Tanto CaixaBank como Bankia han llegado a las negociaciones para la absorción de la segunda por la primera en una situación completamente contraria, en cuanto a tasa de morosidad, a la que tenían en 2012, cuando se produjo el rescate del sistema financiero español y, singularmente, el de la entidad heredera de Bancaja, a la que fue necesario inyectarle 22.400 millones. Hace ocho años, este banco tenía una mora, es decir, créditos impagados, del 13% (llegó al 14,65% un año más tarde), mientras que el pasado mes de junio su tasa estaba en el 4,9%, una décima menos que justo un año antes.
El caso de CaixaBank es parecido. En 2012 el banco de origen catalán soportaba una morosidad del 8,6%, que un año más tarde había subido al 11,7%. El pasado junio ese porcentaje había descendido al 3,6%, frente al 4,7% del mismo mes de 2019. El problema para ambas entidades -y uno de los motivos por el que analizan su fusión- es que la crisis del coronavirus augura un importante incremento de los impagos y una necesidad creciente de hacer provisiones que irían contra la cuenta de resultados
Por otro lado, la patronal autonómica CEV y el Consell llevan días ejerciendo presión pública, pero también privada, para garantizar que la sede social de la nueva entidad se mantendrá en València, donde en estos momentos tienen fijados sus domicilios tanto Bankia como CaixaBank. Las fuentes consultadas aseguran que las manifestaciones de ayer del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del líder de la CEV, Salvador Navarro, cantando las bondades de la ciudad y expresando su confianza en que la sede no cambie de lugar tienen sobre todo un objetivo preventivo.
Los datos que han trascendido hasta ahora sobre la operación indican que no se moverá la sede, pero es cierto que en negociaciones tan complejas como esta todo puede acabar sucediendo. A favor, los factores son varios. En primer lugar, que no es un elemento trascendente, a diferencia de la sede operativa, donde están los servicios centrales. Ese es el gran caballo de batalla.
Además del compromiso desde el primer día del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri –que sería el presidente ejecutivo de la nueva entidad- con València, está un factor determinante: CaixaBank tuvo que dejar Barcelona como sede social en octubre de 2017 por la deriva independentista. Mientras esta se mantenga, como sucede ahora, no volverá, pero trasladarse a Madrid también es conflictivo para su imagen en Cataluña. Por tanto, València resuelve todos los problemas.
Los consejos, el lunes
Por otro lado, los consejos de administración de CaixaBank y Bankia se reunirán, previsiblemente, el próximo lunes para fijar la fecha en la que celebrarán sus respectivas juntas extraordinarias de accionistas, con el objetivo de aprobar la fusión por absorción de la segunda por la primera. Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la negociación continúa «al más alto nivel» entre los gestores de ambas entidades, cada uno con sus respectivos equipos de asesores, al tiempo que se revisan en profundidad las cuentas para tener perfilados cuanto antes los términos del acuerdo.
EL GOBIERNO MANTIENE SUS DISCREPANCIAS SOBRE LA OPERACIÓN
La ministra Montero tilda de «preocupante» la fusión, mientras Pedro Sánchez ve «buenos mimbres» en ella
Mientras los responsables de Bankia y CaixaBank avanzan en sus negociaciones para cerrar la semana que viene un acuerdo de fusión, las discrepancias en el seno del Gobierno se mantienen al más alto nivel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que la negociación para la fusión tiene «buenos mimbres» para ser una operación «positiva» para la economía española, si bien admitió que se está «lejos» de recuperar el dinero invertido en el rescate bancario de 2012 de Bankia –22.400 millones-, aunque el Ejecutivo tiene el objetivo de maximizar la «participación pública».
En una línea parecida se manifestó la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien aseguró que el objetivo del Gobierno es «maximizar» el valor de la participación pública en la entidad resultante. «Nuestro objetivo en este proceso va a ser siempre el de maximizar el valor de la participación pública en la entidad resultante, si finalmente se llega a un acuerdo para la fusión de las dos entidades», declaró la política española en Bruselas, tras reunirse con varios comisarios europeos, incluido el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Además de «maximizar» el valor de la participación del Estado en el futuro banco, Calviño añadió que en el proceso de unión de Bankia y Caixabank el Ejecutivo también se preocupará por «apoyar la estabilidad financiera, reforzar la estabilidad financiera en nuestro país y con ello también la estabilidad financiera en el conjunto de Europa».
El dinero de Bankia
Preguntada por si cree que con la fusión resultará mas fácil o difícil para el Estado recuperar el dinero público que permitió sanear Bankia, la vicepresidenta económica prefirió no especular, «puesto que se están produciendo las negociaciones entre las dos entidades y son algunos aspectos que están todavía siendo discutidos».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó de «preocupante» la fusión entre CaixaBank y Bankia, porque, a su entender, no beneficiará a la economía española, al tiempo que alertó de los riesgos de la concentración bancaria.
En una rueda de prensa con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras visitar un centro de orientación en cuidados, Montero se refirió al hecho de que los miembros de Podemos del Gobierno no participasen ni conocieran las negociaciones.
En esta línea, la ministra de Igualdad y dirigente de la formación morada pidió discreción y explicó que se hablará en el interior del Ejecutivo de coalición: «Lo que tengamos que hablar, lo haremos», alegó.
