Francisco Menargues: «España ha tomado pocas medidas para favorecer la recuperación de las empresas»

R La carga de trabajo desde que se decretó el estado de alarma ha crecido exponencialmente. Los despachos han funcionando con una actividad intensa por la avalancha de normas que se publicaron. Unas normativas que hacían recaer la responsabilidad de las tramitaciones en las empresas y estas acudían a las asesorías para consultar. Además, las administraciones cerraron las puertas durante el confinamiento. En este tiempo, hemos estado muy ocupados con la tramitación de las ayudas para autónomos y empresas, también con los ERTE, además de asesorar a las empresas, ya que muchas están atravesando una situación complicada.

P ¿Cuál es la mayor preocupación que les transmiten los empresarios alicantinos?

R La mayor preocupación es poder continuar trabajando. Las compañías están haciendo lo posible para seguir en marcha. De hecho, de momento, no detectamos un número importante de compañías que hayan cerrado sus puertas. Todas están intentando funcionar. Lo que no sabemos es si lo van a poder conseguir.

P ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la economía alicantina en este momento?

R Las previsiones del Banco de España, Funcas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hablan de un escenario bastante complejo, en el que todos desechamos la idea de que va a haber una recuperación rápida en «V». Parece ser que va a ser en «U» y, además, puede ser bastante larga, en función de la evolución de la crisis sanitaria. Si hablamos de la economía alicantina, esta crisis es más de servicios que de compraventa de mercancías. Afecta al sector servicios, que tiene un gran peso en la provincia, especialmente, en el caso del turismo. Y es ahí donde se nota más un descenso importante en la actividad, por eso nos afecta especialmente a nivel provincial.

P ¿En qué cree que derivará la situación económica en los próximos meses?

R Dependerá de la evolución de la crisis sanitaria y de las medidas que se adopten ahora. Estamos pendientes de qué va a pasar con los ERTE. Y estas medidas serán importantes para poder ver si las empresas pueden salir adelante o no. La mayoría está aguantando. No hay un gran número que haya cesado la actividad, pero la mayoría van muy justitas.

P ¿Los ERTE están tapando el efecto real de la pandemia en el empleo? ¿Qué pasará después de los ERTE?

R Es cierto que los ERTE pueden hacer que algunas empresas estén viviendo artificialmente, pero era una medida necesaria. Se ha producido un bajón importante en la demanda y había que arbitrar planes de choque para que las empresas no tengan que cerrar. Es importante que se prorroguen los ERTE para todos los sectores. No sólo para la actividad del turismo. Y, como mínimo, deben ampliarse hasta que la situación se normalice. No se trata de que se den subvenciones indefinidamente para mantener artificialmente las sociedades, porque no es bueno. Pero estamos en una situación especial y hacen falta medidas excepcionales.

P ¿Las ayudas de la Unión Europea están aseguradas?

R Las ayudas europeas van a depender de que se adopten determinadas medidas que las autoridades comunitarias nos van a decir que tenemos que cumplir.

P ¿Es decir, nuevos ajustes, reformas?

R Sí. Y está bien que la Unión Europea y todos nos aseguremos de que ese dinero se invierta adecuadamente. Creo que estarán garantizadas, pero tendremos que cumplir algún tipo de condición para poder recibirlas.

P Al margen de la propia crisis del coronavirus, ¿qué diferencia hay en su impacto en el empleo con la anterior recesión?

R Esta es una crisis coyuntural y no estructural. En teoría, si la situación sanitaria fuera la normal, no estaríamos en crisis. No es un ciclo estructural de la economía. Por eso tienen razón de ser estas medidas de las que hemos hablado. En una crisis estructural, por ejemplo, si mi empresa no es rentable porque pongo un videoclub, pero no hay demanda en el sector, no tiene sentido que me subvencionen por abrir este tipo de negocio.

P ¿Cree que, al igual que en la anterior crisis, va a aumentar la desigualdad, la brecha social y económica?

