Operaciones con un elevado riesgo para la caja cuyos órganos, aunque las aprobaban, desconocían realmente porque la falta de información por parte de los socios con los que la entidad se había embarcado en la aventura empresarial americana era palmaria. Una operativa que obligó al Fondo de Garantía de Depósitos a inyectar 28 millones más para tapar el ya voluminoso agujero negro de la CAM: 5.249 millones para sanearla y poder adjudicarla al Sabadell y casi la misma cantidad hasta el pasado diciembre en el marco de la EPA con la que el banco catalán se cubre las espaldas de posibles pérdidas derivadas de la gestión de la entidad.
«Pedíamos las cuentas reales de los hoteles y las del grupo Valfensal pero nunca se nos facilitaron»
Con esta crudeza describió ayer el inspector del Banco de España José María Ruiz ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a dos exdirectivos de la CAM por administración desleal la situación con la que se encontró cuando, allá por 2008, le encargaron un informe de la caja ante las sospechas de que algo podía no estar yendo bien.
El perito explicó que se estaba refinanciando Valfensal, la sociedad con la que la CAM a través de TIP (30%) se asoció con Juan Ferri y José Baldó (70%) para montar hoteles en el Caribe, «cuando tenía pérdidas continuadas» y que, pese a ello, la mercantil «nunca pidió que los hoteles ingresaran dividendos».
Fue el temor a que la caja no pudiera recuperar lo que había prestado lo que llevó a que se tuvieran que provisionar esos 28 millones, «lo que le supuso un perjuicio al Fondo de Garantía de Depósitos», que reclama esa cantidad. «El Fondo fue el bombero que tuvo que acudir para que no se propagara el fuego a los edificios colindantes. Si no se hubiera intervenido, desconozco el alcance de la catástrofe porque la gente habría empezado a retirar el dinero de todos los bancos por contagio con un riesgo alto de quiebra del sistema financiero», dijo el perito.
«El Fondo acudió a apagar el fuego. Si no se hubiera intervenido, no sé a qué catástrofe habríamos llegado»
Entre las irregularidades que reflejó en su informe y que ayer ratificó en sala citó la «concesión de carencias para la devolución del capital prestado a Valfensal sin justificación alguna» o financiación para un proyecto concreto que después se destinaba a otro. «Las entidades de créditos no son sociedades de capital riesgo y aquí se supeditaba el interés de la caja al de los socios. Un ejemplo de mala práctica bancaria», apostilló.
En su opinión, «la CAM nunca tenía que haber montado negocios a través de TIP porque no se puede financiar sin saber lo que se financia. Un tercio de la primera aportación del Fondo, 1.011 millones, fueron para sanear pérdidas de estas inversiones, que los hechos han confirmado que fueron una auténtico desastre».
«Un tercio (1.011 millones) de lo que tuvo que aportar el Fondo para sanear la caja corresponde a las inversiones en las que se metió con TIP»
A preguntas de las acusaciones, el inspector añadió que él no vio ningún control de estas operaciones y que órganos de la caja como la comisión de riesgos o el consejo de administración «aprobaban lo que les llegaba y como les llegaba sin debatir ni cuestionar nada».
Sobre la «gestión personalista» de estas inversiones por parte de los exdirectivos acusados, Roberto López Abad y Daniel Gil, el inspector del Banco de España señaló que era «una apreciación subjetiva basada en hechos reales».
Los peritos de López Abad y Daniel Gil: «Una cosa es la provisión de fondos y otra, el daño económico»
Diametralmente opuesta a la del inspector del Banco de España José María Ruiz es la visión de los negocios de la CAM en el Caribe que ofrecieron ayer al tribunal los tres peritos de las defensas de los exdirectivos de la caja Roberto López y Daniel Gil.
«Hacia 2014 Valfensal había pagado entre 25 y 30 millones en intereses»
El economista y auditor de cuentas Luis Caruana, inicialmente contratado por los socios de la CAM en Valfensal, Juan Ferri y José Baldó, quienes no están sentados en el banquillo tras admitir los hechos a cambio de no ingresar en prisión, explicó a preguntas de la defensa de Gil, el abogado de Garrigues Pablo de la Vega, que «nunca hubo ningún problema para que Valfensal devolviera sus préstamos», que «hacia 2014 había pagado entre 25 y 30 millones en intereses» y que «si no estaban reintegrando capital era porque tenían una carencia», pero que, en cualquier caso, «había garantías hipotecarias con los propios hoteles en caso de impago».
«Si se hubieran repartido beneficios, la sociedad habría perdido valor patrimonial»
Tanto Caruana como los otros dos peritos, los economistas Juan Carlos Torres y Joaquín Torres, insistieron en «una cosa es el daño económico y otra, la provisión de fondos», en relación a los 28 millones que el Fondo de Garantía tuvo que provisionar por el riesgo de estas operaciones y que ahora quiere recuperar. «Cuando el riesgo desaparece, se da de baja la provisión», dijo Caruana, que no supo concretar, a preguntas de la fiscal, qué ocurrió con ese dinero.
Lo que sí quedó claro es que todos los beneficios de los hoteles fueron a parar a Jacksonport, una sociedad de Valfensal radicada en suelo antillano. Eso y que, en opinión de los peritos, fue mejor que no se repartieran dividendos porque le hubiera restado valor patrimonial a Valfensal.
