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CORONAVIRUS

La patronal presiona al Consell para que se refuerce el control de la economía sumergida

Los líderes de la CEOE, la CEV y el presidente de la Generalitat acuerdan aliarse para combatir el empleo irregular y los empresarios exigen que se active el Observatorio del Trabajo Decente

Un momento de la reunión telemática de Ximo Puig con Antonio Garamendi y Salvador Navarro.

Un momento de la reunión telemática de Ximo Puig con Antonio Garamendi y Salvador Navarro. información

No se sabe con datos si la actual crisis del coronavirus ha aumentado el nivel de la economía sumergida en la provincia y en España. Los que dicen que sí argumentan que las altas cifras de desempleo abocan a muchos parados a la economía irregular para obtener ingresos y mantener a sus familias. Los que aseguran que no ha aumentado esgrimen que las restricciones por el confinamiento y la paralización productiva han impedido su repunte. No obstante, los sindicatos ya han advertido de que, si no se frena la escalada del paro derivada de la crisis económica que está causando la emergencia sanitaria, el empleo irregular ganará peso en los próximos tiempos. Y una impresión similar deben tener los empresarios, dado que ayer esta cuestión fue una de las analizadas en la reunión telemática que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo con el mandatario de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la CEV, Salvador Navarro. En ese contexto, fue en el que se puso de manifiesto la necesaria «colaboración de los agentes sociales y del Gobierno para acabar con la economía sumergida ante la crisis generada por la pandemia», pero la patronal también presionó al Consell para que controle el empleo irregular, poniendo en marcha ya, sin ir más lejos, el Observatorio del Trabajo Decente.

De entrada, en la reunión se habló de la merma que producen estas prácticas en el actual contexto de la crisis del covid-19. No obstante, en el encuentro no se profundizó en las iniciativas que podrían llevarse a cabo para conseguir el objetivo de reducir o acabar con la economía irregular, que a nivel nacional se situaría en el 23%, según estiman los empresarios, quienes también incidieron en que, si se actuase en profundidad para combatirla, podría suponer la «recuperación» de unos 23.000 millones a nivel estatal.

No obstante, en clave autonómica, desde la CEV sí se planteó la urgente necesidad de que se active el Observatorio del Trabajo Decente, presentado por la Generalitat a finales de enero, pero que no ha celebrado reunión alguna. Este instrumento se creó, precisamente, para combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral. La patronal autonómica incidió en que este es un buen momento para ponerlo a funcionar.

Tanto la CEOE como la CEV observaron que es necesario aflorar la economía opaca no sólo por la competencia desleal que supone para otras empresas que pagan impuestos, sino porque también aumentaría los ingresos del Estado en una época en la que se están adoptando medidas de apoyo a familias y sectores «necesarias, pero para las que se van a necesitar fondos», advirtieron desde la CEV.

Los empresarios, una y otra vez, se están mostrando contrarios al aumento de la presión fiscal en la actual situación generada por el covid-19. Y en la reunión pusieron sobre la mesa que una vía para que el Estado aumente sus ingresos puede venir del afloramiento de la economía sumergida.

En este encuentro por videoconferencia mantenido con Garamendi y Navarro, el jefe del Consell, Ximo Puig, se hizo un detallado análisis de la situación económica actual. Así, otra cuestión en la que coincidieron fue en expresar su «preocupación» por las elevadas cifras de paro juvenil. Con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro de los jóvenes hasta 24 años se sitúa en el 29,4% en la provincia. A nivel nacional, la cifra se eleva hasta el 32,29%, por ello abogaron por impulsar políticas activas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes, que son, según destacó Puig, «los grandes perjudicados de esta crisis», además de reforzar la Formación Profesional para conectarla con el tejido productivo.

El acuerdo también fue total en la apuesta por la reindustrialización y por potenciar el turismo o la industria automovilística, actividades estratégicas en la Comunidad que se han visto muy golpeadas por la crisis. Ximo Puig valoró, igualmente, la «voluntad de acuerdo» de la patronal, una actitud que consideró clave «para dar seguridad» a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además insistió en la gran herramienta que supone el diálogo social.

Más despidos temporales en el campo de Alicante que en el de Valencia

El sector agrario provincial tiene 570 trabajadores afectados por ERTE, frente a los 234 valencianos registrados

La agricultura es el sector que menos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha presentado en la provincia y en la Comunidad, frente al grueso que acapara el sector servicios, que engloba a empresas que se han visto obligadas al cierre forzoso por el estado de alarma. Pero, pese a registrar un menor número de procedimientos, cuyas cifras se están manteniendo desde que se habilitaron los ERTE especiales por la crisis del coronavirus para evitar los despidos, la agricultura alicantina viene arrojando números más elevados que Valencia y Castellón. Con los datos del último balance de expedientes de la Conselleria de Economía Sostenible, que dirige Rafa Climent, las empresas del campo alicantino han solicitado 135 procedimientos que afectan a 570 trabajadores.

Sin embargo, en Valencia han sido, hasta ahora, 63 las compañías agrícolas que han recurrido a un expediente y 234 los trabajadores afectados. Es decir, Alicante duplica los números de Valencia y se distancia de los de Castellón, que ha registrado tres ERTE y 64 despidos temporales. Esta diferencia por provincias sorprende, cuando el sector agrario ha visto dinamizada su actividad durante la pandemia. Ha sido considerada esencial, ya que era imprescindible para el suministro de alimentos a la población y, por tanto, para abastecer a mercados y supermercados, pero no solo del territorio nacional, sino también del exterior, sobre todo, a países europeos. De hecho, las últimas cifras de exportación así lo confirman. En el primer trimestre del año, la provincia exportó un 18,4% más de frutas respecto al mismo periodo de 2019 y un 11,8% más de legumbres y hortalizas.

Por otra parte, Alicante acumula , entre todos los sectores, 25.595 ERTE que afectan a 129.219 trabajadores, según los datos de la Conselleria de Economía.

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