Ferri y Baldó zanjan en dos minutos el juicio por los negocios de la CAM en el Caribe

Después de tres aplazamientos, todos ellos entre junio y septiembre del año pasado en un intento de alcanzar un acuerdo global de conformidad que no fue posible, la vista oral ha arrancado en un Madrid al que el confinamiento perimetral en que se encuentra no ha logrado paralizar pero sí quitarle vida.

Como en ocasiones anteriores, los exdirectivos de la caja, acompañados de sus abogados, llegaron a la Audiencia Nacional por un lado y, un poco más tarde, los empresarios junto a los suyos lo hicieron por otro. Saludos de cortesía, algún que otro aparte de López Abad con la defensa de los hoteleros y poco más en los instantes previos al inicio de un juicio al que quedada claro que ambos bandos no concurrían en iguales condiciones, lo que se dejaba notar en sus semblantes.

Las mascarillas KN95 con las que los exaltos ejecutivos se protegían del virus (y que se cambiaron por otras quirúrgicas tras el receso de media mañana) no ocultaban una tensión que contrastaba con la tranquilidad que irradiaban los empresarios sabedores de que su presencia ayer en la Audiencia iba ser corta, que se iba a poner casi punto y final a un proceso que les ha acarreado más de un sinsabor.

Y así fue. Su dinero les ha costado, también es cierto. Casi treinta millones sumados a los 12,5 con que repararon al Fondo de Garantía de Depósitos (que saneó la caja inyectándole más de 5.000 millones y algo quería recuperar) más saldar las cuentas pendientes con Hacienda, que se avino a rebajar de seis a tres los delitos fiscales que les atribuía a los hoteleros a cambio de asegurarse que iba a recuperar parte de lo que reclamaba.

Como contrapartida, y en el peor de los casos, ambos se aseguran una petición de pena que no supera los dos años (6 meses por la administración desleal más otros seis por cada uno de los tres delitos fiscales). O lo que es lo mismo, tienen garantizado que no ingresarán otra vez en prisión por estos hechos.

Firmado como estaba el acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Fondo, ayer Ferri y Baldó solo tuvieron que decir «sí, lo ratifico» ante el mismo tribunal que, en dos minutos, les permitió abandonar la sala hasta el último día del juicio atendiendo la petición que había planeado su letrado, Esteban Mestre, quien adujo entre otros motivos el riesgo que supone estar en Madrid en estos momentos.

La decisión no gustó a los abogados de los exdirectivos quienes, en el caso del de López Abad, planteó su oposición a que los empresarios se marcharan «porque el juicio se debe practicar en su totalidad y han de estar aquí para que no afecte al derecho de defensa».

Pablo de la Vega, letrado de Gil, y Eliseo Climent, de López Abad, calificaron la conformidad de «fraude de ley» que incriminaba a sus clientes al admitir un delito de administración desleal, es decir, haber recibido para los negocios en México y la República Dominicana créditos irregulares de la CAM a cuyo frente estaban los otros dos acusados. «Aceptar ese cargo es el peaje que han tenido que pagar para llegar a un acuerdo en el delito fiscal», matizó Climent.

Los proyectos los ponía en marcha Valfensal, una sociedad participada por la CAM en un 30% a través de holding inmobiliario de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Tanto la fiscal como el abogado del Fondo, Carlos Gómez-Jara, incidieron en el derecho de los acusados a admitir los hechos, una legitimidad que la sala ratificó.