La pregunta la soltó a bocajarro el abogado del Fondo de Garantía de Depósitos cuando ya iba mediada la mañana. «¿Cuánto invirtió la CAM en Valfensal (la sociedad participada en un 30% por la caja y en el 70% restante por los empresarios Juan Ferri y José Baldó con la que la entidad se lanzó a su aventura hotelera en el Caribe)? «Unos 130 millones», respondió el exdirectivo de la caja Daniel Gil Mallebrera. «¿Y cuántos dividendos repartió la mercantil?», volvió a preguntar el letrado Carlos Gómez-Jara. «Nada. Cero», acertó a decir Gil.

Esto ocurrió ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a Gil y al exdirector general de la CAM Roberto López Abad por un delito de administración desleal. Un cargo por el que ambos se enfrentan en solitario a una petición de cuatro años de prisión después de que sus otros dos ya excompañeros de banquillo, los dos empresarios, hayan resuelto su participación en la causa admitiendo los hechos, que incluyen además del delito societario tres fraudes fiscales. El acuerdo les ha supuesto un desembolso de casi 30 millones pero les garantiza que, en el peor de los supuestos, no acabarán entre rejas.

A preguntas del representante del Fondo, entidad que ya ha cobrado 12,5 millones de los hoteleros fruto de ese pacto de conformidad, la misma cantidad que reclama a los exdirectivos, Gil Mallebrera explicó que Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), con la que la CAM se asoció con Ferri y Baldó en Valfensal, era una participada y que lo que no se repartía se quedaba como patrimonio para la sociedad. El acusado añadió que los dividendos se estaban reinvirtiendo y cuando Gómez-Jara le inquirió si eso se comunicaba a la CAM, el exdirectivo le espetó: «No entiendo por qué teníamos que hacerlo».

«Sin trato preferente»

La declaración de Gil copó buena parte de la jornada de ayer después de que el lunes testificara López Abad, quien aseguró que él no tenía facultades para aprobar créditos y enmarcó las relaciones con sus socios en Valfensal dentro del ámbito estrictamente profesional. El mismo en el que las situó Gil, quien dijo que se relacionaba con los hoteleros como con el resto de los clientes top de la caja y negó que se diera a Valfensal un trato preferente. «¿Entonces, dónde están los informes de viabilidad de las operaciones que la caja le financiaba», se interesó la fiscal anticorrupción. «Yo también me lo pregunto. Los informes estaban en la CAM, en el expediente de cada cliente. Ya me hubiera gustado a mí sacar la documentación que había allí», se lamentó el exdirector de Empresas y de Inversiones Inmobiliarias.

A preguntas de la acusación pública, Daniel Gil insistió en que Valfensal pagó hasta el último céntimo de los créditos que pidió, con lo que la caja participaba en la sociedad y la financiaba al mismo tiempo, y calificó de «opinión» el informe del Banco de España que tachaba de «irregular» la gestión de la sociedad. «Generó más de 100 millones de beneficios y el 30% se vendió con unas plusvalías del 48%, ¿dónde está lo irregular», preguntó Gil.

Pero el abogado del Fondo le tenía guardada la pregunta. «¿Quién lo compró?». «Los señores Ferri y Baldó», respondió Gil. «¿Los mismos que no repartían beneficios?», apuntilló el letrado.

Gil quiso dejar claro que Valfensal abonó los intereses y que devolvió «entre 8 y 10 millones». «Pero se les refinanció la deuda», volvió a intervenir el abogado. «No, se les reestructuró para darles una cadencia de cuatro años en el pago del capital», puntualizó Gil. Cuestionado después por su abogado, Pablo de la Vega, agregó que «si no hubieran pagado nos habríamos quedado con la sociedad».

Beneficios en un paraíso fiscal

A lo largo de su comparecencia, el acusado explicó que de la gestión de la sociedad se ocupaban en exclusiva los empresarios, pero que en un momento dado, sobre el 2010, poco antes del hundimiento de la CAM, dijeron que querían cobrar por hacerlo y se firmó un contrato millonario con una empresa holandesa cuyos ingresos, precisó Gómez-Jara, acabaron en una cuenta de Andorra a nombre de los hoteleros.

El exdirectivo estaba al corriente de que los beneficios que no se repartían, y que él asegura que servían para recapitalizar la sociedad, se encontraban en Jacksonport, una sociedad radicada en un paraíso fiscal de las Antillas a cuya cuenta no tenían acceso, dijo. Apuntó que informaba de todo a López Abad «porque era mi superior inmediato» y aseguró estar «anonadado» por encontrarse ante un tribunal por estos hechos.