La aventura de impulsar un nuevo negocio casi siempre conlleva riesgos y eso es algo que se multiplica en tiempos de dificultades epidemiológicas. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será la evolución de la pandemia, pero un nuevo confinamiento podría desbaratar los planes de cualquier emprendedor. Aún así, hay quienes deciden seguir adelante con su proyecto de inaugurar un comercio o abrir una cafetería, pero no a cualquier precio. Buscan cierto blindaje. Con ellos, el término coronavirus se ha empezado a colar en los contratos de arrendamiento de los locales comerciales, que incluyen cláusulas que establecen que, en caso de dificultades derivadas de la situación excepcional del momento, los arrendatarios pagarán menos alquiler o incluso quedarán libres de abonarlo mientras se vean obligados a bajar la persiana o sufran restricciones de horario o aforo que impidan el normal funcionamiento.
Se trata de una tendencia que se empieza a extender en la provincia, según constata el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante. Por un lado, ofrece cierta seguridad a quien alquila el local ya que se protege en parte de circunstancias sobrevenidas que pueden impedirle cuadrar su balance de ingresos y gastos mientras siguen los vaivenes de rebrotes de covid-19 y acecha la incertidumbre. Por otro, permite a ciertos propietarios arrendar espacios comerciales que, de otra forma, tendrían un difícil encaje en el mercado dadas las circunstancias actuales.
«Hay casos de personas que tienen previsto abrir un negocio en octubre o noviembre y han formalizado un contrato de alquiler, pero está condicionado a que en ese momento no estemos en estado de alarma y puedan desarrollar su actividad», ejemplifica la presidenta de los API de Alicante, Marifé Esteso. Son fórmulas que, según precisa, trascienden el nicho de los arrendamientos comerciales y se están registrando también en alquileres de vivienda residencial, especialmente entre pisos destinados a la población universitaria.
Rebaja o rescisión
A pocas semanas de que comience el nuevo curso, todavía no está claro si los estudiantes acudirán cada día al campus de la Universidad de Alicante y el de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Todo dependerá de la evolución de los contagios de covid-19 y de las medidas excepcionales que se vayan adoptando. Es por ello que han crecido los arrendamientos condicionados a la evolución de las circunstancias, apunta Esteso. Con ello, las «cláusulas anticovid» se están popularizando entre los alquileres destinados a la comunidad educativa para que, en caso de un nuevo estado de alarma y confinamiento de la población, los jóvenes puedan rescindir el contrato o bien reducir el montante mensual si deciden salir de la vivienda para retornar a su hogar familiar.
«Es una cláusula que cada vez se demanda más. En algunos casos el propietario no ha querido aceptarlo, pero es algo que se está popularizando bastante», sostienen desde la Inmobiliaria Luper, con sede en San Vicente del Raspeig. «Tenemos el caso de un inversor con varias viviendas que acepta que si el inquilino tiene algún tipo de problema por todo lo que está pasando, puede rescindir el contrato, entregar las llaves y dejar la vivienda. En otros casos se pactan reducciones de hasta un 50% del coste o incluso la suspensión del pago completo durante uno o dos meses. Algunos propietarios no han querido, pero en general sí se acepta», detallan desde la citada agencia.
La agente inmobiliaria Fina Amorós, de Grupo Horizonte con sede en Elche, apunta que los acuerdos entre inquilinos y propietarios son variados y asegura que algunos estudiantes todavía mantienen el contrato del piso que alquilaron el pasado curso y que, en algunos casos, abandonaron en marzo con el confinamiento.
«Muchos marcharon a vivir con sus familias desde el confinamiento pero mantuvieron el alquiler para no tener que buscar otra vivienda para el próximo curso. En algunos casos llegaron a acuerdos para pagar menos a cambio de mantener el contrato hasta que la situación se resolviera o incluso en verano. Si se decreta un nuevo estado de alarma, lo normal es que ambas partes se reúnan para llegar a un acuerdo con unas nuevas condiciones o se rescinda el contrato. Al final tratamos siempre de que ambas partes salgan beneficiadas», subraya Amorós.
El mercado de vivienda universitaria se anima tras un parón en verano
La incertidumbre sobre las clases presenciales u online por el coronavirus retrasa la formalización de alquileres
El mercado de alquiler de pisos destinados a la población universitaria ha despegado a última hora. Si en condiciones normales a principios de verano quedan reservadas gran parte de las viviendas para el próximo curso, la situación derivada de la pandemia de coronavirus ha motivado que en esta ocasión las reservas se hayan formalizado más tarde de lo habitual.
«En San Vicente del Raspeig hubo un parón muy grande en este tipo de alquileres pero ahora se ha animado muchísimo», apuntan desde la Inmobiliaria Luper. En relación a este nicho de mercado, apuntan que de unas 90 viviendas disponibles en el stock de la agencia, ahora quedan solo unas 15 disponibles.
En dicho municipio, los precios rondan entre los 500 y los 600 euros para un piso de tres dormitorios dirigido a la población universitaria, claro que también hay viviendas más caras que generalmente son más nuevas o bien cuentan con servicios adicionales como piscina comunitaria. En Elche, las más económicas se ubican en zonas como Carrús, por unos 500 euros al mes, y ascienden hasta los 600-700 euros de media en zonas más cotizadas como Altabix, en el entorno de la UMH, y suben de precio en la zona centro. En dicha ciudad, la agente inmobiliaria Fina Amorós, de Grupo Horizonte, confirma igualmente que los alquileres destinados al sector universitario no se encuentran tan copados como en años anteriores, donde a estas alturas ya sería normal que prácticamente todo estuviera reservado. «Ahora todavía siguen quedando algunas viviendas disponibles, aunque generalmente en edificios más antiguos, propiedades menos atractivas», subraya.
