No hay manera de cuadrar las cuentas. Mientras los gastos de las administraciones no dejan de crecer, por el esfuerzo necesario para pagar los ERTE, las ayudas a los autónomos o los refuerzos del sistema sanitario, los ingresos de las arcas públicas siguen acusando el impacto que ha supuesto la pandemia en la actividad económica. De esta forma, solo en la provincia de Alicante la Agencia Tributaria ha dejado de ingresar en lo que va de año más de 212 millones de euros como consecuencia de la crisis provocada por el covid-19, o lo que es lo mismo, ha sufrido una caída del 9% en la recaudación de los principales impuestos de carácter estatal.

Un descenso que cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que hasta el pasado mes de marzo la evolución era justo la contraria. Es decir, los ingresos tributarios crecían a un vigoroso ritmo del 11%, al calor de la mejora del empleo y del aumento del consumo.

De esta forma, según el último informe elaborado por el organismo público, entre enero y agosto los ingresos por los principales tributos de carácter estatal alcanzaron los 2.146 millones de euros en la provincia, frente a los 2.358 millones del mismo periodo del año pasado. Un retroceso del 9%, ligeramente inferior al experimentado en el conjunto del país, donde la caída de la recaudación fue del 10,3%, al pasar de los 138.036 a los 123.779 millones de euros en el mismo periodo.

Unos datos que, en opinión del presidente de la comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez, reflejan tanto la dureza de la crisis provocada por la pandemia, como los efectos de los aplazamientos y otras medidas que adoptó la Administración para evitar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuyera a ahogar a las empresas.

De los tres grandes gravámenes del sistema fiscal español -IVA, Impuesto sobre la Renta e Impuesto de Sociedades-, el que más cae es el que grava el beneficio de las empresas, que retrocede un 17,6%, al pasar de 313,1 a 257,9 millones de euros. Un descenso fruto del deterioro de las cuentas que han sufrido la mayoría de negocios en estos meses y que llevó a que el Gobierno permitiera a las pymes abonar los pagos fraccionados a cuenta de este tributo en función de la evolución del año en curso, en lugar de hacerlo en base a las cifras del ejercicio anterior, como suele ser habitual, lo que hubiera supuesto una mayor factura para las empresas, como recuerda Pérez.

Vencimiento de plazos

Por su parte, los ingresos por el IVA cayeron un 9,3% -de 998,6 a 905,5 millones de euros-, debido al freno que experimentó el consumo, especialmente en los meses de confinamiento, pero también a los menores ingresos por el IVA de la importación y por los aplazamientos que otorgó Hacienda. En concreto, como recuerda el experto del Colegio de Economistas, la Agencia Tributaria permitió retrasar seis meses el pago de las declaraciones, con los primeros cuatro meses libres de interés de demora.

Un aplazamiento que, como recalca Antonio Pérez, vence el próximo 20 de noviembre, cuando las empresas que lo solicitaron deberán abonarlo. «La mayoría podrá pagar, pero no sería una mala idea otorgar un nuevo plazo para las empresas de aquellos sectores más afectados, como el turismo, que no han recuperado la actividad», señala el experto.

Por último, la recaudación del Impuesto sobre la Renta cayó un 5,8% entre enero y agosto en la provincia, al pasar de 891 a 839 millones de euros. El principal motivo son las menores retenciones que se aplican en las nóminas, lo que está relacionado con la gran cantidad de trabajadores que se vieron afectados por ERTE.

Como es lógico la caída de recaudación de la Agencia Tributaria afectó a toda España, con alguna excepción como Navarra, por efecto de su régimen foral. Baleares sufrió el mayor impacto, con un 21,8% menos de ingresos. En el conjunto de la Comunidad Valenciana el descenso fue del 6,2%.

LAS EMPRESAS ALARGAN LOS PLAZOS DE PAGO QUE EXIGEN A SUS CLIENTES


Un 39% de las mercantiles ya concede más de 90 días para abonar sus facturas antes de considerarlas en mora


La Agencia Tributaria no es la única que ha optado por alargar los plazos para facilitar los pagos. La crisis desatada por el covid-19 ha provocado que la protección de las carteras de clientes se haya convertido en una prioridad para la mayoría de las empresas, por lo que muchas están optando por conceder más tiempo para abonar las facturas que emiten. Una medida con la que quieren evitar que se deteriore la relación comercial con estos clientes e, incluso, facilitar su supervivencia.

Así, según un estudio de Crédito y Caución, hasta el 39% de las compañías españolas ya espera más de 90 días antes de considerar que un cliente les ha dejado un impagado e iniciar los trámites y reclamaciones pertinentes. Otro 22% prolonga entre 30 y 60 días este plazo, el 26% espera menos de 30 días y sólo un 13% exige el pago al vencimiento de la factura.

En la misma línea, aunque la legislación reconoce el derecho de los proveedores a reclamar intereses de demora si los clientes se retrasan, lo cierto es que la mayoría de las empresas renuncian también a esta posibilidad, con el mismo objetivo de cuidar la relación con sus clientes. Así, hasta el 53% de los consultados por Crédito y Caución nunca aplica estos recargos, frente a un 40% que lo hace «a veces» y solamente un 7% que asegura cobrar siempre que uno de sus clientes se retrasa a la hora de abonar sus productos y servicios. Eso sí, el 98% exige menos intereses de los que podría por ley.