El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevas medidas para reforzar la solvencia de las empresas, evitar una cascada de quiebras tras el 31 de diciembre y proteger de una posible compra hostil por parte de inversores extranjeros a las compañías de sectores estratégicos cuya valoración bursátil está desplomada por efecto de la pandemia.
Desde el mes de abril, las inversiones extranjeras procedentes de países extracomunitarios y destinadas a sectores estratégicos precisan de autorización del Gobierno. A partir de ahora y hasta el 30 de junio, esta especie de 'acción de oro' del Estado (autorización previa) también será preceptiva para las inversiones procedentes de la Unión Europea destinadas a empresas cotizadas de estos sectores, o a partir de 500 millones en la destinada a no cotizadas de estos mismos sectores. Para el caso de las inversiones de origen extracomunitario, el control previo se mantiene sine die.
Créditos del ICO
Las medidas están contenidas en el 'real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria' que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros que modifica las condiciones de los créditos bancarios avalados por el Estado a empresas, pymes y autónomos a través del ICO: el plazo máximo de vencimiento se extenderá en hasta tres años, a un máximo de ocho, y se añadirá un año adicional de carencia en los pagos, hasta los dos ejercicios.
Además se amplía hasta el 30 de junio de 2021 la posibilidad de solicitar nuevos créditos avalados por el ICO, a cargo de la nueva línea para financiar inversiones.
Para evitar una cascada de quiebras a partir del 1 de enero de empresas con dificultades transitorias vinculadas a la crisis sanitaria, se amplía hasta el 14 de marzo la suspensión de la obligación de declarar una suspensión de pagos o de instarla por parte de los acreedores.
