Los concursos de acreedores bajaron un 18,3% en la provincia en el primer semestre respecto al mismo periodo del pasado año, al pasar de los 257 procesos a los 210. Los relativos a hogares subieron un 4,4%, pero los referidos a empresas cayeron un 30,5%, a pesar de la grave situación económica que está causando la crisis del coronavirus en el sector productivo. Sin embargo, este descenso no significa que las compañías provinciales no estén encontrando serias dificultades a la hora de afrontar pagos. Más bien, la bajada se entiende por el «efecto ERTE», que está permitiendo mantener el empleo, reduciendo los costes empresariales. Además de que las firmas que han solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no pueden pedir la situación concursal.
Con la medida de las suspensiones temporales de empleo se persigue que las mercantiles puedan controlar los gastos en un escenario de desplome de la facturación por el descenso del consumo y coger oxígeno «de cara a la ansiada recuperación» de esta crisis, explica Antonio Rodríguez, responsable de la comisión de la mediación concursal del Colegio de Economistas de Alicante y vicesecretario de la entidad.
Entre los dos primeros trimestres del año han sido 116 mercantiles y 94 personas físicas o familias alicantinas las que se han declarado insolventes, frente a las 167 y 90, respectivamente, del mismo periodo del 2019, según las estadísticas publicadas del Poder Judicial.
No obstante, la tendencia negativa se ha mantenido en los meses siguientes, a tenor de los datos de la consultora Informa D&B, que reflejan que en septiembre, solo ocho compañías alicantinas presentaron un proceso de insolvencia, mientras que en el mismo mes del pasado año fueron 14. De momento, la segunda prórroga de los ERTE expira el 31 de enero de 2021. Aun así, los expertos prevén un aumento de los concursos a partir de final de año y, sobre todo, en el primer trimestre del próximo. «La percepción es que de cara al segundo semestre, el número de situaciones concursales se va a multiplicar por dos», pronostica el economista Antonio Rodríguez.
Crece la incertidumbre
El impacto negativo más inmediato que está causando la crisis del coronavirus en el ámbito empresarial y laboral alicantino lo vienen reflejando indicadores económicos, como el aumento del paro, que registra una tasa del 18,4%; cierres obligatorios de locales para frenar los rebrotes del virus; la caída de la actividad, especialmente en el sector turístico, o el descenso del 28% del PIB en el segundo trimestre, según alertó recientemente la Cámara de Comercio de Alicante. Estas han sido, hasta ahora, las consecuencias más inmediatas, pero la incertidumbre sobre el impacto en el futuro de esta crisis sin precedentes mantiene en vilo y sumidos en una gran preocupación a los sectores productivos. La puesta en marcha de los ERTE ha sido una prioridad y una medida necesaria para poder mantener el empleo y las empresas, según han coincidido el Gobierno y los agentes sociales. Pero los empresarios vienen insistiendo últimamente en que las ayudas están resultando «insuficientes», según Perfecto Palacio, presidente de la patronal CEV en Alicante.
Las moratorias
El dirigente empresarial advierte, además, de que la situación económica no ha mejorado; que ya se ha entrado en la segunda ola del coronavirus, con un fuerte desplome del consumo; «y, ahora, entre octubre y noviembre expiran las moratorias que se concedieron a las empresas para los pagos a la Seguridad Social y del IRPF. Pero muchas compañías siguen con los ingresos a cero». Palacio echa en falta ayudas directas a la empresa. «¿Por qué sí se apoyó en su día a los bancos y a la siderurgia o a la industria naval y, ahora, no se ayuda al turismo?» Esta es la pregunta que lanzan los empresarios al Gobierno, incidiendo en la importancia económica que tiene este sector en España y, especialmente, en la provincia de Alicante. Palacio alerta, igualmente, de que esta actividad ya ha perdido más de 15.000 millones en la Comunidad por la falta de turistas extranjeros y reitera que es un sector «transversal en Alicante. Y si se desploma el turismo, perjudica a muchos otros sectores».
Precisamente, la mayoría de empresas que ha recurrido a los ERTE opera en la actividad de los servicios (comercio, hostelería ,hoteles...). Negocios que, junto a la industria manufacturera, son los que más procesos concursales han presentado en los juzgados debido a la caída del consumo, según detalla el vicesecretario del Colegio de Economistas. Asfixia económica de los hogares
Ahora, lo que también evidencian las estadísticas del Poder Judicial sobre Procedimiento Concursal es que la crisis del covid está agravando la situación económica de los hogares y de los autónomos. En el primer semestre de 2019 fueron 94 personas físicas las que se declararon insolventes. Hasta junio de este año, han sido 94. Son solo cuatro más, pero suponen una subida del 4,4%. Además, es una cifra que se acerca mucho a las 116 empresas que también han acudido al concurso. Según los expertos, los procesos firmados por personas físicas o familias están registrando una tendencia al alza.
Antonio Rodríguez incide en que no son solo hogares los que se incluyen dentro del epígrafe «personas naturales» o «personas físicas», sino también autónomos o particulares que han avalado a un tercero en una operación de préstamo y ante el impago de este se han visto perjudicados. «Tanto para las familias como para los afectados por derivaciones de deuda la Ley de Segunda Oportunidad es la única opción».
