Los antiguos dueños acuden al juzgado para anular la venta del Grupo Amaro

En concreto, los herederos del fundador, Amaro González, denuncian que no han cobrado ni un solo euro, después de que Acadia Capital ejecutase los avales sobre el pago inicial que había realizado, al considerar que el precio real de la firma era negativo, una vez revisadas sus cuentas mediante una «due diligence». Además de rechazar esa valoración, que consideran de parte, los anteriores propietarios sostienen que, en todo caso, el fondo debería haber devuelto las acciones en el momento de ejecutar el aval y recuperar su dinero, algo que no ha ocurrido.

«El golpe psicológico para la familia ha sido muy grande, estamos hablando del trabajo de tres generaciones. Nos sentimos como si tuviéramos un okupa en casa», asegura Amaro Noland, que desempeñó el cargo de consejero delegado de la firma familiar hasta el año 2015 y que es también uno de los 16 herederos que suscribe la demanda de nulidad. El proceso ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia Número 96 de Madrid, que ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, una decisión que éstos han recurrido ante la Audiencia Provincial.

El problema es que la operación de venta se firmó sin que hubiera acabado la «due diligence», el proceso de examen de un negocio que suele desempeñar un experto antes de este tipo de operaciones. Por eso en el contrato se estableció un precio inicial, que rondaba los 6,5 millones de euros, que debía ajustarse más tarde en función de este examen y de otros parámetros, como el resultado de la venta de los dos barcos pesqueros que conservaba la firma. La familia propietaria confiaba en que este proceso elevara el precio final. Sin embargo, tras la revisión, Acadia Capital estimó que el valor de la compañía, según los parámetros acordados, era negativo, por lo que ejecutó los avales y recuperó el pago inicial que había realizado.

El contrato establecía la posibilidad de recurrir a un mediador en caso de desacuerdo sobre el precio final, pero los herederos denuncian que el fondo ejecutó los avales antes de iniciar esta vía, por lo que, a su juicio, se anuló la operación y Acadia debería haber devuelto las acciones y el control de la compañía.

El responsable del fondo, Luis Miguel Romero, por su parte, ciñe el conflicto a un desacuerdo por el precio, «en el que la familia se ha salido del procedimiento acordado en el contrato de compraventa, incumpliendo sus términos e impidiendo el cumplimiento de éste». Al respecto, el ejecutivo añade que, «por nuestra parte, siempre hemos dado cumplimiento del contrato firmado y estamos a la espera de los siguientes pasos a cumplir».