Ocho años de prisión. Es la pena que ha impuesto la Audiencia Nacional al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por haber causado la quiebra de la multinacional y, principalmente, haber engañado al mercado e inversores sobre la situación real de la pesquera. Seis años de cárcel se derivan de la comisión de delitos de índole económica al frente de la empresa, fundada por su padre en 1960; otros dos, por un delito de blanqueo de capitales, misma pena que ha recaído sobre su esposa, Rosario Andrade Detrell. Y, con él, han caído los pesos pesados de la antigua cúpula de gestión, condenados, en este caso, a más de tres años de cárcel.

Multa a la auditora

La sentencia señala duramente a la auditora BDO, condenada a dos años de multa. Pero impone pena privativa de libertad a su socio y responsable de la auditoría en Pescanova, Santiago Sañé, por haber cometido un delito de falseamiento de información económica y financiera. En una sentencia de más de 600 páginas, el Tribunal ha motivado asimismo las razones para la exoneración del hijo de Sousa, Pablo Fernández Andrade, así como de su hermano Fernando. Los hombres de paja, fichados desde 2008 para crear una red de instrumentales y crear un entramado de facturación ficticia, también han quedado absueltos.

Prácticas irregulares

La sentencia, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración, Manuel Fernández de Sousa, que contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo Pérez Uros; el financiero, dirigido por Antonio Táboas, y empleados de confianza. Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera de 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares.