¿Cómo se puede responsabilizar a sus clientes de la toma de decisiones que correspondían a los órganos de la CAM y no a ellos? ¿Por qué a lo largo de todo el proceso ni tan siquiera se ha interrogado a los miembros del consejo de administración? ¿Alguien cuestiona que los hoteles existen? Y lo más importante, ¿dónde está el documento que acredita que el Fondo de Garantía de Depósitos provisionó los 28 millones que reclama? Estas son algunas de las preguntas que durante sus informes finales lanzaron ayer las defensas de los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando los negocios de la entidad en el Caribe.

El letrado de López Abad, Eliseu Frígols, pidió a la sala que «distinga entre los hechos contrastados y las conclusiones a las que han llegado los investigadores de la UCO», insistió que las decisiones en materia de créditos las tomaba la comisión de Riesgos y el consejo de administración y reiteró que Valfensal, la mercantil con la que se acometieron los negocios en sociedad con los empresarios Juan Ferri y José Baldó, «nunca se consideró dudosa (...) además de que no existe ninguna relación entre los préstamos que se le concedieron y la intervención del Fondo, que lo hizo por la crisis bancaria y no por los negocios del Caribe», precisó.

Para el letrado Pablo de la Vega, defensa de Daniel Gil, «no se puede hablar de perjuicio» cuando el Sabadell, tras quedarse con la CAM, «mantiene la carencia de los préstamos a Valfensal hasta 2014 y la explotación hasta 2024 para acabar vendiendo su parte a los hoteleros por 24 millones».

El abogado de Garrigues aseguró que solo hay un correo entre su cliente y los empresarios y justificó que no se repartieran dividendos de las explotaciones hoteleras porque «era una protección para evitar el riesgo de impagos. Desde 2007 los préstamos estaban garantizados», concretó.

De la Vega, quien a igual que Frígols planteó la atenuante de dilaciones indebidas en caso de condena para un proceso que comenzó a instruirse en 2012, pidió a la sala que no tenga el cuenta el reconocimiento de los hechos firmados por los empresarios en lo que afecta a su cliente «cuando no han querido estar aquí para responder a mis preguntas», dijo en alusión a Ferri y Baldó. «El pacto formó parte de una negociación por los delitos fiscales, pagaron su parte dejando a Caser frente a 15 millones que después reclamaría a mis clientes, lo que sería su ruina», precisó.

Miguel Sánchez Calero, abogado de Caser, la aseguradora con la que la caja tenía una cláusula de responsabilidad civil para sus directivos, defendió la inexistencia de delito alguno y agregó: «Ojalá todos los clientes de la CAM hubieran tenido la misma conducta que Valfensal». El letrado agregó que la entidad «solo acompañó a unos hoteleros de éxito al Caribe» y que «los hoteles era una máquina de ganar dinero».