Una gestión donde la fiscalización brillaba por su ausencia, máxime cuando se tenía que ejercer con un océano de por medio, donde los órganos de control de la CAM eran meros títeres en manos de la cúpula directiva y en la que los beneficios que reportaban los negocios que la caja montó con sus socios hoteleros en el Caribe se enviaban a una sociedad en un paraíso fiscal para hacerlos opacos a Hacienda y de los que la caja no vio un euro. Un juicio que ayer quedó visto para sentencia después de seis sesiones y en el que los exdirectivos acusados, Roberto López Abad y Daniel Gil, se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión cada uno y a resarcir al Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en este proceso, en 15.471.608 euros de forma directa y solidaria por el perjuicio que su actuación pudo ocasionar al organismo que saneó la caja antes de ser adjudicada al Sabadell.
Junto a ellos, aunque únicamente pisaron la sala de vistas el primer día de juicio y ayer asistieron al último por videoconferencia, están encausados los empresarios Juan Ferri y José Baldó, sus socios en Valfensal, la mercantil con la que acometieron los negocios en México y la República Dominicana. Los hoteleros llegaron a un acuerdo con las acusaciones por el que admitieron los hechos y pagaron casi 30 millones a cambio de reducir a dos años los 22 que inicialmente pedía la Fiscalía y dejar en tres los seis delitos fiscales de los que se les acusaba. Ayer, el abogado de los empresarios Miguel Quintero solicitó a la sala la suspensión de la pena o su conmutación por una multa, lo que se decidirá en sentencia.
Los agentes de la UCO que por orden del entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez investigaron la operativa calificaron de «personalista» la gestión de López Abad y Gil en relación a Valfensal, de la que la información financiera que se remitía llegaba «tarde e incompleta» y cuyos beneficios, que los tenía, se desviaban a Jacksonport, una sociedad radicada en un paraíso fiscal antillano.
Los investigadores precisaron que los dos exejecutivos acusados llevaban el trato directo con los hoteleros, que de los 194 millones de préstamos que la CAM concedió a Valfensal ocho años después aún quedaban 184 por devolver y que cuando la comisión de Riesgos puso objeciones para conceder una carencia de cinco de años, desde la cúpula se indicó que se diera el visto bueno «por motivos estratégicos».Ganancias escondidas
A preguntas de la fiscal, los agentes indicaron que el objetivo de los socios de Valfensal «era no pagar impuestos» y que por eso «se escondían» las ganancias hasta el punto de que cargos intermedios de la caja se extrañaban de que no se repartieran dividendos pese a los 17 millones invertidos. Eso además, según relataron, de que no se controlaban obras que se financiaban, de que había otras que se engordaba el presupuesto hasta en tres millones y compraventa de parcelas sin referencias que comenzaba por cinco millones y se acababa pagando catorce. Un descontrol al que se comenzó a poner coto hacia 2006 con la reunificación de unos préstamos que en realidad funcionaban como una línea de crédito.
Cuestionados por el abogado del Fondo, Carlos Gómez-Jara, los agentes describieron el desvío de 21 millones desde la sociedad antillana donde se «remansaban» los beneficios de los hoteles a cuentas de Ferri y Baldó en Andorra «queriendo hacer legal esta detracción con un contrato de comercialización de los hoteles con una sociedad fantasma».
En cuanto al patrimonio de López Abad y de Gil así como el de sus familias, investigados por la UCO, los agentes aseveraron que no detectó ningún incremento ajeno al procedente de su actividad laboral.
