Competir en un mercado globalizado con un producto distinguido por su calidad diferenciada puede ayudar a decantar la balanza de preferencias de un consumidor. Apelar al origen geográfico de un cultivo hortofrutícola, a las materias primas utilizadas para destilar un buen vino o al procedimiento de elaboración de un dulce amasado por la tradición supone con frecuencia un valor añadido que puede mejorar el posicionamiento frente a firmas rivales. Ocurre con el turrón de Jijona, con las granadas de Elche o con la uva embolsada del Vinalopó, pero hay más. La provincia cuenta con una decena de alimentos y bebidas amparados por Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegidas (IGP), distintivos que certifican sus características peculiares y específicas, y contribuyen a custodiar la riqueza gastronómica más singular del territorio alicantino. Son reconocimientos reglados por normativa europea que suponen una garantía para los consumidores y que, a su vez, conllevan una serie de obligaciones para los productores, que deben ajustarse a estrictos protocolos para poder operar con los anagramas que los identifican frente al resto y abonar una serie de tasas para sostener y promocionar la marca ligada al lugar de procedencia.
Los productos custodiados por los regímenes de calidad de la Unión Europea incluyen generalmente dos anagramas impresos y una numeración específica que avala su trazabilidad. Uno de los sellos identificativos está armonizado en todo el mercado común y sirve para facilitar su filiación como un alimento, vino o bebida vinculada a un origen geográfico y al saber hacer tradicional. El otro sello es el propio, el que define su reputación sobresaliente y garantiza las cualidades que lo diferencian del resto. Es un emblema controlado por un Consejo Regulador en cada sector, el organismo que actúa como garante de la calidad del producto y quien fija los requisitos que debe seguir toda la cadena de producción, desde la obtención de la materia prima hasta su envasado, e impulsa campañas promocionales. El nombre de la DOP o la IGP queda, pues, registrado como una marca y nadie más lo puede utilizar.
El secretario general de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Federico Moncunill, destaca que una DOP o una IGP «no se pueden crear, sino que preexisten, y tienen que tener una historia y una reputación». Señala que una de las ventajas de la obtención de estos distintivos es que «la población que está en ese territorio puede trabajar en una economía sostenible que nunca se va a poder deslocalizar, ya que se debe producir en el territorio que da nombre a la denominación de origen». Así ocurre con la IGP Jijona y Turrón de Alicante, cuyo pliego de condiciones establece que toda la producción se debe centralizar en el municipio jijonenco y fija incluso el porcentaje de almendras que debe incluir el producto para ser considerado de calidad extra o suprema.
El turrón fue el primer alimento que obtuvo este reconocimiento en España, en concreto en 1939, y solo los productores que cumplen las condiciones establecidas y están certificados por el Consejo Regulador pueden utilizar referencias a Alicante o Jijona en las tabletas. Es algo prohibido para el resto. Se trata de un condicionante que para productores no asociados podría suponer quizá un agravio. Pueden producir el dulce en la provincia con fidelidad a las recetas tradicionales, pero no venderlo como alicantino. A ese respecto Moncunill, que es también secretario general de la IGP Jijona y Turrón de Alicante, defiende que son posiciones minoritarias. «Creo que todo el mundo quiere poder poner que su queso es manchego, que su jamón es de jabugo o que su turrón es de Alicante», asevera.
Son los productores del sector los que abonan las cuotas que ayudan a sostener las actividades de promoción y los protocolos de control ligados a las certificaciones. Lo hacen pagando tasas que, en el caso del turrón, supone tres céntimos por tableta comercializada. En total, son 20 millones de pastillas de turrón las que cada año se producen con denominación de Jijona y Alicante, aunque las empresas de la zona producen 50 millones más que se venden al margen del distintivo. Se trata de una actividad que genera 1.500 puestos de trabajo directos.
Marca registrada
Desde 2016, sólo los productores certificados por la DOP Granada Mollar de Elche pueden utilizar las referencias a esa ciudad para publicitar o distinguir las ventas de ese fruto. Nadie más. Es una marca registrada como parte del sistema de derechos de propiedad intelectual de la UE y como tal está jurídicamente protegida. Además, el Consejo Regulador ha determinado que sólo los frutos de primera categoría pueden ponerse en el mercado amparados por ese certificado de calidad. El resto de producción no puede venderse ni como granada mollar ni acompañada de referencias a su procedencia. «Antiguamente, incluso con la granada de segunda categoría aparecía la marca granada mollar de Elche y ahora sólo se pueden incluir las que tengan una calidad extraordinaria para el cliente», explica el presidente de la DOP, Francisco Oliva.
Son dos técnicos del Consejo Regulador quienes realizan inspecciones periódicas tanto a las fincas de cultivo como a las empresas envasadoras y comercializadoras para vigilar que se cumplen todas las condiciones ligadas a la DOP. Todo lote que salga al mercado debe llevar una etiqueta numérica que identifica su procedencia e impide que se produzcan fraudes. Por ejemplo, incluir solamente los emblemas de la denominación de origen sin la citada numeración o utilizar como reclamo material promocional sin estar certificados.
