Dos años se cumplirán en diciembre de la dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. Martínez tiraba la toalla harto de sus luchas contra Madrid, de la falta de apoyo de València y, por qué no recordarlo, de las traiciones de algunos de sus compañeros en la Junta, tras comprobar que todo el esfuerzo no había servido para nada. Bueno, para algo sí. Para demostrar, una vez más, que a los gestores de la Administración les importa poco o nada en qué se gasta el dinero de todos los ciudadanos, pues, si no, a más de uno se le hubiera caído la cara de vergüenza por haber dejado morir una obra en la que se gastaron 450 millones de euros de dinero público. Cantidad a la que se suman otros otros 90 millones que se emplearon en construir una desaladora en Mutxamel con toma del agua en El Campello, por aquello de completar los aportes y esa obsesión porque la provincia de Alicante garantice su futuro con agua desalada. Si al despilfarro económico del Júcar-Vinalopó se añaden, además, los 350 millones de euros de la incompleta desaladora de Torrevieja, echen ustedes la cuenta. Casi mil millones de euros invertidos en dos infraestructuras que, de momento, han servido para bien poco mientras el déficit hídrico de la provincia (diferencia entre la disponibilidad y la demanda de agua) sigue disparándose, y hoy roza los 500 hm3, según la última actualización realizada hace unos días por el profesor Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante.
Casi dos años han pasado del adiós del incómodo Andrés Martínez y todo sigue igual, como recordaba esta semana Antonio Berenguer, actual presidente de la Junta Central. Madrid intenta colar a los regantes una factura de más de cien millones de euros para activar el trasvase, y la incuestionable negativa de estos a asumir el pago le sirve al Gobierno de coartada perfecta para su objetivo final: que el Júcar no suelte un sola gota de agua para la provincia, a pesar de que hasta seis comarcas, el 75% del territorio, dependan geográficamente de la demarcación del Júcar, administrada por la Confederación Hidrográfica, que ha considerado siempre a la provincia, gobierne quien la gobierne, un territorio maldito. Lo advirtió hace quince años el profesor Gil Olcina. No crean que lo del Júcar-Vinalopó es fácil. En cuanto haya que ceder el agua, los regantes valencianos se opondrán. Así fue y así seguimos.
El Júcar-Vinalopó vuelve de nuevo a la actualidad en pleno agosto, esa de la que no se baja nunca el Tajo-Segura, no solo por la actualización del déficit hídrico de la provincia, sino porque la publicación de éste ha coincidido con la presentación de la «nueva» Comisión Provincial del Agua de la mano de Carlos Mazón, omnipresente presidente de la Diputación, que se ha tomado en serio el problema del agua, al estar íntimamente ligado a la economía, y al auténtico descalabro ambiental que sufre Alicante, la sobreexplotación de sus acuíferos. Hay que agradecer a Mazón su interés por resolver el drama. Ha conseguido reunir a casi medio centenar de miembros -aunque trabajar, trabajarán, si les dejan, cuatro- pero también se ha topado con un primer contratiempo. Ni las confederaciones del Júcar y el Segura, ni la Mancomunidad del Taibilla, tutelados por el Ministerio para la Transición Ecológica, han aceptado sentarse a la mesa, ni siquiera para escuchar, cuando son clave para que a Alicante pueda llegar el agua, incluso la desalada. Esa que la vicepresidenta Teresa Ribera, la misma que no se ha reunido nunca con los agricultores alicantinos, considera el maná para combatir los efectos del cambio climático (reducción de lluvias), pero que sigue sin conectar la desaladora de Torrevieja con los agricultores.
Y todo en un mes, agosto, en el que la naturaleza vuelve a estar en contra de los antitrasvasistas. Los embalses de Entrepeñas y Buendía, desde donde arranca el Tajo-Segura, almacenan agua suficiente para el trasvase mensual máximo. O sea, los 38 hm3, y no 27 hm3 como tiene decidido el Ministerio con la modificación de las normas de explotación. Trabajo y más de un dolor de cabeza va tener Carlos Mazón por su compromiso en la batalla por lograr agua para Alicante. Esa que sale del grifo, pero ¿hasta cuándo? De momento juega fuerte, y ha logrado meter los trasvases en el Acuerdo para la Recuperación de la Comunidad firmado esta semana, pero mucha suerte y lealtad va a necesitar en un escenario donde abundan las traiciones.
El Ministerio para la Transición Ecológica sigue a la suya y ha decidido modificar parcialmente las normas de explotación y recortar los envíos mensuales de agua del trasvase Tajo-Segura cuando la reserva está en situación 2 -por encima de los 700 hm3- y que por ley corresponden, por lo tanto, 38 hm3 mensuales. El Ministerio asegura en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que las previsiones se hicieron mal en las reglas de explotación y esto altera el funcionamiento anual del trasvase. La solución pasa, según los técnicos, por recortar un 30% la cantidad mensual a trasvasar, lo que provocará un descenso anual en la disponibilidad de agua para riego de 60 hm3.
Pero volviendo al Júcar-Vinalopó. Si nadie lo remedia, y no parece que ni el Ministerio para la Transición Ecológica quiera llegar a un acuerdo con los agricultores alicantinos, en el recién finalizado mes de julio se han cumplido diez años ya desde que la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se cargara de un plumazo el proyecto para trasvasar agua del Júcar a la provincia de Alicante al cambiar la toma del agua. Una deuda histórica de la Confederación del Júcar para el sur de la Comunidad Valenciana, que, insisto, también gestiona, aunque no lo parezca, y cuyas primeras reivindicaciones datan de 1420, antes, incluso, del descubrimiento de América. Hay que repetir el dato cuantas veces sea necesario. Se han enterrado 450 millones de euros al construir una canalización por la que todavía no circula agua. Y la que se pretende transportar todavía no reúne condiciones de calidad para el abastecimiento.
Los socialistas Narbona y Rodríguez Zapatero dinamitaron el proyecto en 2005, pero los populares Cañete, Tejerina y Rajoy terminaron de hundirlo al no aprovechar su mayoría absoluta. Como el agua sigue saliendo del grifo, nadie se ha parado a pensar qué provincia de Alicante vamos a dejar a nuestros herederos. En menos de cien años, el agua subterránea que se extraía a pocos metros de la superficie, está ya a 500 de profundidad y cada vez con peor calidad. El Júcar-Vinalopó agoniza sin arrancar y como siga sin llover veremos qué cantidad de agua llega en 2021 del Tajo. Nuestra particular pandemia.
Alicante se juega más de mil millones de euros al año que dependen de la disponibilidad de agua. La provincia exporta todos los meses a Europa, norte de África e incluso a Senegal toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, de ahí que la garantía de suministro hídrico sea ya una cuestión que pasa por encima del interés estatal para ser comunitario porque España, aunque no lo crean, sigue en la UE.
