Ningún estudio de la viabilidad económica de los proyectos que la CAM financió en el Caribe vieron los auditores a los que los administradores provisiones de la caja encargaron un estudio sobre la aventura hotelera de la entidad al otro lado del Atlántico. Un informe con el que el FROB, que se hizo cargo de la entidad tras su intervención por el Banco de España, presentó la querella que dio origen del proceso que ahora se está juzgando en la Audiencia Nacional.

Ante el tribunal que se sientan los exdirectivos Roberto López Abad y Daniel Gil acusados de administración desleal respondió ayer a las preguntas de las partes el representante de Deloitte, autora de un estudio que no cuestiona el modelo de negocio, «sino cómo se gestionó». A través de TIP, una tenedora de participaciones, la CAM (30%) se asoció con los empresarios Juan Ferri y José Baldó (70%) para montar negocios hoteleros en el Caribe que la caja además financiaba sin que llegaran a repartirse dividendos pese a haber beneficios.

A preguntas del Ministerio Público, el perito precisó que se les encargó la auditoría «por el gran volumen de riesgo» que suponía para la caja, que uno de los principales problemas era el pago de los préstamos y que las operaciones, además de carecer de ese informe de viabilidad, estaban escasamente documentadas. «Había certificaciones de obras pero no la documentación que tenía que acompañarlas», citó como ejemplo.

Según sus conclusiones, «faltó control por parte de la CAM, aunque el momento era el que era (...) si se hubiera fiscalizado más se podían haber evitado irregularidades, pero en aquella época era habitual esa falta de vigilancia. En esa caja y en otras», apostilló.

Frente a lo mantenido a lo largo de la vista por las defensas, el perito sí consideró preceptivas las tasaciones, aunque se tratara de proyectos hoteleros y no solo inmobiliarios, y llamó la atención sobre detalles de algunas de las cinco operaciones bajo sospecha. Como que la misma cantidad de dinero que se iba a destinar para comprar un terreno que después no se adquirió se dedicara a hacer unas obras sin modificar un céntimo. «Las relaciones de la CAM con Valfensal eral globales, no operación a operación. Unas podían salir mejor y otras peor. Había un trasvase de dinero de unas a otras», dijo.

El auditor abundó en que «las garantías de la sociedad con que se operaba eran reducidas para el volumen de los préstamos al tiempo que cuestionó «unas inversiones que iban más allá del objeto social de las cajas, que era su entorno y uno el Caribe.

Las defensas intentaron sembrar dudas sobre el fiabilidad del informe. En ese sentido fueron parte de las preguntas planteadas por la defensa de Daniel Gil, el letrado Pablo de la Vega de Garrigues, quien se interesó por si el FROB había facilitado a Deloitte toda la información que había en la entidad cuando se hicieron cargo de ella.