La DOP Granada Mollar de Elche ampara a 40 municipios de las comarcas alicantinas del Baix Vinalopó, l'Alacantí y la Vega Baja, que suman cerca de 3.000 hectáreas y cada campaña se recolectan 50.000 toneladas, de las que el 60% se destina a la exportación. «Si la granada no estuviera protegida, sería una granada más. Hay más de 500 variedades en el mercado y sólo esta tiene ese distintivo. Por fuera puede que no sea tan bonita como otras, como le ocurre al plátano de Canarias, pero por dentro es la mejor del mercado», defiende Oliva. Para el presidente, la consecución del sello DO ha traído consigo muchos beneficios, empezando por el descuento anual en los seguros agrarios y posibilitando que toda la producción que se cosecha con este sello de calidad «tenga garantizada la venta».
Certificadores de producto
En el sector de la vitivinicultura de la provincia son 12.000 hectáreas de viñedos, 2.200 viticultores y más de 40 bodegas las que están certificadas por la DOP Vinos de Alicante. Su Consejo Regulador supervisó la pasada temporada la producción y comercialización de 11 millones de botellas registradas con el distintivo de calidad y realizó inspecciones y auditorías para controlar tanto los viñedos como las empresas que realizan el proceso de almacenamiento, envejecimiento y embotelladores. Los agricultores pagan una tasa por cada hectárea de producción de racimos y los embotelladores un céntimo por botella. El gerente del Consejo, Eladio Martín, subraya que la ventaja fundamental que se ofrece a un consumidor que adquiera vinos amparados por la DOP es que la entidad «trabaja como certificadora de producto y posibilita que la información que figura en los etiquetados sea veraz», con relación al origen, variedad o referencias a la elaboración. «El vino siempre ha sido un producto que se ha intentado falsificar y las DOP colaboran a la autenticidad», apostilla.
El pliego de condiciones que regula la elaboración y venta de caldos alicantinos con denominación de origen exige una trazabilidad absoluta de todos los eslabones de la cadena de producción. Ese sistema de control permite saber en qué botella de vino ha acabado cada uno de los kilos de uva cultivada. Y es esa rigurosa trazabilidad la que, en alguna ocasión, ha motivado que el Consejo bloquee lotes producidos por empresas certificadas. Martín señala que no suelen registrarse incumplimientos, pero, cuando los hay, suelen tener que ver con errores con la identificación del origen y las diferentes etapas del proceso de producción. Señala algunos ejemplos: que la bodega no haya registrado la procedencia de la uva empleada, no reseñar en qué barrica se ha almacenado un determinado caldo o utilizar variedades que no están autorizadas. «Cuando se produce alguna incidencia que no es grave, se fija un plazo para solucionarla y, si comprobamos que ha habido corrección, se mantiene la certificación», señala a este diario.
En el caso de la Uva de Mesa Embolsada Vinalopó, los productores abonan una tasa de 1,50 euros por cada tonelada para sostener las medidas de control y las campañas promocionales impulsadas por el Consejo que preside Pepe Bernabeu. Los inspectores certifican que los racimos que van a entrar en el circuito comercial forman parte de alguna de las siete variedades amparadas por la DOP y que el producto está un mínimo de 60 días embolsado. «No se dan fraudes llamativos, aunque a veces sí hemos detectado que se hacen pequeños trucos como poner en el sitio de venta carteles promocionales de la DOP, que se reparten de forma gratuita, pero los productos carecen de etiqueta numerada», indica Bernabeu. En la última campaña se han comercializado unos 40 millones de kilos con denominación de origen, de los cuales cerca del 40% se dedican a la exportación, detalla el presidente.
Inspecciones aleatorias
También Hilario Calabuig, presidente del Consejo Regulador de la IGP Cerezas de la Montaña de Alicante, confirma que en alguna ocasión se ha detectado a algún comercializador que, sin estar certificado, emplea referencias al nombre de la provincia para posicionar mejor la producción, algo que está reservado exclusivamente a los que mantienen el sello de calidad. Calidad que, según subraya, se mantiene con inspecciones aleatorias «cuando la cereza está en el árbol y cuando se prepara en el almacén». El volumen de producción de este fruto varía mucho en función de la climatología y oscila desde los 700.000 kilos hasta los dos millones, de los cuales se exportan entre el 50% y el 70%.
Los nísperos de Callosa d'en Sarrià son otro de los productos hortofrutícolas amparados por una DOP reconocida desde el año 1982. Cuenta con una producción certificada que ronda los seis millones de kilos anuales que se cultivan en 650 hectáreas y que, en un 70%, se exportan. En este caso, la gran mayoría de agricultores están agrupados en torno a una cooperativa, un peculiaridad que facilita las labores de control e inspección así como el pago de tasas, según explica el presidente del Consejo Regulador, Wenceslao Ferrando. Uno de los cometidos de la entidad es vigilar que toda la fruta que se vaya a vender de forma certificada «sea de calidad extra o calidad primera», dice el presidente. «No amparamos categoría segunda. Si un operador tiene la manga un poco más ancha en su clasificación e intenta colar frutos de un calibre inferior, la partida o lote no se certifica y no se ponen las contraetiquetas numeradas», añade.