R Esa es una circunstancia que se está produciendo en todos los países y, por desgracia, es cierto que cuando se producen crisis de esta naturaleza, las desigualdades se agudizan. No tengo datos concretos, pero en todas las crisis se produce esa situación. Espero que no impacte demasiado y sea algo coyuntural y que todo vuelva rápidamente a la normalidad. Aunque, como hemos comentado antes, la recuperación va a ser lenta.

P ¿Los economistas echan en falta alguna otra medida que ayuden a superar la actual situación?

R Creo que España ha adoptado pocas medidas para favorecer la recuperación de la actividad económica de las empresas. Alemania, por ejemplo, ha reducido los impuestos. Además de los ERTE y las ayudas a autónomos y empresas, poca cosa más se ha hecho aquí. Se han aplazado un poco los impuestos, pero solo un mes y medio. Echo en falta más medidas y más contundentes para intentar mantener el tejido productivo.

P Y los políticos no parece que ayuden a avanzar en algún tipo de acuerdo.

R No parece. Y nosotros tenemos un problema. Nos afecta especialmente porque hemos tenido el confinamiento más largo y más duro de todos los países de la UE. Segundo, porque nuestro tejido productivo está formado por pymes y eso nos afecta más. Tercero, porque nuestra economía está basada, fundamentalmente, en el sector servicios. Y esta es una crisis de servicios. Y, cuarta, porque hemos tenido poco margen para adoptar medidas fiscales y financieras, ya que hemos sido muy poco ahorradores, muy descuidados. En la época en que las cosas funcionaban bien, no nos preparamos, ya que hemos aumentado el déficit público y no hemos hecho los ajustes que teníamos que hacer. Entonces, ahora, nos ha cogido en una posición en la que no tenemos capacidad de reacción. Y eso nos está afectando especialmente.

P ¿Subidas o bajadas de impuestos?

R Creo que no es el momento para subir los impuestos. Me da la sensación de que el Gobierno también lo ha entendido así, porque, de momento, no lo ha hecho. Ahora es el momento de lo contrario, de intentar incentivar el consumo, bajando los impuestos. No es fácil, porque no tenemos mucho margen, como he comentado, pero no creo que sea el momento para grandes subidas fiscales.

P ¿Alguna otra medida sería posible?

R Se tenían que haber adoptado medidas financieras más sencillas. Se han arbitrado préstamos ICO, pero en gran parte han ido a parar a empresas que, realmente, no los necesitaban. Y en el tema fiscal, se tenía que haber arbitrado alguna ayuda más concreta. Han sido para las compañías que se han visto obligadas a cerrar y para las que su cifra de negocio se ha reducido un 75%. ¿Pero qué pasa con las que han visto reducido su volumen de negocio un 60% o un 65%? Las ayudas han sido escasas.

P Se teme que después de los ERTE vengan ERE y concursos de acreedores. ¿Cuál es la evolución de los procesos concursales en Alicante?

R Tampoco se han registrado muchos. Es cierto que existe esa previsión de que pueden venir ERE y concursos de acreedores. La Administración de Justicia ha sacado ya medidas concretas para intentar adaptarse a esa situación que previsiblemente llegue. Son medidas de funcionamiento para aligerar la carga de trabajo de los juzgados con el fin de poder destinar más recursos a la tramitación de los procesos concursales que se prevé que vendrán. De momento, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre la posibilidad de que las empresas en situación de insolvencia se vean obligadas a solicitar el concurso de acreedores. Normalmente, cuando una compañía está en situación de concurso tiene dos meses para solicitarlo. Ahora, el plazo se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre porque se entiende que la situación de insolvencia es coyuntural. Se trata de dar un respiro a las empresas.

P Entonces, ¿los concursos repuntarán a partir de enero de 2021?

R Los concursos se incrementarán a final de año y a principios del próximo.

P ¿Por dónde cree que debe ir la reforma del modelo de financiación autonómica?

