El tsunami normativo de los ERTE

Todos estos conceptos son introducidos con la publicación del primer Real Decreto-Ley 8/2020 el día 17 de marzo y, a partir de ahí, ser produce un tsunami normativo con la publicación por parte del Gobierno de 21 reales decretos que arrastrará a empresas y asesores de toda España, traduciéndose en un caos que afectará tanto a las administraciones públicas como a las empresas. A partir de ese momento se descarga en los asesores toda la responsabilidad a la hora de responder a las consultas de sus clientes sobre si, en base a una normativa de difícil interpretación, podían o no seguir con la actividad de sus negocios.

Antes del estado de alarma, nueve de cada diez asesores nunca habían tramitado un ERTE. La falta de información y de atención, tanto telefónica como presencial por parte de las administraciones que se mantienen herméticas e inaccesibles, hacen que la inseguridad jurídica sea más que palpable para los asesores. Las administraciones no atienden por ninguno de los medios habilitados y las dudas quedan sin respuesta. Entre tanta vorágine normativa, lo que sí se podía discernir con mucha claridad eran las posibles sanciones aplicables ante cualquier infracción.

Situación compleja que la mayoría de las empresas, incluso las más pequeñas, conseguimos solventar dotando de infraestructura y medios necesarios a nuestros trabajadores, adaptando los procedimientos de trabajo para continuar con la actividad desde los domicilios, por lo que resulta difícil entender cómo las administraciones no han sido capaces de saber adaptarse a las circunstancias.

Como contrapartida, asesores repartidos por toda la geografía española en la misma situación crean sinergias y aúnan esfuerzos con la creación de grupos de trabajo y foros donde se ponen en común las dudas y posibles soluciones a cada caso concreto. Asesores que, sin conocernos, nos prestábamos ayuda los unos a los otros basándonos en nuestras propias experiencias, e incluso dando ánimos a aquellos compañeros que se veían sobrepasados por la presión.

Inmersos en jornadas interminables de lunes a domingo, nos vimos abocados a dejar a un lado nuestras situaciones personales y responsabilidades familiares, y nuestras vidas se convierten en una contrarreloj para cumplir con los trámites y plazos establecidos para la presentación de los ERTE, sin dejar de atender el resto de obligaciones. Preparación de extensa documentación, además de la tramitación de las prestaciones por desempleo de los trabajadores, cuya responsabilidad también recae sobre las empresas.

Parte importante de la documentación la debían aportar los trabajadores, informándoles de la solicitud del ERTE. Trabajadores que, recordemos, estaban confinados en sus domicilios, por lo que recabar la firma de cientos de trabajadores en un corto plazo de tiempo se convierte en una ardua tarea.

SEPE, ITASS, TGSS, todos estos organismos requerían documentación con criterios e interpretaciones dispares. Sólo la Tesorería General de la Seguridad Social, en un intervalo de seis meses, ha publicado hasta 17 boletines de noticias para establecer, en unos casos, las actuaciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los trámites y, en otros, aclarar sus propias instrucciones publicadas en boletines anteriores.

El Servicio Público de Empleo para la comunicación de las variaciones en la situación de los trabajadores afectados por un ERTE solicitaba la utilización de diversos formularios, cada uno de un color, y así nos hemos encontrado con formatos de color naranja, morados y verdes.

En la Tesorería General de la Seguridad Social, para distinguir la situación concreta de cada trabajador dentro de un ERTE, se debían utilizar determinadas letras del abecedario y, probablemente de aquí a final de año, hayamos utilizado prácticamente casi todo el abecedario. Con estos ejemplos, quiero dar algunas pinceladas que den una idea de lo complicado que ha sido el día a día de un asesor, enfrentándonos a una gran cantidad de normativa difícil de interpretar, falta de procedimientos claros y una total descoordinación entre los distintos organismos, sin obviar la escasez de información y respuesta a la que ya hemos hecho mención.

No sin muchas dificultades, se tramitan la gran cantidad de ERTE y nos encontramos con el hecho de tener que gestionar las prestaciones por desempleo de los trabajadores, provocado por el cierre de las administraciones públicas y la restricción de movimientos que hace inviable que el trabajador pueda acudir a las oficinas de empleo. La avalancha de solicitudes de ERTE y las prestaciones por desempleo provoca que las oficinas de empleo se vieran desbordadas. El término «desbordado» fue utilizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a finales de marzo para referirse al colapso administrativo que sufrían. En el mes de abril la mitad de los trabajadores afectados por un ERTE no habían cobrado las prestaciones, y se responsabiliza a las empresas del retraso en el cobro basándose en supuestos errores cometidos, hecho que indigna sobremanera a nuestro colectivo puesto que, en ningún momento, se reciben notificaciones al respecto para su subsanación.

Los asesores nos hemos dedicado a velar por los intereses de nuestros clientes con esfuerzo y honestidad siendo partícipes de sus preocupaciones, pero también de los trabajadores que han vivido situaciones realmente complicadas debido a los problemas económicos por la falta de ingresos. Desesperados, y sin posibilidad de obtener una cita presencial o contactar telefónicamente con el Servicio Público de Empleo, nos convertimos en sus interlocutores intentando por todos los medios posibles comunicar con la Administración para agilizar el cobro de sus prestaciones.

Quisiera diferenciar a las administraciones como organismo de las personas que trabajan en ellas. Somos conscientes de que no han dispuesto de los medios necesarios para poder realizar su trabajo con total efectividad, que los procedimientos de trabajo establecidos han sido ineficaces y han sufrido, igualmente, jornadas maratonianas. La Administración es responsable y estaba obligada a poner los medios necesarios para que los funcionarios pudieran trabajar con eficacia, que los profesionales tuviésemos líneas operativas para comunicarnos dando respuesta a nuestras solicitudes de información de los procedimientos, forma y plazos. Y este caos se ha trasladado a todos los usuarios.

A día de hoy, sumamos y seguimos, y nos encontramos con el último Real Decreto 30/2020. Tras un análisis exhaustivo del mismo, comprobamos que, además de los ya conocidos ERTE y ETOP, añadimos nuevos conceptos como ERTE de fuerza mayor por restricciones, limitaciones, y aquellos en los que hay que tener en cuenta la actividad económica de las empresas y, de nuevo, difícil interpretación e inseguridad jurídica.

Aprovecho estas líneas también para dar las gracias a los trabajadores de todas las asesorías, llámense Belén, Encarni, Alexandra, Beatriz o M. Carmen o cualquier otr@ que han dado todo lo posible y lo imposible para tramitar esta extensa documentación en tan poco tiempo.

Confiamos en que lo aprendido y la experiencia de estos meses atrás nos ayude a todos a afrontar mejor los retos que aún se nos presentan, y que todos los profesionales, cada uno en su ámbito de actuación, podamos contar con más apoyo y menos trabas por parte de la Administración del Estado en beneficio de todos. 