Todos los españoles empezaron a acostumbrarse a partir del mes de marzo a escuchar la palabra ERTE, una figura que ya existía en el ámbito de las regulaciones de empleo, pero que, de forma excepcional, el Gobierno lanzó con unas condiciones especiales por el impacto que el covid estaba causando en la economía. Más de uno conoce o tiene un familiar que ha estado o sigue estando afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De hecho, en esta última situación aún se encuentran 32.987 trabajadores alicantinos, de los más de 132.800 que se contabilizaban en el mes de abril, según la patronal CEV, a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, del paro temporal han salido ya casi 100.000 empleados de la provincia que se han reincorporado a sus empresas.

Durante el estado de alarma, decretado para intentar frenar la expansión del virus y que obligó a cerrar una gran parte de actividades, a excepción de las esenciales, Alicante llegó a registrar un pico de más de 135.000 empleados afectados por estos expedientes, según datos de la Conselleria de Economía. Empresas del comercio, la restauración o los hoteles fueron de las primeras que solicitaron un ERTE.

Más en servicios que en industria

Lógico, si se tiene en cuenta que el estado de alarma les impuso el cierre durante varios meses. Del sector servicios se llegaron a presentar procedimientos que afectaron a más de 101.100 personas, es decir, al 70% del total. De la industria se incluyeron en ERTE a 22.287 operarios y de la construcción a 6.003. Sin embargo, de la agricultura solo a 560. No obstante, conforme ha transcurrido el tiempo, estas cifras se han ido rebajando y las salidas de casi cien mil trabajadores de los ERTE se están produciendo de forma progresiva. Primero, conforme se superaban las fases de la desescalada y, después, cuando llegaba el desconfinamiento, el 21 de junio. Entre mayo y junio, periodo que coincidió con la reapertura de negocios que habían tenido que cerrar durante la cuarentena, se registró el mayor volumen de desafectados, con 44.213.

Después, según los mismos datos de la CEV, entre junio y julio fueron 32.241 los que pasaron de la situación de paro temporal a estar activos en sus empresas. Y, entre julio y agosto, las compañías alicantinas solo sacaron de los ERTE a 8.579 trabajadores. Esta es la cifra más baja desde abril, mes en que 14.863 operarios dejaron de estar afectados por el ajuste temporal de empleo.

Ahora, casi 33.000 alicantinos se encuentran todavía dentro de un ERTE y tienen la gran preocupación de si continuarán en esta situación en octubre, ya que, a finales de este mes, acaba el plazo para aprobar la prórroga de estos procedimientos. Una decisión en la que Gobierno y agentes sociales están de acuerdo.

Las discrepancias

Ambas partes han coincidido desde el inicio de esta crisis en que la medida ha permitido reducir el impacto de la pandemia en el tejido productivo y en el empleo. Sin embargo, a una semana de que expire el vencimiento, persisten las discrepancias sobre el periodo de ampliación, sobre si se mantienen las mismas condiciones o a qué sectores afectaría la prórroga. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó ayer que Gobierno, patronales y sindicatos retomarán hoy la negociación y que «no pararán» hasta alcanzar un acuerdo. Asimismo, dijo que los agentes sociales serán los que determinen el plazo de vigencia de esta nueva ampliación, aunque adelantó que habrá medidas, como los llamados ERTE por rebrote, que «no tendrán plazo». Estos expedientes comenzaron a presentarse en agosto, cuando se tomaron nuevas medidas restrictivas para sectores como los del ocio nocturno o la hostelería para frenar el aumento de los contagios. En la primera semana de la entrada en vigor de las limitaciones impuestas por la Conselleria de Sanidad, en el caso de la Comunidad Valenciana, en la provincia se registraron ya doce solicitudes de expedientes por rebrote de locales del ocio nocturno que afectaban a 45 trabajadores.

Bloqueo

En la última semana, la patronal autonómica CEV, presidida por Salvador Navarro, ha acusado al Ejecutivo de ser el responsable del bloqueo que están sufriendo las negociaciones de los ERTE, «mientras miles de afectados están preocupados por si cuando acabe septiembre seguirán en esta situación, pasarán a un ERE o su empresa acudirá a un concurso de acreedores», según denunció hace unos días Navarro. Todas las partes están de acuerdo en la ampliación, dado que la situación sanitaria y la económica no ha mejorado. Una de las diferencias se encuentran en el periodo de prórroga. Las partes barajan varios escenarios: hasta diciembre de 2020, hasta marzo o hasta junio de 2021. Además, la patronal ha manifestado su rechazo a la sectorialización de los ERTE planteada por el Gobierno, que incluye al turismo y a las actividades perjudicadas directamente por la crisis, mientras que los empresarios han exigido que la ampliación se extienda a todos los sectores. La ministra de Trabajo se mostró ayer «esperanzada y convencida» de que habrá acuerdo para ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre. No obstante, también, hizo un llamamiento a los agentes sociales para hacerlo posible.