R Es complicado. Pero lo que está claro es que el modelo actual perjudica a algunas autonomías, entre ellas a la Comunidad Valenciana. Es un modelo que no es justo y que necesita una reforma. Hay que cambiar de modelo, de sistema, por uno más justo, más acorde con la población real de cada autonomía, no con la población nominal, y con la necesidad que tenga cada una de prestar servicios. Eso no quiere decir que se pueda dar manga ancha y que se tenga que financiar todo lo que las comunidades autónomas pidan. Lo que está claro es que el sistema actual penaliza a autonomías como la nuestra.

P ¿Hay alguna novedad sobre el texto de la Ley de la Segunda Oportunidad?

R Son temas más técnicos. La novedad significativa será la trasposición de la Directiva europea de insolvencias porque va a cambiar radicalmente la ley concursal que tenemos ahora. Y se le va a dar más importancia al tema de la prevención para que las empresas no entren en concurso. Está previsto que se haga en julio de 2021.

P ¿Qué es lo que les demandan las nuevas generaciones de economistas?

R Por un lado, nos demandan lo de siempre: el sentido de pertenencia a un sector, que es importante; el tema de la formación e incidir en la bolsa de empleo. Pero lo importante es que las nuevas generaciones rejuvenecen al colegio. Hacen que sea una entidad más abierta, más proclive a las nuevas tecnologías. Y lo que esto produce es que el desempeño de nuestra profesión va cambiando. Antes, todo se hacía en papel y, ahora, más de forma digital. El Consejo General de Economistas de España tiene un registro especializado en nuevas tecnologías, porque entendemos que es importante y transversal para todas las actividades del Colegio.

P Este año había elecciones en el Colegio de Economistas de Alicante.

R Teníamos elecciones, pero por la crisis del covid-19 no se han podido celebrar. Además, puede que no se celebren este año, ya que estamos pendientes de que se apruebe la ley de unificación con los titulares mercantiles. Llevamos cuatro años con este tema. Ahora está en la mesa de las Cortes y esperamos que se apruebe este mes o el que viene. Lo que había era un proyecto de ley. Pero cuando se apruebe la ley, las juntas de los dos colegios se disolverán, se harán unos estatutos nuevos y se convocarán elecciones. Si la aprobación es inmediata, convocaremos elecciones, una vez que tengamos los nuevos estatutos para el nuevo colegio.

P Entonces, ¿hablamos de 2021?

R Sí. Si vemos que se retrasa este proceso, convocaremos elecciones.

P ¿Tenía previsto volverse a presentar a la reelección?

R No estaba decidido. Y tampoco está decidido ahora. Como estamos en este impasse es un tema que tengo que ver con la junta.

P ¿Pero si las elecciones ya se tendrían que haber celebrado, seguro que tenía pensado lo que iba a hacer?

R Con el tema del covid no nos ha dado tiempo a pensar nada. Nos cogió la crisis del covid por sorpresa.

P ¿Pero hay posibilidades de que se presente de nuevo?

R Hay posibilidades porque sería el primer mandato del colegio unificado y estaría bien. Pero no está decidido.

P Si se suman los titulados mercantiles, también puede surgir un candidato por esta parte o de dentro del propio Colegio, como pasó en la convocatoria anterior.

R Claro que sí. Lo que está ocurriendo en el resto de colegios de economistas de España, precisamente en aras a la integración, es que en la primera junta que está saliendo de las elecciones del nuevo colegio unificado, el decano es un economista y el vicedecano, un titulado mercantil. Pero no tiene por qué ser así, ya que las elecciones son libres y se puede presentar quien quiera.

P ¿Cuántos colegiados sumarán con la unificación?

R Los titulados mercantiles son alrededor de 400 en la provincia y nosotros somos unos 1.800. Es decir, seremos más de 2.000.

