Unos días antes ya de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo para contener la propagación del coronavirus, tanto los trabajadores infectados como aquellos en aislamiento por el contacto con enfermos pasaron a tener el mismo tipo de baja que un accidente laboral. Aunque en un principio lo pensado para el grupo de los confinados preventivos era una incapacidad temporal por contingencia común, el Gobierno rectificó para mejorar la prestación hasta el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja a cargo de la Administración. De lo contrario, los aislados no cobrarían nada por los tres primeros días, un 60% a partir de entonces y hasta el día 20 y el 75% después, con el desembolso de la quincena inicial por parte de la empresa.
¿Cuántas personas acabaron en esta situación? Pues más de medio millón en toda España durante los dos meses más duros de la pandemia, en marzo y abril, según los datos de la Seguridad Social. Por culpa del covid-19 en la Comunidad Valenciana estuvieron de baja en ese tiempo 37.838 empleados, de los que 11.533 fueron en Alicante.
Para dar una idea de la importancia de la cifra, basta señalar que en 2019 se registraron en la provincia unas 10.386 bajas mensuales por contingencias comunes, otras 1.814 por enfermedades profesionales y otras 1.072 entre los autónomos. En total, 13.272 procesos mensuales.
Por autonomías, Madrid y Cataluña son las comunidades con la mayor cantidad de bajas laborales de enfermos y aislados en marzo y abril por el covid-19: 136.931 y 128.682, respectivamente. Andalucía superó las 40.400 incapacidades temporales y País Vasco se acercó a esos niveles con más de 39.600.
Pero, ¿cuál fue el golpe en función del tamaño su mercado laboral? Ese mapa de la incidencia de las incapacidades temporales a causa del coronavirus se parece mucho, evidentemente, al de los casos diagnosticados. Frente a la media estatal de 15,12 bajas por cada 1.000 trabajadores de alta en la Seguridad Social, en La Rioja, una de las comunidades con mayor número de enfermos en proporción a su población, alcanza las 26,32. Le siguen Navarra (23,14), Madrid (22,84), País Vasco (22,17) y Castilla-La Mancha (21,92). Más que la media, aunque por debajo de la cuota de los 20 procesos de incapacidad por cada 1.000 cotizantes, se sitúa Cataluña (19,43). A continuación figuran Cantabria (14,62), Aragón (14,18) y Castilla y León (14,14). Junto con la ciudad autónoma de Melilla, donde la incidencia fue de 2,88, las regiones con los números menos duros son Baleares (5,64) y Galicia, que se mueve alrededor de los 6,5.
Por debajo de la media
Tanto la Comunidad, como especialmente la provincia de Alicante, presentan tasas inferiores a la media nacional. En el caso de la autonomía se contabilizan 10,38 bajas por cada 1.000 ocupados, mientras que en Alicante son 9,24, lo que significa que la incidencia en la provincia fue casi un 40% inferior a la del conjunto del país.
La duración de estas bajas también fue algo inferior en Alicante. Cada caso estuvo una media de 17,6 días sin ir a trabajar frente a los 18,6 días en que sitúa este indicador para toda España, según las estadísticas oficiales del Gobierno. Cabe destacar que entre los afectados hay más mujeres que hombres.
Hasta conocer los balances de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no se sabrá exactamente el coste que para el Estado están teniendo las bajas laborales este año. Ellas gestionan siete de cada diez euros desembolsados por el sistema público a los trabajadores con una incapacidad temporal. Pero el avance de las entidades gestoras y los servicios centrales sí permite intuir la tendencia. Del conjunto del país sí hay datos ya del gasto total en bajas, unos 4.104,7 millones (un 15,06% más), de los que 36,59 millones son de enfermos de covid.
