El Banco Sabadell contempla un máximo de 354 salidas en la provincia de Alicante, dentro del plan de ajuste que negocia con los sindicatos y que supondrá el recorte de 1.800 empleos en todo el país. De esta forma, Alicante sería la segunda demarcación más afectada por la reducción de personal, tan sólo por detrás de Barcelona, donde se contempla la supresión de hasta 634 puestos de trabajo, según la información facilitada a los representantes de la plantilla.
El Sabadell comunicó ayer a los sindicatos las salidas máximas que prevé en cada provincia, unos topes geográficos con los que se pretende evitar que haya zonas donde se marchen un gran número de trabajadores y otras donde nadie se apunte al plan, lo que obligaría posteriormente a realizar traslados de personal. Unos topes que, eso sí, han sido fijados en función de los recortes de sucursales y de los servicios corporativos que se quieren aplicar en cada zona.
En el caso de Alicante, el banco quiere suprimir hasta 203 puestos administrativos y otros 70 de comercial en la red de oficinas, mientras que prevé un máximo de 80 prejubilaciones y bajas incentivadas en sus centros corporativos y la dirección regional de la provincia.
Para facilitar el cumplimiento de estos ratios mediante voluntarios -ya que el banco insiste en que no aplicará medidas forzosas en este plan-, los negociadores de la entidad aceptaron rebajar de 57 a 56 años la edad mínima para acogerse a las prejubilaciones que se proponen. Una cifra que algunas centrales, como la federación Sicam-Aprobas quieren rebajar aún más, hasta los 55 años, precisamente para evitar que haya problemas para cumplir los cupos en aquellas zonas donde se prevén más salidas, como Alicante.
Por lo que respecta a las condiciones económicas, todas las centrales coincidieron en exigir que se suba el porcentaje del salario asignado anual que cobrarán los afectados hasta su jubilación definitiva. Así, si el Sabadell ofreció un 70%, CC OO -la central mayoritaria- y UGT reclaman que ese porcentaje se eleve hasta el 80% en consonancia con lo que se ha pagado en los últimos ERE acordados en el sector, mientras que Sicam-Aprobas reclama que la cifra sea del 85%, teniendo en cuenta que al no tramitarse como un ERE las retenciones de IRPF serán mayores.
Sin tope de dinero
Además, las tres centrales coinciden en exigir que se suprima el tope máximo de 240.000 euros por trabajador y también exigen que el convenio que debe sufragar las cuotas a la Seguridad Social de los afectados se prolongue más allá de los 63 años habituales. En concreto, CC OO y UGT reclama una cláusula de salvaguarda que cubra a los trabajadores en el caso de que cambie la legislación y se retrase la edad voluntaria de jubilación en España, que ahora se sitúa en los ya mencionados 63 años.
Por otra parte, los sindicatos también piden mejorar las condiciones de las bajas incentivadas, que el banco quiere limitar a un máximo de una anualidad. Los principales sindicatos reclaman que sean como mínimo dos anualidades, aunque tienen claro que el objetivo del banco es priorizar la prejubilaciones.