De cerca: De botones y director de banca a auditor

Francisco Menargues es ilicitano y lleva al frente del Colegio de Economistas de Alicante desde hace 16 años, al haber sido elegido en las cuatro convocatorias a las que se ha presentado. No quiere desvelar si optará a la quinta, pero se intuye que quiere afrontar el reto de gestionar el nuevo colegio unificado con los titulados mercantiles. Al margen de ello, en su carrera profesional cuenta con una larga trayectoria, ya que comenzó a trabajar a los 16 años. Ahora tiene 60, por lo que más de cuarenta los ha dedicado a la vida laboral. Aunque su dedicación siempre ha girado en torno al mundo económico y de las finanzas, el desempeño de los distintos puestos que ha ocupado ha sido variado. A él le gusta recordar que «empecé como botones» en el banco (el antiguo Banesto). De esta función, hoy desaparecida en las entidades financieras, que desempeñó a los 16 años, pasó rápidamente por distintos departamentos del banco hasta llegar a ser director de oficina. Menargues terminó la carrera de Económicas estando trabajando en banca. «Incluso la entidad me pagó una beca para terminar los estudios», cuenta. Pero, después, hizo un máster de auditoría y fue en 1988 cuando pasó al ejercicio liberal de la profesión. ¿Por qué? Porque me gustaba trabajar en ello. En las de economista auditor de cuentas; de interventor judicial en suspensiones de pagos; de depositario o comisario en quiebras; de administrador concursal y como consultor fiscal-contable de empresa. «Me gustan todas las áreas, pero me siento fiscalista y auditor», confiesa. Menargues gestiona el despacho Altamira Asesores y Consultores de Elche. Cuando fue elegido decano del Colegio se convertía en el tercero que ocupaba el cargo desde su fundación en 1979. Le precedieron Raúl Ferrer Guardiola y José Francisco González Carbonell. Uno de los principales hitos de la entidad durante su decanato fue la de reformar la sede de la calle San Isidro, en Alicante.

Los economistas reclaman ser administradores de insolvencias

Si, finalmente, se presenta a la quinta reelección para presidir el Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues tendrá el reto de gestionar la primera junta unificada con los titulados mercantiles. Pero, además, en este mandato estará pendiente de la nueva Directiva europea de insolvencias y de que se pueda conceder a los economistas la figura del administrador de insolvencias.

P Si se presentara y saliera reelegido decano, tras cuatro mandatos, ¿qué le gustaría aportar en el quinto?

R El Colegio de Economistas ha hecho muchas cosas. Nosotros cumplimos 40 años en 2019. Un tiempo en el que hemos avanzado mucho. El Colegio se ha modernizado, también su sede. Damos una imagen de una profesión moderna, que está al día con las nuevas tecnologías. Una profesión que avanza con los tiempos y que está siempre intentando ayudar a la sociedad. Y el próximo mandato debe ser el de la integración de los dos colectivos: los economistas y los titulados mercantiles. Una unificación no se hace solo por una ley, hay que incorporar y hacer que todo el mundo se sienta partícipe del nuevo colegio. Ese sería uno de los retos y otro, seguir profundizando en que los compañeros tengan una buena formación para estar al día y prestar servicios de calidad, así como incidir en la bolsa de empleo, máxime en estos tiempos en los que no es fácil encontrar trabajo. Asimismo, tenemos que reforzarnos en las nuevas tecnologías. Además, están saliendo nuevas profesiones y otras clásicas están desapareciendo. Y algunas que están apareciendo tienen que ser reclamadas por los economistas.

P ¿Como cuáles?

R Estamos pendientes de que se trasponga la Directiva europea de insolvencias. En esa normativa se nombra a una especie de administrador de la insolvencia. Una persona que se designa por el juzgado para tratar de evitar que la empresa entre en un proceso concursal. Nosotros entendemos que esta figura es propia de un economista por su actividad. Pero aún no está legislado. Hay que estar atentos para que en estas actividades nuevas que surjan estemos presentes.

P ¿Y esta figura quién la ejerce ahora?

R Nadie porque no existe. Ahora están los administradores concursales y la nueva Directiva de insolvencias lo que pretende, precisamente, es que las empresas no entren en un proceso concursal. Las que puedan tener salvación. Y se nombraría a un experto para intentar gestionar esa situación de insolvencia.