas caducadas desde hace diez años porque no tenían otras alternativas.
Otras cuestiones que preocupan a la Fiscalía es que en dos residencias del departamento de Requena se han detectado residentes que habían dado negativo en las pruebas PCR y que posteriormente han dado positivo. Así, como las muchas bajas de trabajadores que todavía se encuentran o bien contagiados o en cuarentena.
Lanuza destacó la especial sensibilidad y labor que realizan todos sus compañeros de la Fiscalía en materia de discapacidad con sus llamadas, preguntas y oficios a los centros de mayores para tenerlos más controlados y vigilados. Este «trabajo duro y costoso» les permite tener un conocimiento detallado de la situación y evolución de cada centro.
Además de las veinte diligencias preprocesales civiles, se van a incoar próximamente otras cuatro para el especial seguimiento de dos residencias en València y otras dos en Castelló. Mientras que todas las diligencias penales incoadas hasta la fecha han sido archivadas por inexistencia de indicios de delito.
La Conselleria de Sanitat mantiene bajo vigilancia activa treinta residencias, trece de ellas en València, nueve en Catelló y ocho en la provincia de Alicante. Asimismo, sigue habiendo casos positivos en 93 residencias de la Comunitat.
Escrito a Oltra
Por su parte, la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, sin ánimo de lucro, Lares, que agrupa a 50 residencias y centros de día de personas mayores dependientes de la Comunitat, ha remitido un escrito a la vicepresidenta y consellera de Igualtat y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en el que reclaman mayor coordinación y que se escuche a las residencias «para garantizar una correcta desescalada para el bien de nuestros centros y las personas que reciben servicios esenciales en ellos». Además de insistir en la realización de test PCR a todos los usuarios y trabajadores para poder cortar cualquier posible cadena de contagio, incluso con aquellos que son asintomáticos, piden que la Conselleria de Igualtat, sea parte activa en la definición de esta desescalada y «sea nuestro interlocutor para una mayor eficiencia». «Es esencial que los expertos en mayores y personas en situación de dependencia, hagan valer su criterio para el mejor cuidado posible. Superadas las excepcionalidades, en esto también, debemos regresar a una cierta normalidad», aclaran fuentes de Lares.
Tanto Lares como la patronal de residencias Aerte insisten en que la conselleria debe trabajar mano a mano con el sector, que es el que conoce las necesidades, en este proceso de desescalada y escuchar sus propuestas. Fuentes de Aerte aseguran que por el momento no han tenido ningún tipo de reunión con Políticas Inclusivas, aunque esperan que como las residencias son las últimas en estas fases de desconfinamiento, todavía confían en ser escuchados.
«Toda decisión en la desescalada debe analizar el posible impacto que tenga en la necesidad de garantizar una mínima calidad de vida y de derechos a las personas mayores que viven en centros residenciales, tal y como ha señalado la Mesa Estatal de Derechos para las Personas Mayores», remarcan desde Lares.
