La Comunidad Valencia ha sido una de las regiones con una mayor caída del PIB en el segundo trimestre de 2020: un -25%, frente al -22% de la media española. Esta caída viene principalmente condicionada por el elevado peso del sector turístico y de la hostelería en nuestra zona. Por lo tanto, es imprescindible extraer la actividad económica del colapso en el que se encuentra.
La construcción aporta un 10% del PIB, lo que la sitúa como el sector que mayor actividad económica inducida genera.
Es momento de tomar decisiones efectivas encaminadas a reactivar nuestra economía y para ello, tal y como señala el FMI, la inversión pública, primordialmente en obra pública, tiene un papel central que desempeñar en la creación a corto plazo de millones de puestos de trabajo tanto directos como indirectos durante un período más largo.
La construcción es un sector que precisa de una elevada participación de mano de obra en su actividad, y por ello posee una gran capacidad de generar puestos de trabajo tanto en las obras como en los sectores industriales auxiliares. Además, goza de un notable efecto multiplicador en su acción que beneficia a innumerables sectores de la industria y los servicios, suponiendo igualmente una importante contribución a las arcas del Estado.
La construcción como factor generador de empleo debe ir de la mano de la implicación por parte de todas las Administraciones, y para ello debe darse un importante incremento en la inversión y, por ende, de la licitación pública. El problema es que el escenario actual dista mucho de lo que sería deseable, ya que la licitación de obra pública sigue arrojando datos muy negativos, cerrándose el pasado mes de agosto con una caída del 30,7% en la tasa interanual, según datos de la patronal SEOPAN. Este deseable crecimiento de la licitación debe acompañarse de la voluntad efectiva en reducir las trabas administrativas a todos los niveles de las administraciones públicas, especialmente aquellas relacionadas con la concesión de licencias de actividad y de obra.
En lo que nos afecta directamente como Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante, no podemos dejar de reclamar con insistencia la agilización de proyectos como el Plan Edificant promovido por la Conselleria de Educación, el Plan de Infraestructuras aprobado por la Diputación de Alicante -que debe ser licitado tanto por ayuntamientos como por la propia Diputación-, y el Plan de Infraestructuras Judiciales sobre el que esperamos inicie su andadura en breve. Todos ellos vitales para la supervivencia del sector e indispensables para la generación de actividad económica en la provincia.
Esta crisis afecta a toda la Unión Europea, y, por ello, y para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus e iniciar la recuperación europea y preservar y crear empleo, se han propuesto una serie de medidas de recuperación que estarán impulsadas por Next Generation EU, el nuevo instrumento europeo temporal de recuperación que presenta una capacidad financiera de 750.000 millones de euros.
El Gobierno de España anunció hace unos días, en la presentación de su Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía Española, que está dispuesto a servirse de las ayudas europeas para relanzar la maltrecha inversión pública de España como remedio para sacar al país de la crisis originada por el covid; por eso, no es momento de quedarse en las meras teorías, sino de comenzar a trabajar para hacer de ello una realidad y convertir al sector de la construcción en el auténtico motor de la creación de empleo.
El objetivo prioritario debe basarse en unir todos los esfuerzos para lograr una recuperación sostenible y robusta: es preciso fortalecer el mercado interno, tratar de generar condiciones favorables para la inversión mediante una política económica verosímil y concederle su espacio a la iniciativa privada. Es vital que las administraciones establezcan mensajes de certidumbre para conseguir incrementar las cotas de financiación tanto privada como pública a fin de elevar los niveles de inversión y con ello un crecimiento real y significativo.
Estamos viviendo un momento a nivel mundial que conduce a una situación económica sin precedentes, con tasas históricas de disminución del PIB en los países, empresas en bancarrota, desempleo, pobreza y falta de vivienda. Según el FMI, 170 de 190 países en el mundo tendrán un crecimiento negativo en 2020.
Este desastre económico parece estar dando pie a algunos Gobiernos para aplicar una dosis más elevada de política keynesiana, es decir, más controles y gasto público financiados con inyecciones de liquidez, impuestos y deuda pública.
John Maynard Keynes fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX que estudió la propensión marginal al consumo y su efecto en la economía. Esta variable es la medida de cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se eleva en una unidad monetaria su renta disponible. Si es alta, quiere decir que la persona está dispuesta a gastar la mayoría de lo que ha crecido su renta, y, si es baja, significa que prefiere ahorrarlo. Esto dependerá de las expectativas que tenga la persona respecto al futuro y, por supuesto, del nivel de renta de la persona.
Seamos partícipes o detractores de estas teorías, según Keynes, en tiempos de crisis como el que nos ocupa, el gasto público causa un efecto multiplicador en los niveles de inversión, producción, empleo e ingresos, de tal manera que incluso tendería a reducir el déficit fiscal. Keynes llegó al absurdo al declarar que «la construcción de pirámides, los terremotos, incluso las guerras (y las pandemias) pueden servir para aumentar la riqueza», señalando que la inversión y la riqueza pueden aumentar sin ahorros voluntarios previos. En cambio, considera que el ahorro es perjudicial para el progreso de los países, ya que induce al subconsumo de los agentes económicos.
Desde FOPA estamos convencidos de que se puede frenar esta debacle, aunque solo si las administraciones, al mismo tiempo que mantienen su lucha frente al virus, comienzan a aplicar políticas efectivas de inversión que vuelvan a generar certidumbre y estabilidad en nuestra provincia, nuestra comunidad y nuestro país.
