Un informe de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó sobre el aumento de los costes advierte de que el pago de los cien millones de euros que reclama el Ministerio para la Transición Ecológica para reabrir el trasvase -planteamiento actual- provocaría un descenso del 14,6% en la producción agraria y de un 13,4% del empleo. Los regantes plantean ahora al Ministerio la incorporación de la energía fotovoltaica. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena, con una inversión de 62 millones de euros en paneles para aprovechar la energía del sol (el retorno se calcula en 10 años), sería posible reducir los costes de explotación en 0,17 euros/m3, sobre un caudal anual de 35 hm3. El proyecto contempla incorporar también la desaladora de Mutxamel, que se abastecería de energía solar.
La Junta central de Usuarios del Vinalopó, l’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, durante la fase de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes del Futuro Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la alternativa de la integración de energía solar fotovoltaica en la conducción Júcar -Vinalopó.
Con más de 500 páginas contenidas en el documento presentado, si bien las observaciones presentadas resultan más amplias, y referentes a otros aspectos de la Planificación Hidrológica, destaca esta propuesta, al resultar determinante, según los regantes, para poder recuperar una infraestructura vital para el restablecimiento de los acuíferos del Vinalopó -Alacantí, y la sostenibilidad futura del territorio.
El principal frente de oposición a la actual configuración de la transferencia siempre ha sido el elevado coste de explotación posterior del trasvase que, dependiendo del acuífero, duplica o triplica el coste actual de extracción, inasumible para la agricultura de la zona.
El estudio reitera que el esquema actual del reparto del agua ocasionaría que el «el impacto económico previsto para la zona es de una caída del 14,6% en la producción agraria y del 13,4% en el empleo a, pero no se repartiría de manera homogénea, sino que sería especialmente grave en los regadíos de aguas subterráneas del Alto Vinalopó, Pinoso y Albatera. En menor medida afectaría a los regadíos del Alto y Medio Vinalopó, siendo más reducidos en l’Alacantí y los regadíos mixtos del Alto Vinalopó.
La situación del regadío en el Medio Vinalopó comienza a ser muy preocupante tras un arranque de otoño muy seco. El bimestre septiembre-octubre ha sido muy seco, lo cual ha tenido una consecuencia inmediata en la sequedad de los suelos, que a 28 de octubre estaban secos o muy secos. El porcentaje de humedad del suelo (agua disponible), respecto a la cantidad máxima total que un suelo puede retener en un volumen que alcanza la profundidad de las raíces, es inferior al 10% en más del 70% del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología.
UNA PROPUESTA AL GUSTO DE LA VICEPRESIDENTA TERESA RIBERA
El trasvase es una de las grandes asignaturas pendientes del Ejecutivo central en la provincia
La propuesta de los regantes comparte la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, de las comunidades autónomas y la UE. De la misma forma, podría resultar de interés, según la Junta Central de Usuarios, como proyecto a contemplar en las opciones de financiación derivadas de la reciente declaración de emergencia climática de la UE y las condiciones para el acceso a las ayudas promovidas por la UE como consecuencia del covid. «En definitiva, convertiría una infraestructura llena de vicisitudes en un ejemplo de infraestructura hidráulica sostenible y un ejemplo de gobernanza», apuntan desde la Junta Central.
La puesta en marcha de forma regular y con continuidad todos los años del trasvase Júcar-Vinalopó es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno central en materia hídrica con la provincia de Alicante, máxime después del unilateral cambio de toma del agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa (Cullera) en 2005. Una decisión que disparó el precio de agua al no ser útil el caudal para el consumo urbano. A partir de ahí, y con el peso del trasvase en los hombros de los agricultores, se han sido sucediendo las polémicas durante los últimos 15 años. La última, cuando hace tres años Acuamed se negó a poner en marcha el trasvase si los agricultores no se hacían cargo del sobrecoste de 100 millones de euros de un proyecto que ha costado hasta ahora 450 millones de euros.
