Ninguna duda de la responsablidad de los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil en el incremento en 28 millones de la aportación que el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que hacer a la caja para sanearla tiene ni la Fiscalía Anticorrupción ni el abogado de ese organismo, Carlos Gómez-Jara, acusadores ambos en el proceso que se ha estado juzgando en la Audiencia Nacional por los negocios de la caja en el Caribe.

En previsión de que las defensas se lo sacaran a colación, como así ocurrió, la fiscal comenzó su informe explicando el motivo por el pidió el sobreseimiento de la causa cuando en 2016 se hizo cargo de la misma tras la marcha del compañero que la había llevado desde su inicio en 2012. «Entendí que el único perjudicado era el Sabadell, que no reclamaba, nada, sin percatarme de una sentencia del Supremo que considera al Fondo perjudicado por el dinero que tuvo que inyectar a la caja para poderla adjudicar saneada», aclaró.

Dicho esto, la representante de Anticorrupción precisó que acusaba a los exdirectivos de administración desleal, y no también de apropiación indebida, «porque no ha quedado acreditado que haya habido un enriquecimiento ilícito». Y agregó que las operaciones por las que ambos estaban sentados en el banquillo, los proyectos hoteleros que pusieron en marcha en México y la República Dominicana a través de una sociedad con los empresarios Juan Ferri y José Baldó, «beneficiaron a los empresarios frente a la caja, a la que dañó». Unas operaciones «que no se tenían que haber concedido y que obligaron al Fondo a hacer una provisión no reversible».

La fiscal censuró a López Abad por decir que todo el operativo era correcto «cuando no se ha aportado ninguna documentación que lo corrobore» y citó correos «que prueban que Gil participaba en estas decisiones aunque estuviera jubilado».

Gómez-Jara aludió a la relación personal entre los exdirectivos y los empresarios y sostuvo que las operaciones primero se decidían desde la cúpula de la caja y luego se pasaban a los órganos de gestión de la entidad, «que eran una mera comparsa».

En su alegato, el representante del Fondo achacó el agujero que su cliente tuvo que tapar «no al impago de los préstamos sino a la opacidad de Valfensal», que desviaba los beneficios de los hoteles a una sociedad radicada en un paraíso fiscal antillano. «Una sociedad que si se ponía en transparencia podía suponer la cárcel para sus titulares, según recoge uno de los correos enviados por uno de los empresarios a los entonces directivos», recordó. No se olvidó el letrado precisar que los 21 millones que desde esa mercantil fueron a parar a cuentas en Andorra de Ferri y Baldó «no obedecían a contraprestación alguna».