Durante la legislatura pasada, la gran batalla empresarial desde el ala de Compromís del Consell tuvo enfrente a grandes proyectos urbanísticos como Puerto Mediterráneo; o a gigantes como El Corte Inglés, por las aperturas dominicales del comercio. En lo que va de Botànic II, sin embargo, el gran pleito es local, y se está produciendo con las cadenas de supermercados, como Mercadona o Consum, a las que quieren imponer, entre otras cosas, un impuesto verde. Estas cadenas tienen dos frentes abiertos con el Consell, el de Economía y el de Medio Ambiente, que en realidad son el mismo, ya que pueden encontrarse de golpe con más burocracia y un gravamen. Se lo juegan en la misma negociación. El primero de estos frentes se deriva de la nueva Ley de Transición Ecológica, cuya tramitación acaba de empezar.

El texto de la Conselleria de Medio Ambiente incorpora un impuesto a las grandes superficies, que ya existe en Cataluña o Asturias, y que, pese a la oposición de los operadores comerciales, está validado incluso por el Tribunal de Justicia de la UE. Por norma general, ese impuesto afecta a las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados, como hipermercados, o grandes almacenes. Lo que se penaliza son las emisiones de CO2 por los desplazamientos en coche que se generan entre sus clientes. Ahora, en el caso de la Comunidad, el primer borrador de la ley gravaba también como novedad a las tiendas a partir de 1.300 m2, cuando estas se sitúan fuera de la trama urbana consolidada y, por tanto, provocan también desplazamientos en coche. Eso impactaba directamente sobre los supermercados, cuyo tamaño medio ronda los 1.500-1.800 metros.

El texto fue enmendado por la propia Conselleria tras algunas reuniones este verano con los empresarios. Así, del anteproyecto se borró esta referencia a las tiendas de 1.300 m2. Parecía un capítulo cerrado, casi un guiño a unas cadenas enfrentadas también con la Conselleria de Economía por el alcance de otro proyecto, el Patsecova. Pero nada más lejos de la realidad. Según la propia consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, la posibilidad de que los supermercados se vean afectados por un impuesto sigue abierta, señala a este periódico. Su posición personal, de hecho, es que el texto debería quedarse «como estaba planteado desde el principio», con los 1.300 metros. Pero el resultado final, añade, dependerá de lo que ocurra con el Patsecova, de Economía, que es la competente para establecer qué es una gran superficie. Es ahí donde entra en juego el segundo frente para los supermercados, representados por la asociación Asucova. Mollà reconoce así la vinculación de las dos normativas que, ahora mismo, las carteras de Compromís abordan sobre el comercio, y que tiene bastante inquieto al PSPV.